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La sombra de ‘El padrino’ en Orihuela

La moción de censura para desbancar a Los Verdes y el PSPV oculta intereses particulares y la privatización de la basura

Pepa Ferrando, candidata a la alcaldía por el PP en la moción de censura, y Mónica Lorente, exalcaldesa, durante el pleno del pasado viernes.
Pepa Ferrando, candidata a la alcaldía por el PP en la moción de censura, y Mónica Lorente, exalcaldesa, durante el pleno del pasado viernes.DAVID RODRÍGUEZ

“Con lo que le ha costado a este equipo de gobierno (Los Verdes-PSPV) quitarse de encima a un padrino, ahora se abren las puertas para otro”, afirma el todavía alcalde de Orihuela, Monserrate Guillén, de Los Verdes, que afronta una moción de censura suscrita por el PP y dos ediles expulsados de la coalición Centro Liberal Renovador (CLR)- Claro, y que se debatirá el próximo día 3 de enero.

En los años en los que el PP coleccionaba mayorías absolutas en Orihuela (gobernó durante 24 años consecutivos entre 1987 y 2011) el empresario Ángel Fenoll, uno de los cabecillas del caso Brugal, era omnipresente en las contratas municipales, en los negocios y en los contubernios del PP. Pero en los últimos meses, según varias fuentes municipales, el que mueve los hilos en la derecha local es José Alcántara, un abogado que comparte despacho a medias con Pedro Mancebo y Juan Ignacio López Bas, los dos ediles del CLR que apoyan al PP en esta moción, y que si prospera asumirán las áreas con mayor gestión económica del Ayuntamiento.

Pero la operación está en el aire, porque la expulsión de su partido les convierte en concejales no adscritos, que no pueden votar mociones de censura. Sin embargo, ellos se defienden y consideran que la reunión en la que se les expulsó no fue válida. Al final, la moción tiene visos de acabar en los tribunales.

Al margen de lo que ocurra en las próximas semanas, lo cierto es que el epicentro de la política local en Orihuela durante años ha sido el negocio del tratamiento y la recogida de la basura. El detonante del caso Brugal, el mayor escándalo de corrupción político empresarial, es precisamente el negocio de la basura y los intereses del empresario Ángel Fenoll, condenado en su día por comprar de votos a favor del PP y acusado de pagar campañas electorales.

El alcalde de Els Verds: “A mi me echarán los corruptos, pero no se lo pondré fácil”

El nuevo gobierno progresista de Orihuela, tras las últimas elecciones de 2011, decidió, contra viento y marea, municipalizar el servicio de recogida de basura para evitar tentaciones y corruptelas. “Eso fue un punto de inflexión, ahora nadie se llena los bolsillos con este negocio”, explica el alcalde quien recuerda que los concejales como Mancebo, que ahora firman una moción con el PP, apoyaron a regañadientes el rescate del servicio, cuando en los primeros meses se integraron en el gobierno.

La línea entre los intereses públicos y privados en Orihuela es difusa y débil. Las relaciones de unos con otros se confunden.

Pedro Mancebo, edil ahora expulsado del CLR, se inició en política de la mano del PP en la época del exalcalde, José Manuel Medina. Según fuentes municipales, Mancebo trabajó como empleado municipal laboral en la zona de la costa, pero la futura alcaldesa, Mónica Lorente, al parecer, no confió en él para su nuevo equipo de concejales. Alcántara creó junto a Jesús Ferrández el Centro Liberal, y durante tres mandatos consiguieron cinco concejales. Pero antes de las elecciones de 2007 el CL se disuelve, y Alcántara ficha como candidato del nuevo Centro Liberal Renovador a Joaquín Ezcurra, un conocido periodista de la televisión local propiedad de Alcántara, que obtiene el acta de concejal. Pero, desafortunadamente, fallece un año más tarde, y el siguiente de la lista era Pedro Mancebo.

En aquellas elecciones, un jubilado británico harto de la falta de servicios en la costa, Bob Houliston creó un partido político independiente que se llamó Claro, y que se hizo fuerte en esta zona residencial y entre los residentes extranjeros, donde consiguieron 900 votos, pero no sacaron ningún concejal. Pronto, Houliston se dio cuenta de que necesitaba alianzas para llegar al Ayuntamiento, y en ese momento el CL, solo tenía a Mancebo como concejal.

El tercer intento de moción de censura cuenta con el aval del PP regional

Por eso, en vísperas de las pasadas elecciones municipales se constituyó una coalición entre CLR y Claro que obtuvieron cuatro concejales, que son claves para la gobernabilidad de este Ayuntamiento en el que el PP tiene 12 ediles, los socialistas 6, Los Verdes 3 y 4 CLR-Claro. El PP se quedó sin mayoría absoluta y no pactó con los liberales por enemistad manifiesta y rivalidades personales.

Al principio de la legisltaura Houliston fue el primero que se brindó a colaborar con el nuevo gobierno en minoría presidido por Los Verdes, con el apoyo del PSPV, y a las pocas semanas se integraron el resto. Sin embargo, el idilio duró poco y la ambición de poder les quemó. Houliston llegó a firmar un preacuerdo de gobierno con el PP, y con Mónica Lorente a la cabeza, para presentar una primera moción de censura encabezada por una candidata imputada en el caso Brugal. El PP se opuso a moción. Entonces Mancebo y López-Bas expulsaron al edil de origen británico y a la concejal Asunción Mayoral del grupo municipal del CLR con lo que pasaron a ser concejales no adscritos y el secretario municipal les impidió apoyar esa moción de censura el verano pasado.

Ahora, pocos meses más tarde, la historia se repite pero al revés. Mancebo y López-Bas han firmado una moción con el PP, en la que figura como prioridad la licitación de un nuevo pliego de condiciones para el servicio de basuras y deja en manos de los dos concejales del CLR áreas importantes como Contratación, Urbanismo, Infraestructuras y Costas.

Sin embargo, el problema es que la dirección de la coalición en la que concurrieron a las elecciones, que controla Houliston, aprobó esta semana su expulsión por “actuar al margen” de la formación al pactar con el PP. Si el secretario municipal no emite un informe contundente y confirma la expulsión de estos dos ediles, y el presidente de la mesa de edad del pleno, que es Bob Houliston, les considera no adscritos el día de la moción, esta no prosperara y acabará en los tribunales.

El todavía alcalde tiene en su despacho todos sus objetos personales recogidos “por lo que pueda pasar”. Guillén admite que “se veía venir, y ni el PP y el CLR pueden dejar pasar esta oportunidad y necesitan estar en el gobierno”. El alcalde advierte de que “a mí me tendrán que echar los corruptos y los imputados, pero fácil no se lo voy a poner”.

Entre las filas del PP aguantan la respiración porque son conscientes del fracaso que supondría si la moción no prosperara. Se trata del tercer intento, y en esta ocasión la operación contó con la bendición y aval del secretario general del PPCV, Serafín Castellano, que llegó a desplazarse a Orihuela esta mañana para anunciar el pacto con estos dos ediles. La dirección provincial del PP, que preside José Ciscar, se enteró por la prensa de toda esta operación.

Políticos imputados y condenados

De los 141 casos de corrupción que tramitan los juzgados valencianos, 43 (el 30%) se investigan en Orihuela. Solo en el caso Brugal una trama político-empresarial ligada al negocio de la basura, hay más de 40 imputados, entre ellos dos exalcaldes de la ciudad, Francisco García Ortuño y Mónica Lorente. Desde 1979, Orihuela ha tenido siete alcaldes, cuatro de los cuales han estado imputados y dos de ellos condenados en firme. Luis Fernando Cartagena llegó a ingresar en prisión por un breve periodo de tiempo por falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos. José Manuel Medina fue condenado a siete años de inhabilitación para ocupar cargo público por prevaricación al no cumplir un decreto de alcaldía. La lista de políticos imputados en Orihuela no es corta. Actualmente, cinco de los 12 concejales del PP están siendo investigados. La exalcaldesa y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento, Mónica Lorente, está doblemente imputada, por Brugal y por adjudicar el contrato de una obra en una plaza cuando ya estaba inaugurada. Otro concejal, Roberto López, ha sido condenado a pagar una multa de 900 euros por una falta de lesiones leves y amenazas a una mujer. Tres ediles más también tienen cuentas pendientes con la justicia. Y por si fuera poco, la candidata a la alcaldía en esta moción de censura, Pepa Ferrando, está siendo investigada por un juzgado por su gestión como concejal de Turismo. El juzgado pide al consistorio que le remita los expedientes de la facturación realizada para la feria de turismo internacional  (Fitur) entre los años 2009 y 2011. El nuevo gobierno denunció que mediante facturas inferiores a 18.000 euros el anterior gobierno municipal del PP de Orihuela, presidido por Mónica Lorente, y con Ferrando de concejal, llegó pagar en cuatro años facturas por valor de 340.000 euros a varias empresas por servicios prestados en las ferias.

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