UPyD se querella contra el actual alcalde de Alcalá y su predecesor

UPyD se querellará contra el anterior y el actual Gobierno municipal de Alcalá de Henares, encabezados respectivamente por Bartolomé González y Javier Bello, ambos del PP, al entender que han incurrido en “importantes irregularidades” entre 2011 y 2013 en la gestión del dinero público que trascenderían lo puramente administrativo y que tendrían alcance penal.

Para llegar a tales conclusiones, el partido de Rosa Díez se basa en el informe de fiscalización que la Cámara de Cuentas realizó del ejercicio de 2010, que cifraba en 318 millones de euros la deuda de la tercera localidad más poblada de la región. El Tribunal de Cuentas determinó, a su vez, que se encontraba ante “hechos de los que se pueden derivar la existencia de responsabilidad contable”. Las irregularidades “pueden dar lugar a que se pueda plantear la correspondiente demanda para obtener el resarcimiento de los daños causados”, añadió el ministerio fiscal. Así ha sucedido. En concreto, UPyD pone de ejemplo las 19 cuentas abiertas a nombre del Ayuntamiento, con un saldo a 31 de diciembre de 2010 de 272.866 euros, “que no están incluidas en el certificado del tesorero ni en los registros contables, sobre las que no consta que los responsables de la Corporación ni la intervención municipal ejerzan ningún control”. La querella también se fundamenta en la “adjudicación de contratos irregulares a empresas infringiendo la normativa”. El partido también denuncia “pagos irregulares que vulneran la ley de contratos del sector público” a medios de comunicación locales.

“Consideramos que las irregularidades detectadas pueden ser constitutivas de graves delitos como malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, encubrimiento... El origen de esta situación puede ser la corrupción institucional que afecta a los diversos órganos”, expresa el portavoz adjunto de la formación en la Asamblea de Madrid, Ramón Marcos.

“Esta situación tiene unos responsables políticos concretos que han permitido y realizado prácticas en el Ayuntamiento que pueden ser delictivas, como incumplimiento de la legalidad y de los procedimientos, pagos irregulares a la prensa concertada, sueldos disparatados de la Corporación y retribuciones irregulares para el personal municipal. Existen también responsables técnicos, funcionarios que no cumplen su cometido de fiscalización y control, como la anterior interventora, María del Carmen Muñoz Lozano, a la que también se dirige la querella”, apunta Anselmo Avendaño, portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Alcalá. Avendaño subraya que la anterior interventora municipal era copropietaria de un edificio alquilado a la Concejalía de Educación. “La interventora municipal no se abstuvo en la tramitación de la prórroga. También se adjudicaron contratos sin seguir el procedimiento administrativo público y abierto”, critica el partido magenta.

Bartolomé González dimitió en julio de 2012 tras 13 años de alcalde, y Javier Bello le relevó. El PP gobierna en minoría con 12 concejales. Tras respaldar inicialmente la sucesión al frente del Consistorio, UPyD (dos concejales) acordó con el PSOE (nueve) presentar el pasado abril una moción de censura que, finalmente, no salió adelante por la negativa de Izquierda Unida (tres), partidaria de esperar a las elecciones de 2015. Por su parte, el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, también defendió que no se daban las condiciones necesarias y que la mejor opción era esperar a los próximos comicios.