Los fiscales progresistas critican la “injerencia” de la Iglesia en Málaga

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha condenado y rechazado a través de un comunicado las declaraciones del obispo de Málaga, Jesús Catalá, en las que hizo público que la Fiscalía General del Estado (FGE) ordenó a la fiscal andaluza contra la discriminación sexual de género, Flor de Torres, el archivo de la investigación sobre un colegio concertado de Málaga que se niega a admitir a una niña transexual de acuerdo con su identidad y le asigna trato de niño. Para el colectivo, las palabras del prelado suponen el reconocimiento de “su intento de injerencia” en la actuación del ministerio público y un trato “desconsiderado” e “insultante” hacia la fiscal, de la que ha resaltado su trayectoria profesional.

“Fue la Fiscalía General del Estado la que mandó a la fiscal andaluza de violencia contra la mujer y contra la discriminación sexual que dejara de ser torpe y archivara las diligencias”, reveló Catalá el pasado viernes en un encuentro con periodistas en el que defendió el trato, a su juicio “exquisito”, que el centro religioso ha dado a la alumna. También dijo que el departamento del fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, les comunicó que la investigación estaba cerrada dos semanas antes de que lo notificara el ministerio público de Málaga.

En una nota que titula En defensa de la dignidad, la Unión Progresista de Fiscales denuncia que las declaraciones del obispo reconocen “su intento de injerencia” en la actuación de la fiscalía, que “siempre tiene que estar presidida por los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad”. Censura, además, el trato “desconsiderado e, incluso, insultante” del prelado hacia la fiscal andaluza al utilizar el término “torpe”. La UPF recuerda que se trata de una profesional con una trayectoria de “reconocido mérito” que destaca por su trabajo en la defensa de derechos de los colectivos sociales especialmente vulnerables.

“La Fiscalía General del Estado debería responder con contundencia a tales manifestaciones, exigiendo el máximo respeto de todos los sectores de la sociedad a la independencia e imparcialidad que debe presidir la actuación del ministerio público y, en este caso concreto, a la dignidad de la representante de la fiscalía que de manera tan vejatoria ha sido tratada por el prelado”, concluye el comunicado.

Fuentes judiciales confirmaron, tras las declaraciones de Catalá, que De Torres cerró la investigación abierta para dirimir si el colegio concertado de Málaga había cometido delito en el trato dispensado a la menor por orden de la FGE y que la decisión se comunicó a las partes el mismo día en que se firmó el documento de archivo. Ese escrito se rubricó después de Navidad.

La fiscal había pedido previamente instrucciones sobre lo que debía hacer y hubo un intercambio de información con Madrid, que había solicitado documentación sobre el asunto. Finalmente llegó la orden de archivo y el mismo día en que tuvo conocimiento de la misma, la fiscal procedió a cerrar las diligencias. Las fuentes consultadas negaron que en el procedimiento interno se utilizara la palabra “torpe”. La jefatura de la fiscalía de Málaga también había optado por suspender las diligencias.

Antes de que esto ocurriera, la fundación del Obispado de Málaga a la que pertenece el centro presentó un escrito ante la Fiscalía General del Estado que solicitaba que De Torres fuera apartada del caso y que éste fuera asignado a un fiscal de menores, petición que en ese momento no fue atendida por el ministerio público.

Además de informar sobre las instrucciones de la FGE en este caso, el obispo de Málaga criticó el “abuso de poder” de la Junta de Andalucía por amenazar con retirar el concierto al colegio.