El juez reabre el caso por el crimen de Cappont de Lleida

El juez que instruye las diligencias por el asesinato de Isaac Martínez, ocurrido en noviembre de 2006 en el barrio leridano de Cappont, ha reabierto la causa por segunda vez para poder investigar una llamada anónima que podría aportar nuevas pistas sobre el arma utilizada en el crimen.

Isaac Martínez, de 29 años y con un hijo de seis meses, fue acribillado a tiros por un encapuchado cuando salía con el coche del garaje para dirigirse al trabajo. El presunto asesino efectuó seis disparos, tres desde la parte posterior del vehículo y otros tres a bocajarro desde la ventanilla del conductor. Según la investigación, el arma utilizada fue una pistola Glock 19, de calibre 9 milímetros parabellum, un modelo que suelen utilizar muchos agentes de los cuerpos de seguridad.

La reapertura del caso, que estaba archivado provisionalmente, se ha producido después de que un desconocido llamara el pasado 7 de diciembre al dueño de un bar de la Avenida de Valencia, situado en el barrio donde vive la familia de la víctima, preguntando si conocía al hermano de Isaac. Ante la respuesta afirmativa, el comunicante anónimo le dijo que la pistola ya había sido utilizada antes de entrar en la tienda. Se supone que se refería a la armería en la que el asesino compró el arma homicida, todavía no encontrada. Así, el juez ha ordenado a Telefónica que le facilite una relación exhaustiva de todas las llamadas recibidas ese día en el citado bar con el fin de identificar los números desde los que se efectuaron las comunicaciones y a los titulares de las líneas.

Seis meses después de cometido el crimen, los Mossos d’Esquadra detuvieron como presunto autor a J.R.M., hijo de un ex guardia civil que trabajaba en el bar de los juzgados de Lleida y que entonces convivía con la excuñada de la víctima. Isaac y el detenido habían tenido algún enfrentamiento por la custodia del hijo de su hermano. El principal sospechoso estuvo seis meses en prisión. Pero el juez decretó su libertad después de recibir un informe policial que descartaba la existencia de restos de pólvora en las manos y ropas del detenido.

La familia ha convocado diversas movilizaciones para exigir el esclarecimiento del crimen y ha llegado a ofrecer una recompensa de 20.000 euros a quien aporte pruebas fiables sobre la autoría.