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El cierre de RTVV limitará durante años las cuentas

Los avales a las fundaciones de fútbol contribuyen deteriorar el Instituto Valenciano de Finanzas

Rafael Vicente Queralt, derecha, entrega a Fabra el informe de la Sindicatura de Cuentas.
Rafael Vicente Queralt, derecha, entrega a Fabra el informe de la Sindicatura de Cuentas.Tania Castro

El cierre de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) afectará a la ejecución de los presupuestos futuros de la Generalitat, ya que los acuerdos que se irán adoptando tendrán "su correspondiente repercusión contable", indicó el Síndic Major de Comptes, Rafael Vicente Queralt, al presentar ayer en las Cortes Valencianas el informe de la Sindicatura de Comptes sobre la Generalitat correspondientes al año 2012. Queralt explicó que una vez redactado el informe "ocurrió lo que ocurrió", en referencia al cierre de la cadena pública, y señaló que, por este motivo, la memoria incluye "una relación de hechos posteriores".

Asimismo, advirtió de que la liquidación "puede afectar a la ejecución presupuestaria de la Generalitat, en función de los acuerdos que se vayan tomando". Al respecto, hizo referencia a las indemnizaciones a los trabajadores o al patrimonio de la empresa. "Todo esto lo tiene que resolver la comisión liquidadora adoptando muchos acuerdos", manifestó el Síndic, que indicó que esto se verá en el informe de 2013, que se presentará a finales del año 2014.

De momento, en el informe de fiscalización presentado ayer, la Sindicatura empieza por consignar que las cuentas anuales del ente público RTVV, en liquidación en 2012 para dar paso a una nueva RTVV Sociedad Anónima Unipersonal, y la auditoría correspondiente se presentaron fuera de plazo, el 21 de noviembre, y constata que "no existen elementos objetivos suficientes que permitan efectuar una estimación razonable del efecto que pudieran tener sobre las cuentas del Grupo RTVV a 31 de diciembre las consecuencias derivadas de las medidas previstas" en la ley de cierre de esta segunda versión de la radiotelevisión autonómica, decidida por Alberto Fabra hace apenas un mes y medio, tras la anulación del ERE que afectaba a más de mil trabajadores.

Los contratos del aeropuerto de Castellón presentan diversas incidencias

La Sindicatura confirma que RTVV acumula 1.062 millones de deuda y que el acuerdo de trasladar ese endeudamiento a la Generalitat, adoptado por el Consell en diciembre de 2012, no se ha cumplido porque "únicamente se había obtenido la aceptación de una entidad financiera, cuya deuda ascendía a 53,1 millones de euros". El consejero de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, reconoció ayer que "se está negociando con los bancos" para asumir la deuda, pero eludió explicar cuántos bancos han aceptado y cuántos no que la deuda de RTVV pase a la Generalitat. "Estamos hablando con las entidades financieras", reiteró. Moragues reconoció que los bancos podrían reclamar el cobro íntegro de los préstamos al vencimiento, algo que se hace todavía más inmediato cuando la sociedad entra en liquidación, pero añadió: "No contemplamos la posibilidad de que venzan y se exija el cobro".

Por otra parte, la desafectación del edificio del centro de RTVV en Burjassot, efectuada para reequilibrar la situación patrimonial, no se ajusta a le ley, según el criterio de la Sindicatura de Comptes. Dos cuestiones destacan en un conjunto lleno de observaciones de incidencias. De un lado, la sentencia que condena a Canal 9 a pagar 10,5 millones por los derechos de retransmisión de la Fórmula 1 y, de otro, la advertencia de que dos facturas por importe de dos millones de euros que fueron incluidas por RTVV en el mecanismo del plan de pago a proveedores "no cumplen los requisitos exigidos".

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Finalmente, el informe se refiere al expediente de regulación de empleo (ERE), anulado por el TSJ. La Sindicatura revisó una muestra de 25 trabajadores afectados por el despido colectivo y detectó que "cinco de ellos habían sido contratados de forma temporal para la realización de programas, sin que constara en los respectivos expedientes la preceptiva constatación de los derechos adquiridos para su consideración como indefinidos".

[PIRRINCHI]<SC200,69> [/PIRRINCHI]CACSA. En respuesta a la necesidad de presentar un plan de saneamiento, dados los excesivos niveles de pérdidas, la sociedad pública que gestiona el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia, indicó a la Sindicatura que había elaborado un documento del que la institución fiscalizadora señala que no ha obtenido "evidencia de su aprobación". También acordó inicialmente un plan de externalización en dos lotes del complejo, pero contrató después a una empresa consultora para "replantear" el modelo de gestión. El trabajo de la consultora ha tenido que ser corregido, apunta la Sindicatura, que también señala que "las desviaciones de ejecución del contrato de obras del Ágora y urbanización colindante, del 15,1%, no se han atenido a lo dispuesto en la normativa general de contratación".

[PIRRINCHI]<SC200,69> [/PIRRINCHI]Emarsa. La Sindicatura de Comptes proyecta sombras sobre la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales, implicada de lleno en el saqueo de la depuradora de Valencia, en el caso Emarsa. El informe advierte, entre otras cosas, de fallos de control interno, el cual no aporta "un nivel de confianza suficiente para garantizar la correcta ejecución y reducir el riesgo de errores o irregularidades". En 2012, año analizado por el organismo, el juez del caso imputó al gerente y al jefe de explotación de Epsar por varios supuestos delitos.

[PIRRINCHI]<SC200,69> [/PIRRINCHI]Aerocas. La sociedad del Aeropuerto de Castellón, infraestructura que dos años después de acabarse sigue sin recibir aviones, presenta problemas en las contrataciones. Según el informe, no consta que el órgano de contratación haya aprobado los pliegos de condiciones antes de las licitaciones, ni que se sometan a informe jurídico ni se justifique la elección de criterios a considerar para las adjudicaciones. Falta información en las cuentas anuales aprobadas y no se advierte de los riesgos que suponen para la sociedad los litigios del contrato de explotación.

[PIRRINCHI]<SC200,69> [/PIRRINCHI]FGV. La Sindicatura considera infravaloradas en 13 millones las pérdidas de la compañía, pues no previó el coste del ERE. Existen contratos tramitados como menores o negociados sin publicidad y llama la atención sobre los ascensos laborales documentados solo con notas internas. "Se considera necesario que los ascensos de categoría se documenten", sugiere. Además, en las nóminas de varios empleados se recogen claves salariales que no se están en las tablas vigentes.

[PIRRINCHI]<SC200,69> [/PIRRINCHI]IVF. El Instituto Valenciano de Finanzas vio deteriorado su balance en 16,6 millones de euros por la ejecución de dos avales concedidos a dos fundaciones de clubes de fútbol. No son los únicos avales, hay otros dos. Como ocurre con el de la Fundación del Valencia, están condicionados por lo que decidan los tribunales.

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