Reabierto el caso de la explosión de una escuela de la Guardia Civil en Valdemoro

Francisco Morcillo, subteniente de la Guardia Civil, perdió la vida el 29 de junio de 2010 tras una explosión en un almacén del Servicio de Desactivación de Explosivos (SEDEX) del Colegio de Guardias Jóvenes de la localidad madrileña de Valdemoro, en la que resultaron heridas otras doce personas. Hoy, tres años y medio después, la Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto el caso, al entender que hubo incidios de delito: uno por infringir la normativa de Prevención de Riesgos Laborales y otro por homicidio imprudente.

En el auto, la Audiencia estima el recurso de apelación de la Unión de Oficiales (UO) y revoca el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Valdemoro en el que se archivaron las actuaciones seguidas para esclarecer los hechos.

Morcillo, de 61 años, estaba trabajando en el almacén, ubicado en un sótano de estas instalaciones, y murió tras ser sepultado por el techo que se vino abajo debido a la explosión.

La Sala sostiene que las instalaciones no contaban con sistema de extinción automática de incendios con rociadores de agua, sino que sólo contaban con alarma de agua —que no funcionaba correctamente— y que tampoco había sistemas de detección de gas.

Este local servía para almacenar sustancias explosivas e incendiarias, pero no tenía ni ventilación natural ni salida de emergencias, lo que convertía el lugar en un espacio "con un alto riesgo de explosión", según recoge el auto.

Además, una vez producida la explosión, la boca de incendios no se pudo utilizar dado que faltaba el vástago para la apertura de la llave, las boquillas no eran compatibles con las mangueras y el equipo de la boca carecía de presión. De hecho, agrega el texto, "los bomberos tuvieron que coger agua de la piscina del complejo y de una boca de incendios del exterior para extinguir el fuego".

Así, la Sala da luz verde a retomar las investigaciones y cita en calidad de imputado al Coronel Jefe del Centro, al que no se le ha tomado declaración hasta la fecha, así como a los responsables de la empresa Saima Seguridad S.A., encargada del mantenimiento de algunos de los sistemas de seguridad que fallaron.

El auto también cita como imputados por un supuesto delito de homicidio imprudente a los miembros del equipo de prevención de riesgos laborales de la Guardia Civil, "sobre los que recaía la obligación de realizar el correspondiente plan de riesgos laborales y ocuparse de su vigilancia y de su ejecución".