La juez Alaya cita a declarar al exdelegado Rivas tres años después

La juez Mercedes Alaya, instructora del caso ERE, ha citado a declarar al exdelegado de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Rivas el próximo 7 de febrero, tres años después de que le comunicara su imputación a principios de 2011. El retraso de la causa de los ERE fraudulentos se debe a su complejidad y volumen, que supera ya los 140 imputados, pero pocas veces una comparecencia se ha dilatado de manera tan grave desde que se inició la instrucción en enero de 2011. Entonces la magistrada definió a Rivas como el “portillo de entrada” de las subvenciones irregulares que se tramitaban en la Consejería de Empleo.

La juez Alaya imputó al ex alto cargo socialista por la autorización que firmó para el ERE de la empresa pública Mercasevilla, en el que se hallaron varios intrusos (personas ajenas a la sociedad), de cuya inclusión en el ERE la magistrada le supone conocedor. Además, Alaya le achaca haber favorecido la consecución de una póliza destinada a un cuñado y tres vecinos de su localidad natal, Camas (Sevilla). Rivas ha alegado en un escrito que las acusaciones de la juez “no están probadas, ni acreditadas, ni siquiera indiciariamente”, y tildó las imputaciones de Alaya de “meras conjeturas o suposiciones”.

La ley establece que el juez instructor debe llamar al imputado en cuanto sea posible, para evitar demoras innecesarias que perjudiquen sus derechos. La declaración de Rivas ya fue suspendida hace un año y medio porque la juez entendió que había surgido nuevos indicios que contribuían a las imputaciones contra el exdelegado, después de recibir el informe sobre la Dirección General de Trabajo que había elaborado la Guardia Civil.

El pasado septiembre la Fiscalía Anticorrupción alertó a la juez de que debía acelerar la declaración de 24 personas, entre ellas Rivas. Entonces, el fiscal advirtió a Alaya de que las declaraciones de los imputados eran necesarias “no solo ya para poder avanzar en la instrucción de la causa y garantizar adecuadamente los derechos” de los implicados, sino también para poder adoptar las medidas cautelares “que permitan el mayor reintegro posible de los fondos presuntamente malversados”.

Mientras, el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) confirmó la condena a Rivas de 21 meses de inhabilitación y multa de 600.000 euros por un delito de cohecho al pedir una comisión ilegal de 450.000 euros a los dos empresarios del grupo La Raza.

El consejero de Justicia, Emilio Llera, censuró que “no es normal” la demora de tres años para que Rivas vaya a declarar: “Hay muchas personas imputadas durante muchos meses que no han prestado declaración, y el artículo 387 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que toda persona imputada deberá ser citada inmediatamente para ser oída a no ser que proceda su detención, y eso lo sabemos todos los que somos del gremio”, manifestó Llera, exfiscal hasta ser nombrado consejero.

Por otra parte, la juez Alaya ha citado el próximo 25 de febrero a los cuatro peritos de la Intervención General del Estado para que confirmen su voluminoso informe de más de 8.000 folios sobre el caso, una argumentación básica sobre la que Alaya basa gran parte de su acusación contra la cúpula de la Junta por supuestamente haber diseñado el sistema para pagar los expedientes de regulación de empleo, conscientes de su irregularidad.