El Canal comienza a cortar el agua en Rascafría a los que se niegan a pagar
Los operarios de la empresa pública acudieron escoltados por la Guardia Civil
La rebelión de los vecinos de Rascafría contra el convenio firmado por la alcaldesa con el Canal de Isabel II por el que se traspasa la gestión del agua a esta empresa pública acabó ayer con el corte a varios usuarios, que se niegan a pagar las facturas, y con la intervención de la Guardia Civil. A las 9.00 varios operarios del Canal llegaron al municipio con la orden de precintar los contadores de una decena de abonados, que acumulaban una deuda superior a tres facturas impagadas y una cuantía entre 270 y 2.000 euros, indica un portavoz de la empresa. Algunos evitaron el corte de suministro, abonando el importe en ese momento.
Desde marzo de este año, es el Canal el que factura el agua y no el Ayuntamiento, como ocurría antes. Algo que muchos ciudadanos, que han creado la Plataforma Ciudadana contra el convenio, aseguran que es ilegal. Argumentan que la norma que rige la aplicación de las tarifas del agua en el pueblo es la ordenanza municipal, “con independencia de lo establezca el acuerdo”.
Los vecinos reclaman que la gestión vuelva a ser municipal
En dicha normativa, se especifica que el Canal comenzará a facturar por contador una vez que estén instalados todos los medidores. Mientras tanto, se seguirá aplicando la tasa municipal vigente hasta ese momento. “Y esto todavía no ha ocurrido, faltan contadores. El sargento de la Guardia Civil ha tomado nota de los lugares que todavía carecen de ellos”, sostiene un portavoz de la plataforma. El coste del agua en Rascafría hasta que entró el Canal era casi testimonial y en las viviendas no existían contadores. Ahora, el coste se ha multiplicado por tres, cuatro e, incluso, por siete. Desde la plataforma recuerdan que ellos no se niegan a pagar lo que gasten, pero consideran que la explotación debe volver al Ayuntamiento.
Ante la llegada de los operarios, los vecinos se congregaron en el Ayuntamiento para pedir explicaciones a la alcaldesa, Ana García Masedo, del PSOE, que no se hallaba en el pueblo. La Guardia Civil les pidió que se marcharan, a lo que accedieron “sin ningún tipo de problema”, informa un portavoz del instituto armado. “Después dos coches de la Guardia Civil acompañaron a los operarios mientras acudían a las direcciones que llevaban anotadas en una lista”, relatan.
La alcaldesa admite que la situación es "muy complicada" en el pueblo
Los vecinos también acompañaron a los trabajadores, porque consideran que su actuación es ilegal. “Habíamos recibido cartas advirtiendo del corte, pero sin la fecha concreta”, explican.
Con el acuerdo firmado en junio de 2012, el municipio traspasa a la empresa pública la distribución del agua, la depuración y el alcantarillado por 50 años. El pueblo mantiene la aducción o toma del agua y recibe una participación del 0,000612 del capital de la sociedad.
El pacto entre el Ayuntamiento y el Canal levantó las airadas protestas de una parte de los vecinos que no entienden por qué se da la gestión a una empresa. El pueblo toma el agua del río Lozoya y en época veraniega, cuando la población se multiplica por tres, se apoyan en varios manantiales. El consumo estaba disparado. Según cálculos municipales, un vecino de Rascafría utilizaba una media de 1.000 litros de agua al día, mientras que en España la media es de 160 litros. Este gasto, se debe sobre todo a averías que no se habían detectado al no existir contadores.
La alcaldesa declara que la situación “es muy complicada”. “El convenio es bueno para el pueblo, porque no vamos a pagar por las infraestructuras y como mantenemos la aducción (toma de agua) la factura es un 30% más barata que en otros municipios”, manifiesta. Los miembros de la plataforma vecinal advierten de que van a seguir sin pagar, y que pondrán las denuncias correspondientes. Desde el Canal mantienen que estaban advertidos y que se puede estar en contra del acuerdo, pero “si no se paga, se seguirá cortando”.
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