Último asalto para Rafael Blasco

Rafael Blasco Castany, consumado especialista en caer de pie, afronta desde hoy la prueba más difícil de su carrera. Militante de extrema izquierda en su juventud, expulsado por los socialistas en los años ochenta entre sospechas de corrupción y gran estratega del PP valenciano desde los años noventa hasta hace pocos meses, Blasco vuelve al banquillo de los acusados en uno de los casos más indecentes del recargado contexto político judicial valenciano: la apropiación sistemática de los fondos que la Generalitat destinaba a la cooperación en el Tercer Mundo por parte de una trama que, según la Fiscalía Anticorrupción, él mismo dirigía como consejero de Solidaridad y Ciudadanía.

En las grabaciones efectuadas por la policía se oye a los miembros de su supuesta banda referirse a los países a donde debían destinarse los fondos públicos como “Negrolandia”, y afirmar rotundamente: “Hay que dar prioridad a lo nuestro antes que a lo de los negratas”.

Blasco, la persona que más veces ha formado parte del Gobierno valenciano, hizo honor a su fama de resistente aguantando como diputado popular durante toda la instrucción de la primera pieza separada del llamado caso Cooperación. Solo dejó el grupo parlamentario del PP, en junio pasado, cuando la situación se hizo absolutamente insostenible: la Abogacía de la Generalitat pedía para él 11 años de cárcel —Anticorrupción, 14— por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

La caída política de Blasco —que se mantiene, sin embargo, como diputado en el grupo de no adscritos de las Cortes Valencianas, con un generoso complemento salarial gracias a sus excolegas del PP— podría, en todo caso, haberse dilatado más. Su abogado es Javier Boix, el mismo que logró que el expresidente Francisco Camps fuera juzgado por los trajes una vez pasadas las elecciones de 2011, y el mismo que contribuyó a que el expresidente de la Diputación y del PP de Castellón Carlos Fabra tardase una década en llegar al banquillo. El tiempo corre a favor de Blasco, que está a punto de cumplir 70 años, aunque no existe una edad límite para ingresar en prisión.

La clave que ha evitado un nuevo descontrol en los plazos fue la decisión de la juez instructora, la catedrática de Derecho Procesal María Pía Calderón, de separar la causa en dos piezas. Existían motivos técnicos para ello: la investigación partió de denuncias distintas presentadas por las diputadas socialista Clara Tirado y de Compromís Mireia Mollà en 2010. La primera se centraba en hechos muy concretos: el desvío de 1,8 millones de euros que debían destinarse a la cooperación en Nicaragua y terminaron básicamente en inversiones inmobiliarias en Valencia, que será lo que se juzgue a partir de hoy. La segunda denuncia, mucho más extensa, abarcaba buena parte de la gestión de Blasco en Cooperación. Integra la segunda pieza separada y aún faltan meses (puede que incluso años) para llegar a ser juzgada.

La magistrada tenía motivos técnicos, pero su decisión de hacer piezas separadas le solucionó de paso dos problemas. El primero, la permanencia en la cárcel de Augusto César Tauroni, supuesto cabecilla de la parte civil de la trama, estrechamente vinculado a Blasco, que lleva dos años en prisión preventiva. La eventual condena de Tauroni en esta primera pieza —si uno de los acusados lo tiene mal, es él— ahorrará al tribunal debates sobre si debe o no continuar entre rejas mientras se investiga la segunda parte del caso.

El segundo problema que resolvió la partición en dos de la causa fue la desactivación de Blasco como actor político de primer orden, al acelerar su llegada al banquillo. Cuando se presentaron las denuncias y durante buena parte de la investigación, Blasco era, además de consejero de Solidaridad y Ciudadanía, titular de Justicia. Era el responsable, entre otras cosas, de decidir si el pobremente dotado Tribunal Superior de Justicia recibía un nuevo funcionario o una segunda fotocopiadora. Al mismo tiempo, era portavoz del grupo del PP en las Cortes Valencianas desde que Camps sacrificó a Ricardo Costa por su implicación en el caso Gürtel, a finales de 2009. Nadie ganó tanto poder como Blasco durante la recta final del campismo.

Fue diputado del PP hasta que la Generalitat le pidió 11 años de cárcel

A pesar de que las sombras no dejaban de crecer sobre él —Camps ya lo dejó fuera del Consell en junio de 2011, un mes antes de dimitir—, Fabra lo mantuvo como portavoz parlamentario hasta que fue imputado. Y no forzó su salida del grupo parlamentario hasta que su propio Gobierno pidió para él una altísima pena de prisión.

Blasco ya salió indemne de un juicio por corrupción a principios de los noventa. Pero su absolución se debió, en buena medida, a la anulación de unas grabaciones inculpatorias en una época en que los jueces todavía tenían poca experiencia con los pinchazos telefónicos. No como ahora. Las intervenciones de las comunicaciones que esta vez nadie discute forman parte del núcleo de la acusación. Aunque no se realizaron directamente sobre Blasco —esa es una de las ventajas de ser aforado—, las conversaciones revelan una relación muy difícil de justificar con Tauroni, basada aparentemente, según la juez, en la realización de “favores mutuos”.

El juicio podría haber tardado más: su abogado es el de Camps y Fabra

Junto a Blasco se sentarán en el banquillo las personas que componían su equipo en la Consejería de Solidaridad, muchos de los cuales le han acompañado a lo largo de su carrera. Igual que Tauroni, un viejo conocido de Blasco que fue socio de su hermano y a quien el político llevaba concediendo millonarias adjudicaciones como consejero de Empleo, Bienestar Social y Sanidad, de forma sucesiva, desde 1999, antes de llegar a Cooperación. Siguiendo al curtido político valenciano de “chiringuito” en “chiringuito”, como se escucha en una de las grabaciones de la causa.