Caixa Bank negociará con los inquilinos de un bloque okupado en Madrid

Lo llaman La Manuela. Un edificio de cinco plantas en pleno corazón de Malasaña que desde el domingo pasado está okupado. Una docena de familias, de las que ahora han trascendido pocos datos, se están empezando a instalar en el bloque vacío de la calle Corredera Baja de San Pablo, en el barrio de Malasaña. Este jueves, la Asamblea de Viviendas Centro ha hecho una suerte de presentación en sociedad para periodistas del segundo edificio okupado de Madrid (el primero está en Carabanchel) y el décimo quinto en España, según sus estimaciones. El pasado 13 de diciembre fue desalojado por orden judicial un inmueble en Salt (Girona) en el que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) habían instalado a siete familias. El de Malasaña ya estuvo okupado en 2011. 

La okupación destinada a familias sin vivienda o desahuciadas en este tipo de inmuebles, que en la mayoría de los casos pertenecientes a bancos rescatados, es la última iniciativa puesta en marcha por colectivos antidesahucios, que llaman a esta acción irónicamente Obra Social (como las cajas de ahorros) y hablan de recuperar edificios “como la mejor forma de hacer efectivo el derecho a una vivienda digna”, según el comunicado que ha leído este jueves a mediodía una de las activistas de la Asamblea de Vivienda centro sobre una tabla colocada sobre dos borriquetas en mitad de uno de los salones-cocina de la cuarta planta.

El edificio de Malasaña -con los cables de las tomas de luz colgando del techo, un par de bombillas encendidas y parqué y puertas nuevos y casi impolutos- pertenece a Caixa Bank, que el próximo lunes se reunirá con los okupas para negociar. Desde el banco evitan hacer comentarios, aunque admiten que existe esa cita.

“La Manuela no es la primera vivienda recuperada en la ciudad de Madrid ni será la última”, ha leído en voz alta una de las activistas que ha convocado a los medios en el edificio. “Hay 12 familias que comienzan a vivir en él, visibilizando un problema concreto: tener un edificio vacío propiedad de un banco rescatado con dinero público es intolerable e inhumano”, ha proseguido.

Solo dos de las inquilinas estaban hoy presentes durante la rueda de prensa. Fátima Khaled, de 37 años y “medio siria medio española”, ha explicado a EL PAÍS que perdió su empleo de teleoperadora en 2008. Desde entonces ha estado “tarjeteando y haciendo de relaciones públicas” en discotecas. Asegura que se quedó sin dinero y no podía hacer frente a los 270 euros que le costaba el alquiler de una habitación. Reclama un alquiler social, pero no cuantifica la cantidad que podría pagar.

Marisa, que tiene 62 años y pide figurar sin apellido, cuenta que ha dedicado gran parte de su vida a trabajar en banca y en Bolsa en distintos puntos de Estados Unidos. Se fue con 17 años y volvió a los 51 para cuidar de su madre. Dejó allí a su hijo. “Volví a un país en el que a los 50 ya eres viejo para encontrar un empleo digno”, explica. Cuando se le pregunta si ha pedido ayuda a su hijo, responde de corrido: “Él está bien, pero yo no le he dado a luz para que me mantenga. Hay derechos que son de cada individuo, como la alimentación, el techo, la medicina o la ropa”. Baja los escalones despacito porque tiene una fractura. Al volver de América vendió su casa y asegura que agotó sus ahorros.

La imagen de su rostro enmarcado por un escueto corte de pelo circuló por las redes sociales hace unos meses con un mensaje: “Marisa se queda”. Era una campaña promovida desde los colectivos antidesahucio para evitar que la desalojaran del piso en el que estaba alquilada. Pero Marisa no se quedó. En diciembre, segundo intento, fue desalojada. Ahora se instalará en un piso en la segunda planta de La Manuela con su gato. Marisa se considera una privilegiada. “Mi caso es fácil comparado con lo que nos llega cada día, se te rompe el corazón”, dice.