Alaya imputa cuatro delitos a las exsecretarias de Guerrero por los ERE

La juez que investiga el caso de los ERE irregulares ha imputado cuatro delitos a dos exsecretarias del ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, el principal imputado en esta causa. Según Mercedes Alaya, las dos exsecretarias, María Ángeles Gala y Rocío Sayago, eran “conocedoras y partícipes” de la tramitación de expedientes para subvenciones sociolaborales y sabían que mediante ellos se estaban repartiendo “a discreción, sin criterio legal alguno, miles y miles de euros de fondos públicos”. La juez les imputa a cada una un delito de tráfico de influencias y tres delitos continuados de prevaricación, malversación de fondos públicos y omisión del deber de perseguir delitos.

Gala y Sayago han comparecido este lunes ante la juez. Al término de sus declaraciones, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una fianza de responsabilidad civil de 220.000 euros para Gala, que fue responsable de la secretaría de la Dirección General de Trabajo durante la época de Guerrero; para Sayago, secretaria adjunta de Guerrero, el fiscal ha pedido la imposición de una fianza de 80.000 euros. Las acusaciones que ejercen la Junta de Andalucía y el sindicato Manos Limpia se adhirieron a estas peticiones.

Según el acta de las comparecencias, Gala ha accedido a responder a las dos primeras preguntas formuladas por Alaya, pero luego dijo sentirse mal y pidió acogerse a su derecho a no declarar, salvo al cuestionario de su abogado, que se quejó de que la transcripción que se estaba haciendo de las palabras de la exsecretaria no recogía fielmente el contenido de su declaración. Sayago se ha acogido directamente a su derecho a no declarar.

La juez cree que las exsecretarias de Guerrero eran “conocedoras” de las ayudas sociolaborales que se concedían “con absoluta ausencia de cualquier orden procedimental” y de los “numerosos intrusos” en pólizas de prejubilaciones. “De todos estos conocería que ninguno tenía derecho a cobrar una renta de prejubilación, pues no pertenecían a la empresa tomadora de la póliza”, sostiene Alaya sobre ambas empleadas.

De entre los intrusos que, según la juez, las exsecretarias conocían, Alaya cita a los militantes del PSOE de Camas José Antonio García Prieto, Ricardo Medina Barrios y José Acevedo López, a los que acusa de acudir “en comandita” al despacho de Guerrero. La magistrada asegura que Gala y Sayago conocían también la condición de intruso de Juan Manuel López Espada, también militante del PSOE de Camas, y que acudió al despacho del director de Trabajo con el cuñado del ex delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. La juez también alude al chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, a quien, según Alaya, se le consiguió una ayuda gestionada por las dos exsecretarias.

La magistrada cree que ambas eran “plenamente conocedoras” del sistema de pagos que ordenaba Guerrero y que ellas redactaban y dirigían a las mediadoras para autorizar el desvío de dinero para la inclusión de intrusos o para atender “compromisos” del director general “con personas o empresas al margen del conocimiento del IFA”. A Gala le acusa de conocer el “tráfico de influencias” del exsindicalista de UGT Juan Lanzas sobre el director general de Trabajo y de conseguir, gracias a sus contactos con Guerrero y Lanzas, que su amigo José Luis Llorente fuera incluido en la póliza de la empresa Aglomerados Morell y se le hiciera un contrato simulado que costó a la Junta 165.585 euros.

A preguntas de su abogado, Gala ha argumentado que solo entregó el currículum de Llorente y cuando el fraude de los ERE y los presuntos delitos de Guerrero saltan a los medios de comunicación se “asusta” por si le puede afectar. Por eso, asegura la exsecretaria, habló con Llorente para pedirle que dijera que no le conocía. Como prueba de su inocencia, Gala le ha contado a la juez que en esa época su marido estaba en paro y nunca “se le pasó por la cabeza pedir un trabajo para él, entre otras cosas porque el perfil de su marido no encajaba en la Administración”.

Sobre Sayago, Alaya cree que, a través de la influencia que ejercía en el director general de Trabajo, consiguió que la empresa de su marido, Coflosur, recibiera en marzo de 2004 una ayuda directa por importe de 60.000 euros.