La mayoría de albergues cierra pese a que los inmigrantes siguen en Jaén

La mayor parte de los albergues para temporeros de la provincia de Jaén ha cerrado ya sus puertas a pesar de que decenas de personas —en su mayoría inmigrantes— siguen durmiendo en la calle, como han denunciado las organizaciones sociales. Aunque el cierre de estos centros suele coincidir cada año con estas fechas, en esta ocasión son muchos los trabajadores foráneos que se resisten a abandonar la provincia con la esperanza de encontrar trabajo en una campaña de la aceituna mucho más larga de lo habitual y donde se esperan más de siete millones de jornales.

Según datos de la Junta de Andalucía, que coordina y financia la campaña de atención a los temporeros en los municipios, hasta la noche del pasado lunes habían cerrado ya sus puertas 17 de los 24 albergues de la provincia. Mientras tanto, la ocupación media en los siete que aún permanecen abiertos —los de Jaén, Alcalá la Real, La Puerta de Segura, Mancha Real, Torredelcampo, Torredonjimeno y Villatorres— estaba por debajo del 40%, lo que hace presagiar un cierre inminente de casi todos esos centros.

“Se está dando la paradoja de que hay plazas libres en los albergues y, sin embargo, aún hay mucha gente en la calle”, denuncia Rafael López Sidro, presidente de Cáritas Interparroquial en Jaén. Una situación anómala que se produce en buena medida porque muchos Ayuntamientos han limitado a uno o dos días la estancia máxima de los usuarios en los albergues, incluso por debajo de los tres días recomendados por el Foro Provincial de la Inmigración. “Estos centros deben estar abiertos mientras haya gente en la calle, son seres humanos que hay que atender”, recalca el presidente de Cáritas, que ha alertado de la situación de “desprotección” que viven muchas personas.

La filosofía de los albergues para temporeros es la de habilitar un alojamiento transitorio —este año son 770 plazas— a los que llegan en busca de trabajo al olivar. Una vez logrado ese empleo, la responsabilidad del alojamiento recae sobre los empresarios, aunque se trata de una obligación no recogida en el convenio colectivo del campo. Lo que ocurre es que, como viene ocurriendo en las últimas campañas, este año son muchos los inmigrantes que no han encontrado trabajo en la aceituna al primar los empresarios la mano de obra local, máxime en una provincia con una tasa de paro en torno al 40%.

El cierre de los albergues está provocando el desplazamiento de los temporeros hacia los lugares donde aún permanecen abiertos. Es el caso del centro de la capital, el que más plazas oferta (200), y que en los últimos días ha duplicado su ocupación por la llegada de inmigrantes de otros municipios. Sin embargo, los Ayuntamientos, que tienen autonomía para decidir la fecha de apertura y cierre de estos alojamientos, se escudan no solo en la baja ocupación, sino también en que las subvenciones recibidas de la Junta para la atención de estos centros no les facilitan recursos para tenerlos abiertos un mayor tiempo.

La situación de desprotección de los temporeros es especialmente visible en Úbeda, donde el Ayuntamiento cerró el albergue el pasado 29 de diciembre. Medio centenar de inmigrantes duermen por las noches en cajeros y pasajes comerciales y el comedor social de Cáritas sigue dando más de 150 comidas al día. Al contrario que los Ayuntamientos, Cáritas mantendrá abiertos sus comedores sociales de Jaén, Linares y Úbeda “mientras haya usuarios”.

En Úbeda, varios colectivos han denunciado el caso ante la fiscalía. En el escrito presentado por CGT, Izquierda Unida, Úbeda Ciudad Habitable y la Asociación de Parados de Úbeda se alude a la “situación dramática de emergencia social que se vive en este municipio desde hace demasiados días, debido a la presencia de centenares de temporeros inmigrantes durmiendo literalmente en las calles, entre cartones, resguardados en cajeros, soportales, bancos, pasajes comerciales, jardines... sin que se adopte ninguna solución global por parte de quienes tienen la responsabilidad y capacidad legal para hacerlo, como es el Ayuntamiento”.

Estos colectivos culpan al alcalde, José Robles, del PP, por haber impedido incluso la apertura del pabellón cubierto polideportivo para que los inmigrantes puedan resguardarse durante la noche. “Demuestra una enorme falta de sensibilidad”, indicó Luis Fernández, miembro de IU y uno de los firmantes de la denuncia ante la fiscalía.