La peor resaca del ladrillo

Pocos lugares hay en la costa gallega donde el pinchazo del globo urbanístico tenga un efecto más traumático que en Sanxenxo, donde el desfile judicial de esta semana de alcaldesa, técnicos y asesores presentes y pasados oscureció un trámite simbólico en el pleno municipal del lunes. Los insultos y reproches entre Gobierno y los partidos de la oposición —y estos entre sí— permitieron no obstante el acuerdo unánime para suprimir la Gerencia de Urbanismo, el apéndice administrativo que ha supervisado todo lo que al ladrillo se refiere en el turístico municipio pontevedrés en la última década. Pero las raíces del desparrame alcanzan más atrás en el tiempo, a los años setenta.

Eran los tiempos del efecto Benidorm, descritos en un informe elaborado hace algo más de un lustro para un congreso judicial por el magistrado Antonio Castro y el funcionario municipal Victoriano Otero, hoy jubilado, sobre el devenir urbanístico de la localidad, con un subtítulo, Entre el feísmo y la impunidad, que sirve también de conclusión. Entre los ejemplos más aparentes, uno que saluda a los visitantes a la entrada de la localidad, el edifico Herpi, mole de ocho pisos cimentada sobre la arena de la praia da Carabuxeira. Otro símbolo es el edificio de la Praza do Pazo, que muestra cómo levantar una plaza interior estilo barriada en el centro, justo a la espalda de un edificio señorial del siglo XVIII.

Eran tiempos de arbitrariedad que experimentaron una especie de parón en los noventa, una década movida en lo político. Una moción de censura sacó al PP del Gobierno en 1993. “El urbanismo aquí siempre fue un tema muy delicado y conflictivo, siempre con muchos intereses, siempre condicionado a los votos”, resume Dora Pérez Alarcón, protagonista de aquel vuelco que dio la alcaldía a José Luis Rodríguez, del PSOE. Los socialistas arrasaron dos años después, con una mayoría absoluta que el grupo no asimiló. Tres ediles dieron la espantada y las elecciones siguientes devolvieron al PP al poder. Casi 15 años después Rodríguez es el sostén de los populares en el Ayuntamiento con un partido independiente. La otra pata de aquel conflicto era Jaime Corral, que sofoca un exabrupto antes de rechazar educadamente recordar esos días.

“Aquí lo que había que haber hecho es aprovechar la vertical e ir separando la edificación de la playa. Se hizo al revés. Parece que todo es una finca que se prolonga hasta el mar”, cuenta Corral, que llegó a la política desde el movimiento vecinal, fue presidente de la asociación de libreros de Galicia y ha vuelto a las movilizaciones con SOS Panadeira, una asociación que ha peleado en el último año por evitar que el puerto deportivo amplíe sus pantalanes y se cargue otro arenal. “Han macizado el municipio. ¿Quién tumba esto ahora?”, lamenta.

Tras la debacle socialista llegó a Sanxenxo un alcalde de los nuevos tiempos, constructor, mirada azul refulgente e ideas claras. La ley del suelo de Aznar cambió el paradigma y declaró urbanizable todos los terrenos no vetados expresamente a la construcción. “Soy un ganador”, dijo Telmo Martín siete años después, cuando dejó Sanxenxo para emprender la aventura pontevedresa. Martín trajo bajo el brazo la propuesta para elaborar un plan general de ordenación que se aprobó en tiempo récord, no sin algún acontecimiento curioso en su tramitación, como la renuncia del primer equipo redactor, basado en Madrid, por motivos de salud.

El siguiente equipo, de Vigo, entregó un documento que tras alguna revisión propuso 30 nuevos suelos urbanizables, un millón de metros cuadrados edificables y unas previsiones de una población estable —sin contar residentes veraniegos— de 25.000 personas. También se amplió el puerto deportivo y se planificó una nueva vía urbana de acceso de cuatro carriles, que partía una parroquia en dos. El presupuesto aumentó de forma vertiginosa. En 2007, primer año de Catalina González (PP) como regidora, se alcanzó el récord de 114 millones. Sanxenxo iba a ser una ciudad. La nueva alcaldesa se subió el sueldo. Después se avino a recortarlo.

La población oficial hoy es de 17.604 habitantes y el presupuesto de 31,4 millones. El acelerón urbanístico dejó un reguero de resoluciones judiciales gravosas. La ampliación del puerto supuso 850.000 euros de multa por excesos en la construcción, previos a la adquisición municipal de las instalaciones pero asumidos por el consistorio con la compra. Las urbanizaciones proyectadas en el área de Monte Faro ya le han supuesto al Ayuntamiento otros 3,8 millones en indemnizaciones a la promotora, que corresponden a otros tantos ingresados en las arcas locales a cambio de renunciar a la obligación de construir viviendas públicas. Otra sentencia para una urbanización similar, esta vez de 4,8 millones, depende ahora de lo que el Supremo dicte. El polígono de Nantes, polo industrial proyectado durante la ola, está casi vacío. El Ayuntamiento quiere ahora soterrar su tendido eléctrico. Entre tanto, el Sareb, el banco malo, vende los terrenos para una urbanización de 14 hectáreas que iba a ser de 400 pisos y hoy acumula maleza. Además, los litigios suscitados solo entre 2006 y 2009 le supusieron al Ayuntamiento 900.000 euros en minutas, pagadas a un bufete externo.

En todo ese aluvión ocupó un papel central la Gerencia de Urbanismo. El argumento que enunció Martín para justificar su creación fue excluir los criterios políticos de las decisiones sobre la materia. “La gerencia fue un filtro, una especie de traductor de las decisiones políticas de Telmo Martín a lenguaje técnico”, opina el portavoz local del BNG, David Otero, que se estrenó con el documento recién aprobado. El edil recuerda que desde ahora y hasta el final de 2017 el Ayuntamiento tendrá que pagar 225.000 euros por trimestre para compensar excesos pasados.