La exalcaldesa de Jerez se revuelve contra la Fiscalía Anticorrupción

No es la primera vez que la exalcaldesa de Jerez (Cádiz) Pilar Sánchez se queja de la Justicia, pero hasta ahora ni lo había hecho público ni lo había expresado con tanta crudeza. La exregidora ha conocido por la prensa que la fiscalía pide para la socialista siete años de cárcel y 16 de inhabilitación por la concesión, supuestamente irregular, de una ayuda de 244.000 euros a una empresa sanitaria para que se instalara en el Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA) de la ciudad.

“Lamento profundamente conocer, una vez más, informaciones relevantes de procedimientos judiciales por los medios de comunicación y no a través de los cauces habituales, como sería lo lógico, lo legal y lo deseable. La Justicia, más que alimentar el respeto a la presunción de inocencia de los ciudadanos, alimenta su linchamiento público, deja de ser Justicia para convertirse en inquisición”. Este es el arranque del comunicado que Sánchez ha emitido horas después de hacerse pública la calificación de Anticorrupción. La exregidora asegura que el dictamen de la fiscalía no había sido notificado a su abogado y anuncia que pedirá amparo al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con el ánimo de que incluso se depuren responsabilidades penales. “Mi confianza en la Justicia sigue intacta y sobrellevaré el linchamiento público a que se me condena con la dignidad y entereza que mi conciencia me proporciona”, añade en el escrito.

La fiscalía entiende que Pilar Sánchez cometió los delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude en la Administración pública. Desde 2010, se investiga si la entonces alcaldesa benefició con la concesión de una subvención a la empresa sevillana Tecnología e Innovación Sanitaria (Tinsa) —firma relacionada con un antiguo dirigente del PSOE— en detrimento de otras aspirantes que habían solicitado igualmente la rebaja en el precio del suelo y que contaban con mayor puntuación. La exalcaldesa afirma que es “rigurosamente falso” que dictara “resolución injusta alguna tendente a beneficiar ni a esa empresa ni a ninguna otra”.

Hay otras seis personas imputadas en el caso, entre ellas, el portavoz del grupo municipal socialista, Francisco Lebrero, quien este miércoles ha preferido, en el transcurso de un desayuno navideño, no valorar la petición de más de cuatro años de prisión que Anticorrupción solicita para él. Juventudes Socialistas de Jerez ha pedido en un comunicado a la dirección del PSOE que destituya a Lebrero como concejal y a Pilar Sánchez como alto cargo de la Consejería de Educación.