La Generalitat reúne a Panrico y los trabajadores para recuperar el diálogo

La Generalitat ha sentado hoy en una misma mesa a representantes de Panrico y de los trabajadores, que llevan casi 90 días en huelga. La reunión, convocada por el secretario de Relaciones Laborales, Ramon Bonastre, se suspendió en diciembre pasado tras los altercados de madrugada que se produjeron entre huelguistas y distribuidores en los almacenes de Barcelona.

Con la dirección en Madrid, el ERE presentado y ya en ejecución --las primeras 20 personas despedidas de la fábrica de Santa Perpètua ya están fuera de la empresa--, la administración catalana sabe que tiene poco margen de maniobra. Pero sigue preocupada por el futuro de la planta del Vallès: los 300 despidos previstos hasta 2016 suponen su cierre técnico y la administración ya ha dicho que está dispuesta a "hacer lo que sea" para impedirlo. También preocupan las agresiones que se han producido algunos días entre huelguistas y los autónomos que distribuyen los productos que han sido fabricados en otras plantas. Las partes han aceptado hoy volverse a sentar la próxima semana. 

La reunión celebrada en la mañana de hoy se produce solo dos días después de que trascendiera que la Inspección de Trabajo considera que Panrico vulnera el derecho de huelga de los trabajadores de la fábrica de Santa Perpètua de Mogoda por distribuir en Cataluña producción fabricada en otras plantas españolas mientras la plantilla del Vallès permanece en huelga indefinida desde el pasado 13 de octubre. La resolución, que afirma que Panrico será sancionada sin especificar la cuantía, obedece a una denuncia del Comité de Empresa de la fábrica.

La imposición de la sanción depende de un proceso paralelo en los juzgados: son las dos denuncias que la dirección ha presentado contra los huelguistas por supuesta huelga ilegal. Solo en la segunda de las denuncias presentadas les pide cuatro millones en concepto de daños y prejuicios.

Tras sucesivas crisis en Panrico, ésta última se precipitó en septiembre pasado tras el relevo por parte del fondo Oaktree del consejero delegado, Joan Casaponsa, por Carlos Gila. En apenas una semana, Gila suspendió el pago de nóminas para poder pagar a los proveedores, anunció un millar de despidos y una rebaja salarial y se acogió al preconcurso de acreedores para renegociar su deuda. Desde 2008 el fabricante de Donuts y Bollycao acumula unas pérdidas de 700 millones de euros.