Garitano frente a su consejo de estado

El diputado general Martin Garitano y todo el gabinete foral de Bildu se han colocado conscientemente de espaldas al Consejo de Estado de Gipuzkoa, el supremo órgano consultivo de la Diputación que está integrado por “la élite de los juristas” de la institución guipuzcoana. Esta Comisión Jurídica Asesora desaconsejó en un dictamen concluyente la aprobación del decreto foral que dio luz verde a la segregación del barrio donostiarra de Igeldo para su constitución como municipio independiente. Según el PNV, que hasta esta legislatura ha estado siempre al frente de la Diputación, “es la primera vez” que el consejo de diputados hace caso omiso a un informe de la Comisión Jurídica.

El trámite de la Comisión Jurídica Asesora era el último que debía pasar el proyecto de decreto foral antes de ser aprobado por el consejo de diputados. La opinión de los juristas era “preceptiva” al tratarse de un acuerdo foral que revoca un decreto previo, aprobado por la Diputación en 2010. Aquel decreto desestimó la independencia de Igeldo al considerar que “el nuevo municipio resultaría económicamente inviable” y porque “no existían motivos permanentes de interés público para aprobar” la segregación.

Los juristas de la Diputación hacen constar en su resolución que el decreto foral de 2010, contrario a la desanexión, fue recurrido por la asociación vecinal Itxas Aurre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo tenía previsto publicar el fallo el día 16 de enero de 2014. Por esta y otras razones, la Comisión Jurídica se pregunta si “puede acceder a la petición de continuación de un expediente de segregación que había sido resuelto tres años antes mediante resolución definitiva que ponía fin a la misma”. Y añade otra cuestión: “¿Puede revocarse y dejarse sin efecto, por motivos de seguridad, un decreto foral que resuelve un expediente de alteración de términos municipales y que se encuentra pendiente de revisión jurisdiccional?”. A estas interrogantes, los letrados forales responden que “no puede ser revocado por razones de oportunidad” el decreto foral 6/2010 que cerraba la puerta a la separación de Igeldo.

Pese a ello, el Gobierno foral de Bildu aprobó el decreto 46/2013 el pasado 17 de diciembre, cuatro días después de recibir el dictamen desfavorable del Consejo de Estado foral. Garitano comparecerá mañana en las Juntas Generales para dar cuenta de esta decisión contraria a la recomendación de los juristas. En la misma sesión también intervendrá el director general de Régimen Jurídico y máximo responsable de la Comisión Jurídica, el letrado Luis Elicegi, quien avaló en su día el decreto de 2010 que rechazaba la segregación del barrio donostiarra. Están citados asimismo los cinco miembros de la Comisión Jurídica, presidida por Juan Ramón Ciprián, que han elaborado el dictamen que Garitano ha decidido desoír. Las comparecencias fueron solicitadas por los socialistas, que consideran que la “decisión unilateral” de la Diputación fue emitida “prescindiendo total y absolutamente de lo establecido en el ordenamiento y contraviniendo la legalidad aplicable”. Rafaela Romero, portavoz del PSE-EE en el Parlamento provincial, llegó a insinuar que el consejo de diputados ha podido incurrir en un delito de prevaricación.

Los informes de este órgano de juristas son consultivos y “no vinculantes”, como ocurre con los del Consejo de Estado a nivel nacional, que también han sido desobedecidos por los Gobiernos de Rajoy o de Zapatero. Por ejemplo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tramitó la ley de tasas pese a los informes negativos del Consejo de Estado. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, hizo otro tanto con su reforma educativa aunque los juristas le habían pedido que mantuviese la asignatura Educación para la Ciudadanía. O en la época socialista, el Consejo de Estado avaló en 2009 la constitucionalidad de la Ley del Aborto, aunque enmendó lo previsto en los casos de las menores.

En el asunto de Igeldo, Garitano se agarrará al argumento de que los dictámenes de los juristas no son de obligado cumplimiento. Para aprobar el decreto de segregación, el diputado general ha hecho prevalecer el principio de la voluntad popular y el derecho a decidir de los vecinos del barrio sobre un precepto legal que le impedía proceder a la independencia del citado núcleo de población. Un jurista consultado asegura que, siguiendo la premisa del diputado general, “Garitano debería abolir la obligación de pagar impuestos en Gipuzkoa, porque así lo defendería la mayoría de la ciudadanía en una consulta popular”. Y llevando la misma teoría al extremo, este letrado añade que “Garitano debería dejar ya la política, porque la mayoría de los ciudadanos suspende a nuestros dirigentes”.