La reforma bancaria que necesitamos

Tras el desencadenamiento de la crisis financiera, cabía la posibilidad de revisar un modelo bancario que ha estado basado en la especulación del ladrillo y en la fuerte vinculación con los poderes políticos a través de la politización de las cajas de ahorros; modelo que ha tenido una gran responsabilidad en las causas que han provocado la crisis, al contribuir mediante una política descontrolada de concesión de créditos a constructores y promotores a crear una burbuja inmobiliaria, que tras su estallido, ha generado una cantidad desmesurada de activos tóxicos que ha provocado la caída de una parte importante del sistema bancario. Después de varios años de insistir en la idea de que el sistema bancario español era el más fuerte y saneado de Europa, se ha llegado a una situación en la que las principales cajas de ahorros han tenido que ser intervenidas y/o saneadas por los poderes públicos. Surgía así la necesidad de llevar a cabo una reforma de la banca con el fin de crear una nueva estructura que nos ayude a salir de la crisis. Sin embargo, la reforma del sistema bancario que se está llevando a cabo, no sólo no está resolviendo sus graves problemas, si no que además está suponiendo un coste económico insostenible que está generando un grave problema de deuda pública.

Pero, ¿cuáles han sido las bases sobre las que se ha asentado la reciente reforma de la banca en España?. Tres han sido las premisas: 1) el problema de la banca es su escasa capitalización y sus bajos niveles de solvencia; 2) para mejorar la capitalización de la banca hay que aumentar su tamaño mediante fusiones; y 3) los bancos con problemas hay que intervenirlos y sanearlos a través de las cuentas públicas y después venderlos a otros bancos. Es verdad que la banca está poco capitalizada y como consecuencia de ello tiene un problema de solvencia, pero la cuestión clave es: ¿porqué esto es así?. El problema de fondo no es la falta de capital de los bancos, si no que esta descapitalización e insolvencia ha sido provocada por la mala gestión de los mismos bancos al seguir una política crediticia descontrolada, basada en la especulación inmobiliaria. Por tanto, incrementar su capital mediante reformas legales no va a resolver el problema de fondo que es la mala gestión del riesgo crediticio y la escasa profesionalización en las decisiones de financiación, destinadas en gran medida a grandes proyectos empresariales y no al emprendimiento y a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que realmente generan actividad productiva y empleo en España.

La medida que se ha tomado para capitalizar los bancos ha sido aumentar su tamaño a través de fusiones, disfrazadas mediante una figura jurídica denominada Sistema Institucional de Protección SIP, también llamada fusión fría o virtual porque consiste en crear un grupo de bancos (principalmente cajas de ahorros) con el fin de conseguir una consolidación contable que garantice la solvencia de las entidades que se agrupan, pero que a medio- largo plazo supone la fusión real de éstas. De esta manera, se ha conseguido una reivindicación histórica de los grandes bancos españoles, que era la desaparición de las cajas de ahorros y con ellas, de la fuerte competencia que estas suponían. La creación de los SIP ha supuesto: agrupar cajas de ahorros con dificultades y, por tanto, agravar aún más el problema hasta generar situaciones insostenible como la de Bankia, por poner el ejemplo más sangrante; y la transformación de cajas de ahorros en bancos. Junto a esto, también se han seguido dando fusiones reales entre entidades, así como la compra, una vez saneadas, de cajas de ahorros (Caja Castilla-La Mancha, CAM) y de bancos (Banco de Valencia, Novagalicia Banc) por parte de otros bancos, incrementando estos últimos su poder de mercado. Por último, para sanear los bancos y cajas en dificultades, se han creado dos herramientas: el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria FROB y la Sociedad de Activos Reestructurados SAREB o banco malo. Además, el Gobierno centraltuvo que solicitar un rescate bancario a la Unión Europea de hasta 100.000 millones de euros, de los cuales se han utilizado unos 41.300 millones aproximadamente. Recientemente, el FROB ha reconocido que casi 40.000 millones de euros de los destinados al saneamiento de la banca (que es el equivalente a los recortes realizados en los servicios públicos hasta la fecha) van a incorporarse a la deuda pública directa.

Las consecuencias de esta reforma están siendo todas ellas negativas. En primer lugar, la desaparición de las cajas de ahorros va a suponer también muy probablemente la eliminación de la Obra social y, por tanto, de los fondos que la banca destinaba históricamente a actividades socioculturales. En segundo lugar, la reestructuración del sistema bancario está suponiendo un fuerte incremento de la concentración del sector, de manera que los cinco primeros bancos controlan ya más del 50% de los depósitos del sistema. Y en tercer lugar, el saneamiento del sistema bancario está suponiendo un incremento importante de la deuda pública española, que el Gobierno está compensando a través de recortes en servicios básicos para los ciudadanos. Podemos afirmar, por tanto, que la reforma bancaria llevada a cabo durante la crisis ha sido totalmente equivocada, al no hacer un diagnóstico de los verdaderos problemas de la banca y poder plantear así reformas realmente efectivas.

Una reforma del sistema bancario español en profundidad debería basarse en cuatro principios clave: 1) Gravar las transacciones especulativas y poco éticas de la banca actual con el fin de penalizar los abusos de poder y las prácticas bancarias fraudulentas y desincentivar así este modelo de sistema bancario que nos ha llevado a la crisis y actualmente nos está impidiendo salir de ella; 2) Potenciar la banca cooperativa, de fuerte arraigo e implantación en España, con el fin de apostar por un modelo de banca local y de proximidad a las necesidades financieras reales de las familias y las empresas; 3) Apostar por la banca ética, de escasa implantación en España, con el fin de potenciar un modelo de banca transparente y socialmente responsable; y 4) todo lo anterior se ha de hacer desde abajo hacia arriba, con la implicación directa de los ciudadanos, potenciando la figura del consumidor socialmente responsable.