El Gobierno valenciano funde a negro Canal 9 tras 12 horas de resistencia

A las 12.19 minutos, del viernes 29 de noviembre de 2013, la televisión pública valenciana ha muerto. La imagen se ha congelado y luego se ha fundido en negro. El Gobierno valenciano ha logrado cerrar las emisiones gracias a un orden judicial. Más de 12 horas han estado los trabajadores retransmitiendo la crónica de una muerte anunciada de 24 años de historia. Hasta el último suspiro se han mantenido en sus puestos de trabajo. Sólo una orden judicial ha doblegado su resistencia. Los gritos de indignación se han mezclado con las lágrimas de los empleados en el estudio, mientras los liquidadores designados por la Generalitat han penetrado con escolta policial en el control central de emisiones con la intención de clausurar RTVV.

Los liquidadores han cortado la electricidad que permite la salida de la señal. Decenas de monitores de la sala control han quedado en negro al mismo tiempo. El pasillo de acceso estaba despejado de trabajadores. No ha sido necesaria la intervención de los ocho agentes de la Policía Autonómica que han acompañado a los liquidadores. La acción ha sido pacífica, a pesar de los nervios a flor de piel y de las horas sin dormir.

La última imagen de Canal 9 ha sido la de un grupo de fotógrafos agolpándose frente a la sala de control para inmortalizar el fin de una televisión. Y entre las cámaras y flashes, se ve la expresión congelada de Vicent Mifsud, el presidente del comité de empresa de RTVV, el representante de los 1.660 trabajadores que serán despedidos en los próximos días.    

Todo los acontecimientos se han precipitado cuando el juzgado número uno de Paterna (Valencia) ha ordenado sobre las 11 de la mañana el desalojo de los trabajadores de las instalaciones de Canal 9, tras recibir el informe favorable de la Fiscalía a las medidas cautelares solicitadas por la comisión liquidadora de RTVV nombrada por la Generalitat. "Si el desalojo de RTVV no se produce de forma inmediata y voluntaria, se procederá al desalojo del edificio por la fuerza policial", señala el auto del juzgado.

Unos minutos antes, la Policía ha entrado y en las instalaciones para proceder al desalojo mientras los trabajadores seguían en el pasillo que conduce al centro de control de emisiones y gritaban "¡Fabra dimisión!", "¡ladrones!" y "RTVV no se cierra!". En la sede de Burjassot, dentro y fuera,  permanecen concentrados centenares de empleados, políticos y ciudadanos contrarios al cierre.

El Gobierno valenciano funde a negro Canal 9 tras 12 horas de resistencia

La Fiscalía ha solicitado que la evacuación sea pacífica y voluntaria y una comisión judicial ha acudido a la sede de RTVV para comunicar la decisión del desalojo.

El comité de empresa se ha reunido con la policía con el fin de que el desalojo sea ordenado y pacífico. Los agentes han explicado a los trabajadores que se formará un cordón policial en torno al control central de emisiones para proceder a la desconexión de la señal. Se negocia que les dejen decir unas palabras de despedida. Todos deberán abandonar la zona. Se han repetido los mensajes por Twitter pidiendo calma y que los trabajadores, políticos y demás ciudadanos dejaran las instalaciones de la emisora.

Fuentes del Gobierno valenciano, que preside Fabra, estaban a la espera de una orden judicial de desalojo del Centre de Producció de Programes de Burjassot. El juzgado de instrucción número 1 de Paterna, que se encontraba de guardia esta pasada madrugada, abrió diligencias tras la denuncia presentada por la comisión liquidadora de RTVV nombrada por la Generalitat. La denuncia, que no se dirige contra personas concretas, pide el desalojo de las instalaciones como medida cautelar.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha exigido a los trabajadores de Canal 9 que depongan su actitud. Una actitud de resistencia que ha impedido al Gobierno autonómico cortar las emisiones del canal de televisión. Una orden que se quería que estuviese ejecutada, con el correspondiente fundido a negro, a las tres de la pasada madrugada.

Los liquidadores consideran que se ha producido un supuesto delito de usurpación de instalaciones y coacciones y han denunciado que se les impide realizar las funciones que legalmente tienen encomendadas.

El Ejecutivo de Fabra, que esta mañana ha trasladado su reunión semanal a la localidad de Ibi (Alicante) para evitar las protestas motivadas por el cierre de RTVV, ha argumentado que quienes mantengan la resistencia vulnerarán el artículo 203 del Código Penal que castiga con penas de prisión de un año y multa de seis a diez meses "al que entrare contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada (...) fuera de las horas de apertura" y con penas de prisión de seis meses a tres años "el que con violencia o intimidación entrare o se mantuviere contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica pública".

A pesar de las advertencias, los empleados de Ràdio 9, cuyas emisiones fueron cortadas la pasada medianoche, han logrado volver a emitir programación propia a través de Internet a las 10 horas y a través de FM mediante la frecuencia del segundo canal Sí Ràdio.

En Ibi, donde está reunido el Gobierno valenciano, medio centenar de empleados de RTVV ha recibido a Fabra y al resto de consejeros con gritos de ¡Fabra dimisión! y ¡Fabra da la cara! 

En este municipio el presidente de la Generalitat y del PP valenciano tiene previsto realizar un almuerzo con cargos del partido para explicarles su decisión sobre el cierre de RTVV.

Una larga noche

El Gobierno valenciano ha estado toda la noche tratando de cortar las emisiones de Canal 9. Los intentos han sido retransmitidos en directo por los propios periodistas de la casa, que están informando hasta el último momento del fin de 24 años de televisión y radio públicas. Primero se ha desconectado la señal de Ràdio 9 unos minutos antes de las medianoche. Luego dos liquidadores, nombrados por la Generalitat la misma tarde del jueves, y un técnico contratado se han personado en el Centre de Producció de Programes de Canal 9 en Burjassot custodiados por agentes de la Policía Autonómica. Han pretendido desconectar las emisiones de inmediato pero se han encontrado con la oposición de los trabajadores que se encontraban dentro, apostados en los pasillos y cerrando el paso a la sala del control central técnico, que distribuye la señal. Ante la oposición de la plantilla, uno de los liquidadores ha presentado una denuncia por ocupación ilegal del edificio público para que se identificara y se desalojara a los empleados, pero el juzgado no lo ha aceptado.

Ante el rechazo de los trabajadores, que se han ido sumando en la sede de RTVV, con el apoyo de numerosos representantes políticos de los partidos de la oposición, la policía ha mandado refuerzos sobre las 2 de mañana. La Generalitat, por su parte, ha enviado un correo electrónico sobre las tres de la madrugada y un mensaje al móvil a los empleados para comunicarles que no tenían que acudir a sus puestos porque tenían un permiso retribuido. Los cerca de 1.660 empleados de la plantilla no han sido todavía despedidos. Sí se ha cerrado la sede de RTVV en Alicante. La segunda cadena de Ràdio 9, la musical Sí Ràdio, ha continuado emitiendo.

La decisión de acabar con la señal se ha producido pocas horas después de una reunión urgente convocada por el Gobierno valenciano. En ella, el Ejecutivo, presidido por Alberto Fabra, del PP, nombró una comisión liquidadora, compuesta por dos abogados y el responsable financiero de RTVV. Posteriormente se ha publicado una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) que recogía los nombramientos y el cese de las emisiones.

La premura ha caracterizado las actuaciones del gobierno valenciano desde que Fabra anunció su decisión de clausurar RTVV el 5 de noviembre, tras la sentencia que declaraba nulo el Expediente de Regulación de Empleo, por el que se había despedido a 952 personas. Desde entonces, los informativos han sido especialmente críticos con esa decisión y con la gestión del PP tanto de la Generalitat como de RTVV, que se ha visto salpicado de numerosos escándalos de corrupción, amiguismo y despilfarro.

Conforme pasaban las horas en el Centre de Burjassot, se ha hecho más evidente que el plan de cierre de Canal 9 no estaba saliendo como había diseñado la Generalitat. Los informadores de la cadena han tenido tiempo de entrevistar a numerosos representantes de la oposición para recabar su opinión, como el expresidente socialista de la Generalitat, Joan Lerma, bajo cuyo mandato se abrió RTVV en 1989; el secretario general del PSPV, Ximo Puig; el portavoz de Compromís, Enric Morena; la diputada de Compromñis, Mónica Oltra; la líder de Esquerra Unida, Marga Sanz, y el diputado de esta formación, Ignacio Blanco, entre otros. Los periodistas han llamado también a políticos del PP que han declinado la posibilidad de participar en las entrevistas y debates. Un periodista de Canal 9 ha podido incluso entrevistar a un técnico, que acompañaba a los dos liquidadores, contratado supuestamente para apagar las emisiones. La cadena catalana TV-3 ha cedido el canal 3/24 horas para emitir la señal de Canal 9.

Sobre las 4.30, el jefe de la Policía Autonómica y el responsable de seguridad de RTVV se han reunido con el presidente del Comité de Empresa, Vicent Mifsud. A partir de esa hora, los trabajadores se han quedado a la espera de una orden judicial para cerrar las emisiones, que no ha sido requerida para actuar sobre Ràdio 9 o sobre la sede de Alicante.

La policía no ha dejado entrar a ningún trabajador que se tuviese que incorporar a su jornada laboral esta madrugada, tampoco a nadie que se se hubiera quedado fuera. El diputado Josep Moreno ha podido acceder a los estudios donde se estaban realizando el informativo por una ventana..

El presidente valenciano justifica el cierre por considerar insostenible financieramente RTVV después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano. El miércoles, el grupo parlamentario popular impuso su mayoría en las Cortes y aprobó una ley para liquidar RTVV. Después se han adoptado otras medidas para acabar cuanto antes con Canal 9 y su nueva línea informativa.