Tres empresas con cargos compartidos para un solo contrato

El juzgado que instruye el caso de la nunca construida ciudad deportiva de Orihuela investiga si se violó el principio de concurrencia en uno de los contratos para la dirección de obra del proyecto. Sin publicidad mediante, el Gobierno de la popular Mónica Lorente invitó a optar al contrato a tres empresas que han compartido apoderados y administradores; una de ellas, una óptica. La única mercantil que obtuvo contrato municipal para el proyecto es la empresa del cuñado de Asunción Mayoral, la edil no adscrita cuya firma fue necesaria para presentar el pasado verano dos mociones de censura fallidas por parte del PP contra el actual gobierno de Los Verdes y el PSPV.

Así consta en la ampliación de la denuncia presentada por el PSOE ante la fiscalía, que en un principio únicamente versaba sobre el pago de 96.000 euros para el estudio de viabilidad de un terreno que la arquitecta municipal había advertido en informe oficial que era suelo no urbanizable por ser inundable. El jueves pasado comenzaron declarando los imputados, entre ellos los dos exconcejales del PP encargados entonces de Contratación e Infraestructuras, David Costa y Manuel Abadía respectivamente; así como tres altos funcionarios (el secretario, el interventor y el jefe de Contratación). También está imputado el único administrador y socio de la empresa Inpromon, SL, Manuel Ferrández Villena García, la única empresa que sacó algo del proyecto nunca construido.

La ampliación de la denuncia inicial por el ministerio fiscal tras la aportación de diversas informaciones de la socialista Antonia Moreno (antes de dejar la concejalía de Contratación a principios de diciembre), expone que el exresponsable de Contratación, David Costa, podría haber incurrido en una “evidente infracción del principio de concurrencia” al iniciar un expediente de contratación e invitar a tres empresas con una “evidente” relación entre ellas y sin tener aprobación para sacar adelante el plan.

En el documento se destaca el objeto social por aquel entonces de una de las empresas invitadas, Lofish, SL: “El comercio al por menor, reparación, limpieza y adaptación de gafas de todas clases… de todo tipo de aparatos de óptica, audiometría y audiólogos”.

Según narra el escrito, Proinmed Levante, Lofish, SL, e Inpromon fueron las conminadas a optar a la adjudicación del contrato para la dirección de la primera fase de la ciudad deportiva. Las dos primeras mercantiles comparten asesor. Y, Ferrández Villena, único socio de Inpromon, fue apoderado solidario de Proinmed hasta 2009.

La carrera de Inpromon Arquitectura e Ingeniería, SL, fue fulgurante desde la llegada de Mónica Lorente a la alcaldía. Entre el 2007 y el 2011, coincidiendo con su mandato, la firma había facturado a las arcas municipales casi medio millón de euros.