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El TSJ acepta el recurso contra la ampliación de la planta de Ortiz

EU y Ecologistas alegaron contra la autorización del quinto vaso en el vertedero de Fontcalent

La planta de residuos de Fontcalent de Alicante.
La planta de residuos de Fontcalent de Alicante.PEPE OLIVARES

Primer revés judicial al empresario Enrique Ortiz que pretendía ampliar la planta de residuos de Fontcalent para poder tratar un mayor volumen de basura. El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) ha admitido a trámite el recurso que presentaron EUPV y Ecologistas en Acción contra la concesión a la mercantil Inusa, participada Ortiz, imputado en el caso Brugal, de la autorización ambiental integrada (AAI) para ampliar el vertedero de Fontcalent (Alicante) con una quinta celda.

El portavoz municipal de EU, Miguel Ángel Pavón, y el de Ecologistas en Acción del País Valencià, Carlos Arribas, han informado est martes una resolución dictada el pasado 2 de enero por el TSJCV en la que admite a trámite el citado recurso, interpuesto en diciembre de 2013.

EU y Ecologistas en Acción recurrieron una resolución de marzo de 2012 de la Dirección General de Calidad Ambiental por la que se concedió a la empresa Inusa, participada por el empresario Enrique Ortiz, la AAI para operar la planta de tratamiento de residuos urbanos de Fontcalent y ampliar el vertedero con una quinta celda.

Según los ecologistas y Esquerra Unida, "la nueva AAI autoriza la ampliación del vertedero en casi un 50 % de su capacidad (pasa de 3,15 a 4,64 millones de toneladas) mediante la construcción de una quinta celda de vertido".

Un aumento de capacidad que no consideran "necesario", pero que, según han afirmado, "se oferta alegremente a otros municipios y planes zonales (localidades del sur de Valencia o de la Vega Baja) en aras de una supuesta solidaridad, que lo único que esconde es un lucrativo negocio de varios millones de euros a costa de la salud y el bienestar de los vecinos próximos al vertedero".

Impactos medioambientales

Ecologista en Acción y EU han advertido de "los graves impactos ambientales que supone un macrovertedero que genera malos olores, lixiviados, posible contaminación de acuíferos, emisión de gases peligrosos y degradación del paisaje, y que habrá que controlar desde el punto de vista ambiental durante 30 años tras su clausura".

A su juicio, "las actuales instalaciones, pese a su poca antigüedad -se inauguraron en 2005-, son muy ineficientes al recuperar una ínfima parte de los residuos entrantes, un 2,9 % entre materiales y compost, destinándose a vertedero en 2011 el 78 % de los desechos que entraron en la planta, muy por encima del 44 % establecido en el Plan Zonal".

Los recurrentes estiman que "la concesión de la AAI ha estado rodeada de graves incumplimientos de la normativa vigente, como la inexistencia de un Estudio de Integración Paisajística previo a la concesión, el desprecio por la ordenanza municipal de ruido o la mala gestión de las instalaciones".

Según los ecologistas y EU, su recurso cuenta con el apoyo económico y social de diferentes colectivos ciudadanos y sociales, como la Asociación de Vecinos 'Amigos de Fontcalent' del Rebolledo, la plataforma Salvem Fontcalent, la Coordinadora de asociaciones y colectivos de las partidas rurales de Alicante (Cacpra) y la Federación Local del sindicato CGT.

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