El constructor Núñez se aleja de la cárcel al rebajarle el Supremo la pena

El mayor caso de corrupción de Cataluña, una trama de inspectores de Hacienda y grandes empresarios diseñada para defraudar al erario público unos 13 millones de euros, ha quedado sentenciado este miércoles, 15 años después de destaparse el escándalo y transcurridos más de 21 desde que se cometieron los hechos. El principal afectado es Josep Lluís Núñez, entonces constructor y presidente del Barça, al que se rebaja la pena de cárcel al límite de dos años para que seguramente no entre en prisión.

El Tribunal Supremo ha ratificado ahora que los inspectores de Hacienda mantenían un “pacto de silencio” mientras cobraban dádivas millonarias de los empresarios a los que beneficiaban con actas de liquidación falsas. El fallo fija ya, de manera firme, las penas por la comisión de delitos de cohecho, falsedad en documento oficial y prevaricación, con condenas de entre 6 años y 6 meses de prisión hasta simples multas.

El caso Hacienda acabó además con la vida política, en 1999, del exministro socialista y candidato a la Presidencia del Gobierno en 2000, Josep Borrell, que fue quien nombró a dos de los inspectores condenados cuando era secretario de Estado de Hacienda.

Sin embargo, la entrada en prisión de los condenados aún debe ser decretada por el tribunal sentenciador, es decir, por la Audiencia de Barcelona. Además, queda todavía en manos de la Abogacía del Estado el reabrir el procedimiento administrativo para reclamar el dinero defraudado. “Vamos a analizar todas las vías posibles para no dejar ninguna solución sin explorar”, señalaron ayer fuentes de la Abogacía que, ante un caso que calificaron de “complejo”, indicaron que se estudiará la manera de reclamar el dinero.

La sentencia del Supremo, de 392 folios, rebaja las penas a los dos principales implicados: a Josep Lluís Núñez, cuya condena por cohecho, al entregar dádivas a los inspectores que le permitieron exenciones fiscales, se ha reducido de seis a dos años y dos meses de cárcel; y también la impuesta al exjefe de la Inspección de Hacienda en Catalunya, Josep Maria Huguet, de 13 años a seis años y 10 meses. El fallo se dictó contra el criterio del fiscal.

La sala de lo Penal formada por Juan Saavedra, Miguel Colmenero, Manuel Marchena, Alberto Jorge y Luciano Varela, que ha sido el ponente, ha tenido en cuenta para determinar esa rebaja la atenuante de dilaciones indebidas, que atribuye a la “cuestionable decisión” de acumular hasta siete piezas en un solo procedimiento, lo que ha llevado a acumular más de un millón de folios en el sumario, distribuidos en 52 cajas de documentación con una capacidad de cerca de un metro cúbico cada una. El tribunal se manifiesta así en contra de los macroprocesos y critica además la “disparatada prolongación de las sesiones del juicio oral” que llegaron a prolongarse durante nueve meses. “La complejidad, debida a la acumulación de procesos evitable, no justifica la dilación”, señala el fallo.

El Supremo hace otro reproche y critica que “por razones que no se nos alcanzan, ni nos compete valorar” no se formuló la acusación por delito de fraude fiscal. La fiscalía alegó que este delito estaba prescrito cuando se destaparon los hechos pero el tribunal entiende que dada la conexión de los delitos de falsedad con los de fraude, estos se podrían haber perseguido.

“La obligación de pagar en concepto de responsabilidad civil el importe de la defraudación fiscal establece, como premisa implícita, que existió una conducta constitutiva del delito” sostiene la sentencia, lo que implica dejar sin efecto la responsabilidad civil declarada por la Audiencia de Barcelona, que castigó a las empresas que se beneficiaron de las inspecciones a indemnizaciones que ascendían a unos 75 millones de euros, por la responsabilidad civil subsidiaria. Aún así, los magistrados recuerdan que los delitos implican la nulidad de los actos administrativos, por lo que se abre la vía a que el Estado realice las liquidaciones correspondientes, algo que ahora deberá determinar la Abogacía del Estado.

Entre los condenados hay otros cuatro inspectores y, además de Núñez, el Supremo condena a su hijo, José Luis Núñez Navarro, a Salvador Sánchez Guiu, a Juan Antonio Sánchez Carreté, a Eduardo Bueno, a Francisco Colomar y Mayra Mas.