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Una auditoría halla anomalías contables en una fundación del Gregorio Marañón

La Cámara de Cuentas dice que hubo pagos sin documentación que los soporte

Fachada del hospital Gregorio Marañón. Ampliar foto
Fachada del hospital Gregorio Marañón.

La Cámara de Cuentas recomienda a la Fundación para la Investigación Biomédica del Gregorio Marañón, tras examinar sus números en el ejercicio de 2011, que “perfeccione” su contabilidad, ejerza “un mayor control” sobre los contratos de bienes y servicios para el desarrollo de sus proyectos y mejore la “coordinación entre las distintas fases de los procedimientos de contratación”. De esta forma “se asegura el cumplimiento de los contratos en todas sus cláusulas”. El órgano fiscalizador cuestiona que la fundación emita las facturas de los ensayos clínicos “únicamente” por indicación de los laboratorios, “sin ninguna comprobación o verificación” con el investigador principal. Además, la fundación “no verifica en ningún caso” la recepción de los servicios y material incluidos en las facturas imputadas a los proyectos.

Dos despidos pactados

El informe resalta que se “han detectado dos casos de despidos pactados”, en los que la fundación “acepta la condición jurídica de despido improcedente” para abonar al trabajador la indemnización de 45 días por año.
Durante el ejercicio 2011, los gastos de personal fueron de 4,9 millones de euros para una plantilla de 148 personas, de las que 133 eran personal investigador y 15 personal administrativo. Mientras el personal de administración se financia directamente con los recursos propios de la fundación, el personal investigador lo hace mayoritariamente mediante financiación externa, vía convenios, donaciones, etcétera. La fundación alegó que los primeros también proceden del mismo tipo de financiación.
Respecto al personal, la Cámara “no tiene constancia” de la solicitud de compatibilidad respecto a los empleados del Gregorio Marañón que participa en los ensayos clínicos o en proyectos de investigación. De hecho, los autores del informe recomiendan al personal del hospital que participa en los proyectos de investigación que deberían “solicitar la correspondiente autorización” de compatibilidad.
Los ingresos del año examinado fueron de 12,25 millones de euros, un 1,2% inferiores a los de 2010. Los fondos procedentes de subvenciones, donaciones y legado fueron de nueve millones, de los que 6,5 millones provenían de entidades públicas (el Instituto de Salud Carlos III aporta 3,9 millones, equivalentes al 60,6%). Los gastos se quedaron en 7,9 millones. El “abultado” saldo en las cuentas de tesorería, tantos en cuentas corrientes como en imposiciones a plazo, “denota que los ingresos podrían no destinarse con la debida celeridad a la investigación”.

La institución se considera “un espacio multidisciplinar” que centra sus investigaciones en ingeniería biomédica, cardiología, neurociencia y salud mental, patología infecciosa y del sistema inmune, oncología, nefrourología, neumología y hepatogastroenterología. Rindió las cuentas del ejercicio el 8 de marzo del año pasado. Su gestión, a 31 de diciembre del curso fiscalizado, dependía jerárquicamente de la gerencia de la fundación, puesto que ejercía provisionalmente el vicepresidente de la entidad, que era el gerente del hospital. Desde septiembre de 2010 a primeros de 2012, el puesto de gerente de la fundación permaneció vacante.

» Relación con el hospital. El informe subraya, dentro de sus conclusiones, que la fundación está instalada en un espacio “que no es de su propiedad”. Los gastos incurridos de suministros y otros son asumidos por el centro hospitalario, “mientras que recibe las compensaciones por costes indirectos previstas en los proyectos de investigación con lo que está subvencionando en parte la actividad” de la investigación biomédica del Gregorio Marañón. En los acuerdos firmados entre fundación y hospital se establece que los bienes que se adquieran por la primera para el desarrollo de los proyectos de investigación “pasarán al uso y propiedad” del Marañón una vez haya finalizado “la misión u objetivos” para la que fueron obtenidos. “Sin embargo, aunque amortizados en su totalidad”, siguen figurando en el inventario de la fundación.Otro factor que se destaca es que la entidad utiliza para el desarrollo de sus actividades determinados espacios e instalaciones del hospital, en virtud de un acuerdo del Consejo de Administración del Servicio Regional de Salud (Sermas), “no siendo el procedimiento establecido” en la Ley 3/2001 de Patrimonio de la Comunidad.Los importes registrados en la partida de obras en inmovilizado no propio “corresponden en realidad” a gastos del hospital financiados con fondos de la fundación, “por lo que no pueden registrarse como inmovilizado”.

» ‘Lagunas’ en los contratos. La Cámara afirma que se realizaron traspasos de ingresos y gastos correspondientes a proyectos de investigación “sin documentación soporte de ningún tipo”. Lo mismo vino a pasar con las fichas de alta de los inmovilizados facilitados, donde figuran los proyectos asociados, pero en ninguna consta el tiempo de duración, “por lo que no es posible valorar si es correcto o no”. Tras señalar que la adjudicación de los contratos mediante un procedimiento abierto “resulta excepcional”, el informe asegura que “no está acreditada” la negociación con las empresas en ciertos contratos. Otros se realizaron “indebidamente”. La Intervención General de la Comunidad detectó esta incidencia en su informe de control financiero: “Actualmente esta relación contractual se ha reconducido a un contrato de alta dirección con autorización” del Gobierno regional, formalizado el 22 de marzo de 2012 con el actual gerente y que inició su vigencia el 1 de abril de ese año.Tampoco aparece detallado “en un documento de memoria o informe” el contenido de otras obras, “ni consta cómo el órgano de contratación determinó el presupuesto de contratación”. Además, el análisis recoge gastos de bienes y servicios por importe, al menos de 20.248,04 euros, imputados a ensayos clínicos “donde no hay ningún documento que indique relación con el ensayo”.La Cámara aprecia que hubo contratos “en los que sería necesario” que la empresa adjudicataria “depositara el 5% de la fianza definitiva, y habiendo optado aquella por la retención en el primer pago, la fundación no ha procedido a la misma”.

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