Tres décadas de dolor

La madrugada del 17 de diciembre de 1983 Madrid se despertó con una terrible pesadilla. El incendio en la discoteca Alcalá 20, en pleno centro de la capital, se había cobrado hasta ese momento 78 muertos. La falta de medidas de seguridad y el cierre con candado de las salidas de emergencias agravaron la tragedia y motivaron que se revisaran los protocolos y las medidas de seguridad. Ahora, justo 30 años después, las víctimas y algunos responsables prefieren el olvido. Reconocen que, pese a que ha pasado mucho tiempo, esas imágenes vuelven con frecuencia a sus mentes.

La región terminaba con el incendio de Alcalá 20 un mes negro en el que se habían registrado dos accidentes aéreos mortales en Barajas y en Mejorada del Campo. En total, 355 víctimas mortales. La cifra provisional de 78 fallecidos aumentó a la semana a 81. Un herido muy grave moría en el hospital y eran encontrados dos jóvenes en el hueco de un ascensor del inmueble.

Un posible cortocircuito en el sistema eléctrico pudo estar detrás de la tragedia. Pasadas las 4.30 de la madrugada de aquel sábado se desencadenaba un incendio en los cortinajes del escenario. Algunos clientes empezaron a chillar “¡fuego, fuego!”, pero muchos se pensaron que se trataba de una broma, por lo que siguieron bailando en aquel local de moda. Según los responsables, solo había unas 150 personas, pero los asistentes hablaron de cerca de un millar.

"Cada día me acuerdo de lo que pasó aquella noche”, recuerda una afectada

Las llamas crearon una fuerte humareda y la gente empezó a correr escaleras arriba para intentar alcanzar la calle, pero el problema es que el pasillo y la zona del ropero eran muy estrechos para acoger a decenas y decenas de personas que querían huir de la muerte. Esas carreras provocaron una avalancha y que algunos cayeran al suelo y fueran aplastados por otros asistentes a la discoteca.

El cierre de las puertas de emergencias, incluso con candados, convirtió el antiguo Cabaret Lido de 1927 transformado en discoteca en una auténtica ratonera para decenas de personas que no pudieron salir a la superficie.

Ha pasado mucho tiempo y muchos de los afectados prefieren pasar página. Es el caso de Purificación A. P., que perdió a una hermana en el incendio. Su padre era el portero de la finca situada justo encima de la discoteca. Ella estaba durmiendo, cuando la sacaron sus progenitores ya que la casa se estaba llenando de humo. “Lo hemos llevado muy mal. Han sido 30 años horribles. Cada día me acuerdo de lo que pasó y nunca se me va de la cabeza”, reconoce Purificación al otro lado del teléfono. Se emociona y prefiere no seguir hablando. Otras víctimas o sus familiares ni siquiera dejan terminar la pregunta. Acaban la conversación en cuanto sale el tema de la discoteca Alcalá 20.

Uno de los primeros en llegar al incendio fue el bombero Francisco Gallego Clavero, que estaba como integrante de un autobomba del parque de Manuel Becerra. “Los primeros que llegaron fueron los de la central, los de la calle Imperial. Cuando llegamos, estaba allí toda la policía de Madrid. Era un auténtico caos”, recuerda este bombero ya retirado. Su primer recuerdo fue el hallazgo de tres cadáveres muertos por asfixia en una escalera. Después bajó a la discoteca y se encontró con “un montón de gente amontonada” junto al vestuario.

“Yo alumbraba con una linterna de petaca que llevábamos entonces mientras mis compañeros sacaban los cuerpos. Afuera esperaban familias y amigos”, rememora Gallego, que entonces tenía 35 años. “Fue un palo muy fuerte porque casi todo el mundo murió por asfixia”, añade.

Los informes técnicos demostraron que la escalera se convirtió en el tiro de chimenea por el que salió todo el humo y por el que intentaron huir los clientes. De hecho, era la única vía de escape del local.

"La escalera era muy estrecha y empinada”, afirma un técnico

El incendio se difundió rápidamente por las emisoras de los servicios de emergencia. “Atención, todas las patrullas que se encuentren libres que acudan a la discoteca Alcalá 20, donde se ha registrado un incendio”, se oyó por la de Policía Municipal. En un coche patrulla estaba Mateo Rivas, un agente de 24 años, que días antes también había estado en el accidente aéreo de Mejorada del Campo. Estaba en la Unidad de Protección Ciudadana y llevaba un Seat 131 ranchera. Recogió junto con su compañero a una joven para trasladarla al hospital Provincial (actual Gregorio Marañón). “Cuando íbamos por la Puerta de Alcalá, nos avisaron de que este centro estaba colapsado, por lo que la llevamos a La Paz”, recuerda este agente destinado ahora a la Unidad de Atestados de Tráfico. “Lo que más me impactó fue que salía mucho humo y que no se podía estar ni en la puerta de la discoteca. Los bomberos tenían que bajar con equipos de respiración”, concluye.

La cifra de víctimas iba creciendo según amanecía aquel 17 de diciembre. Un jovencísimo juez, el gaditano de 28 años Jacobo López Barja de Quiroga, instruyó el caso, en una actuación que algunos juristas han calificado con el tiempo como “magistral” o “de libro”.

El Ayuntamiento de Madrid designó a uno de los jefes de equipo de la recién creada Protección Civil, Rafael Moro, para asistir al juez. “Si la gente hubiera bajado al sótano, se habrían salvado todos, porque allí no hubo nada de humo”, recuerda este técnico de seguridad. “La escalera de entrada era muy complicada, estrecha y empinada. Desde luego no estaba preparada para toda la gente que había en la sala. Llegamos a encontrar gente muerta dentro del ropero”, añade Moro. “Estuvimos buscando a dos personas durante una semana hasta que los encontramos en el hueco del ascensor. Sus familiares nos decían que estaban allí y llevaban razón”, recuerda. El entonces jefe de equipo de Protección Civil puso una red de autobuses para atender a los familiares que tenían que desplazarse a hacer trámites a los juzgados.

El magistrado ordenó la detención de los cuatro empresarios dueños de la discoteca y su ingreso en prisión eludible bajo fianza de 50 millones de pesetas (300.000 euros). También procesó a otras personas, como el entonces concejal de Seguridad, Emilio García Horcajo. El juicio se celebró diez años después y en el mismo se condenó a los empresarios, al autor de la instalación eléctrica y el inspector del Ministerio de Interior por delitos de imprudencia temeraria. El Estado tardó cuatro años en pagar las indemnizaciones.

García Horcajo, ya retirado, prefiere no hablar del tema. “Fue muy traumático en su momento. Ha pasado mucho tiempo y, desde que fui absuelto, nunca he vuelto a hablar de ello”, se limitó a decir en una conversación telefónica con este periódico.