Castellón quiere acelerar el nuevo plan general tras cinco años de litigios

La ciudad de Castellón no tiene Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Y no lo tiene desde que el Tribunal Supremo lo declarara nulo en una sentencia de 2008 y a pesar del empecinamiento de Alberto Fabra primero (entonces alcalde) y de Alfonso Bataller (actual regidor) después por interpretar y ejecutar los fallos de forma distinta de la que se les pedía: elaborar un nuevo plan desde el principio y conforme a la normativa actual.

El tercer pronunciamiento del alto tribunal conocido este viernes ratifica lo dictado en 2008 y reiterado en 2011 (la nulidad del plan en su integridad) y acusa al actual consistorio de intentar “eludir” sus pronunciamientos al aprobar en septiembre del pasado año una nueva exposición pública y no el inicio de la redacción de otro documento. Ahora, al Ayuntamiento no le queda otra que afanarse en el proceso de redacción de un nuevo PGOU cuyos primeros pasos se han dado este año, en previsión del varapalo judicial. Atrás quedan cinco años de litigios que, para la oposición, suponen un “tiempo perdido”.

“Es imposible fijar un plazo exacto, pero queremos hacer el nuevo PGOU en dos años y tenerlo a finales de 2015”. El concejal de Urbanismo de Castellón, Miguel Ángel Mulet, explicó este sábado que el Ayuntamiento empezó este año a elaborar un nuevo plan mientras esperaban que la última decisión del Supremo respaldara su intento de validar el documento con una mera exposición pública. No ha sido así y no hay más alternativa que empezar desde cero. Según Mulet, este proceso podría cerrarse en dos años y no en cuatro como es habitual porque ya tienen “mucho trabajo avanzado”. Un decreto de régimen transitorio del Consell aprobado el pasado año salva a Castellón de sumirse en un caos urbanístico, ya que mantiene las reglas urbanísticas del plan anulado para no retrotraerse al de 1984.

El edil de Compromís, Enric Nomdedéu, reprocha al alcalde, Alfonso Bataller, que lleva dos años desperdiciados desde que el Supremo insistió en 2011 que el plan fue declarado nulo tres años antes y que el equipo de Alberto Fabra hizo un “simulacro de cumplimiento” de aquella primera sentencia. Una “ficción” perpetrada con Fabra como alcalde y Javier Moliner, presidente de la Diputación, como edil de Urbanismo. Bataller repitió los mismos pasos y el Supremo ha mostrado su perplejidad.

El fallo, dado a conocer el pasado viernes, expone: “Retorna una ejecutoria a esta sala a pesar de que ya declarásemos en nuestra sentencia de noviembre de 2011 que el PGOU de Castellón era radicalmente nulo, lo que habría de ser tenido en cuenta para el trámite de información pública que debía llevarse a cabo en cumplimiento de lo ordenado en nuestra previa sentencia de 2008, al igual que habrían de tenerse en cuenta las circunstancias materiales y jurídicas del momento en que se cumpliese dicho trámite”.

Bataller insistió en exponer el plan pero, no de acuerdo a la normativa vigente (tal y como se viene insistiendo), sino a la anterior Ley Reguladora de la Actividad Urbanística Valenciana. El resultado era previsible y por ello el regidor acabó asumiendo en enero de 2012 el inicio del proceso para redactar las nuevas normas urbanísticas y convocó foros sectoriales de consulta. En julio de este año se aprobó por pleno el inicio de la redacción del nuevo PGOU, que prevé rebajar en un 18% el suelo residencial previsto en el plan anulado del año 2000.

El nuevo plan prevé rebajar el 18% del suelo residencial previsto en 2000

“Una cosa es elaborar una modificación del PGOU con uno en vigor, y otra muy diferente es tener que elaborarlo sin tener nada en vigor, como es el caso, porque esto comporta urgencias y prisas”, afirma el edil de Compromís. Nomdedéu critica que ya pidieron hace dos años que se abriera este proceso. “El PP ha preferido dejar pasar dos años, que ahora hemos perdido, en lugar de avanzar trabajo”, dijo en un comunicado. La portavoz del PSPV-PSOE, Amparo Marco, ha criticado la “tozudez política” del grupo popular al no querer reconocer que el plan era nulo. La edil de Esquerra Unida, Carme Carreras, también afeó los “cinco años de recursos para no asumir la sentencia”.