El audiovisual busca nuevos ingresos

Un nuevo impuesto enfrenta a las operadoras de telefonía y a la Generalitat

El consejero de Cultura, Ferran Mascarell.
El consejero de Cultura, Ferran Mascarell.JOAN SÁNCHEZ

Hablar de impuestos siempre genera controversias. La filosofía del paquete de medidas propuesto por Proa (Productors Audiovisuals Federats), y que la Generalitat debatirá en el Parlament de Cataluña a principios de 2014, es la del “céntimo audiovisual”. Se trata de obtener pequeños ingresos de muchos ámbitos diferentes para alcanzar una suma considerable destinada al presupuesto general para cultura.

Uno de estos impuestos implica directamente a los operadores de telefonía que proporcionan conexión de banda ancha a los ciudadanos. “La idea es que las compañías paguen un impuesto por el hecho de dar la línea de banda ancha, como ocurre en Francia, Reino Unido o Alemania”, explica Juan Antoni González, secretario general de Proa. El consejero de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, esbozó el proyecto en una entrevista en TV-3 y provocó la reacción inmediata de Redtel —Asociación Española de Operadoras de Telecomunicaciones— y Ametic —Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales— que expresaron su rotundo rechazo, declarando que no habían recibido ningún borrador de la ley. “Tampoco existió una negociación con las compañías”, se queja Amalia Pelegrín, directora de Operadoras de Ametic. El impuesto supondría 0,20 euros por línea de datos—-no de teléfono— que se liquida mensualmente, y afectaría a seis operadores: Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo, Jazztel y ONO.

Un portavoz de Redtel destaca que “ya pagan un 5% de los ingresos para financiar el sector audiovisual español y europeo, por lo que una tasa catalana para financiar la actividad de ese sector vendría a duplicar esa obligación”. Las operadoras también abonan una tasa del 0,9% para financiar RTVE. En contra, Proa sostiene que “este 5% de ingresos que las compañías pagan está vinculado con las operadoras de televisión de cable y no afecta a las millones de líneas de datos de alta capacidad presentes en España”. Con la medida se espera recaudar hasta 16 millones de euros. Según sus promotores, el impuesto no afectaría demasiado a unas compañías que “en el segundo trimestre de 2013 han tenido ingresos superiores a 1.000 millones de euros”, según el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

“Para que existan las operadoras de telecomunicaciones es necesario que se produzcan audiovisuales, y a la inversa”, puntualiza Edmon Roch, productor de la película Séptimo, de Patxi Amezcua.

La directora de la Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola también ve necesario tomar medidas y opina que “las compañías deberían ser las primeras interesadas, porque con más financiación se podrían potenciar los productos que ellos mismos ponen en circulación”. “Nuestro sector es el más castigado en España por los impuestos, y no hay razón para que los operadores tengamos que cubrir el déficit del sector cultural”, rebaten las operadoras.

La normativa propuesta prohíbe expresamente que ese pago repercuta en la tarifa del consumidor final, un temor que Mascarell ha tratado de disipar. El consejero de Cultura puntualizó que el sistema sería parecido del modelo francés del Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC). “Con su política audiovisual, tienen unos ingresos anuales de 750 millones de euros. Por eso el cine francés se defiende muy bien ante una colonización básicamente anglosajona y norteamericana”, opina González, el secretario de las productoras audiovisuales. Considera que el cine catalán ha resistido mejor la crisis respecto a España porque ha creado más coproducciones, y que los resultados de películas de 2012 como Lo Imposible o Las aventuras de Tadeo Jones demuestran la viabilidad de este sistema.

El 52% de las producciones españolas contaron con participación catalana en 2010, según el Informe anual realizado por el Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA). Aunque el número de largometrajes producidos en Cataluña ha bajado —80 en 2011, 57 en 2012, y 49 en 2013—, el número de coproducciones con otras comunidades autónomas y otros países se mantiene elevado. “Sin la participación de Argentina, hubiera sido imposible hacer Séptimo”, admite el productor de esa película. Otra ventaja: “con las coproducciones es mucho más fácil que la película se divulgue a otros países”.

González afirma que el sector audiovisual catalán no está en crisis. Dice que es donde más puestos de trabajo se crean en Cataluña para los menores de 30 años: “En 10 años el sector de los videojuegos ha pasado de tener cero a casi 2.000 trabajadores”, concreta. Los estudios realizados por Proa a partir de los datos estadísticos de Hacienda demuestran que la actividad audiovisual generó 2.000 millones de euros de negocio en 2012 en Cataluña.

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