La influencia de la Consejería de Presidencia en el ERE de Bilore

La Guardia Civil sostiene en un informe que la mediación de la Consejería de Presidencia de la Junta fue clave para que el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, el principal implicado en el fraude de los ERE, concediera ayudas en 2004 a la empresa Bilore. En esta época, el presidente de la Junta era Manuel Chaves.

Los agentes llegan a la conclusión de que Presidencia hizo esta mediación después de que los trabajadores de la empresa, que atravesaba una crisis que amenazaba con su cierre, entregasen una carta a Juan Gallo, alto cargo de la Junta, en febrero de 2004, aprovechando la visita de Chaves a Osuna (Sevilla). En la carta, los trabajadores dejaban entrever que podían reventar un acto que el presidente de la Junta iba a tener pocos días después en Lucena (Córdoba).

La Guardia Civil destaca que desde la Consejería de Presidencia se envió un fax a Guerrero en el que se le instaba a resolver el problema de Bilore. El fax, apuntan los agentes, dice que “sería conveniente haber encauzado” el asunto de Bilore antes de la visita prevista de Chaves a Lucena.

En el informe, los agentes destacan que Guerrero, en su declaración judicial y ante la Guardia Civil, declaró que solo recibió una vez una orden por escrito, referida a que había que ayudar a Bilore. El documento añade que Guerrero asumió la orden de Presidencia de “hacer lo necesario para ayudar a los extrabajadores y seguir realizando sus funciones para mantener la paz social, bien avalando un crédito con el que los extrabajadores adquirirían las instalaciones de Bilore o mediante prejubilaciones”.

La Guardia Civil también ha entregado el informe relativo a otra firma perceptora de ayudas, la empresa pública Egmasa. En este caso, afirma que las ayudas que recibió para practicar un ERE no redundaron en beneficio de los trabajadores despedidos “sino de la propia empresa”, por lo que el dinero que percibió (más de 16 millones de euros) debe considerarse una ayuda directa. Además, destaca la influencia que altos cargos de la Junta tenían en la empresa pública pese a ser ajenos a ella.