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La presión interna por las facturas acaba con el líder andaluz de UGT

Francisco Fernández Sevilla renuncia a seguir al frente del sindicato acuciado por Cándido Méndez La cúpula regional pretende controlar ahora el proceso de sucesión

La presión se tornó insoportable y las evidencias del fraude de las facturas obligaron este viernes a dimitir al secretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla. La reclamación de la Junta al sindicato para que devuelva 1,8 millones de ayudas gastadas de manera indebida con conceptos falsos, fue la puntilla que precipitó su salida. Eso sí, el líder andaluz cerró en falso la crisis y este viernes mantuvo la pauta de las últimas semanas: el silencio. Fernández Sevilla se marchó sin dar explicaciones del fraude y dejando a los ocho miembros de la comisión ejecutiva al frente de la central andaluza. De momento, su equipo prevé mantenerse hasta la celebración de un comité extraordinario el próximo 9 de enero.

Con la dimisión de su líder, la cúpula de UGT busca un cortafuegos para frenar las fuertes críticas que sufre por el goteo de informaciones sobre facturas endosadas al Ejecutivo autónomo con las que se pagaron actividades privadas del sindicato. Pero sobre todo, la renuncia es un intento de detener la sangría de bajas de afiliados y el desprestigio de UGT Andalucía, acorralada por las críticas internas, la investigación de la Junta y las pesquisas de la juez Mercedes Alaya. El contenido de esta parte de la investigación judicial aún no ha trascendido al encontrarse bajo secreto, pero su desenlace podría suponer para el sindicato el mayor terremoto, dados los precedentes de las dos operaciones policiales más recientes del caso ERE, con numerosas detenciones.

Por la mañana el secretario general de UGT, Cándido Méndez, forzó la dimisión de Fernández Sevilla tras hablar con él. En las últimas semanas, Méndez había lanzado mensajes para expresar su enfado con la manera de afrontar la crisis por parte de la federación andaluza. Y esta central se resistía como gato panza arriba pese a que se sucedían las informaciones sobre gastos irregulares, como la compra de 700 bolsos de piel y 1.000 bolígrafos de la marca Francis Montesinos para un congreso, cargado a los fondos de la Junta. Ya no había ni desmentidos.

A mediodía, la dirección estatal confirmaba la renuncia de Fernández Sevilla al mismo tiempo que la central andaluza desmentía la dimisión. Y por la tarde, el líder andaluz quiso demostrar su independencia negando la mayor: “Me voy sin ser presionado por nadie”. El dirigente andaluz evitó cargar contra la dirección estatal, pero su equipo sí lo hizo. “La organización federal ha anunciado a bombo y platillo que había dimitido [Fernández Sevilla] cuando aún no se había hecho efectiva”, protestó Antonio Tirado, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de Andalucía. Y añadió: “Si necesitamos ayuda, la pediremos, pero que nos dejen actuar por nuestra cuenta”.

Sin embargo, el día antes, Méndez ya había dejado claro que “sin ninguna duda” el escándalo le afectaba. Méndez podía haber disuelto la comisión ejecutiva andaluza, pero no quiso poner en práctica una medida tan drástica y durante semanas optó por aguantar el tirón.

El pasado martes, Fernández Sevilla convocó al consejo regional para consensuar el plan trazado: el sindicato no movería ficha hasta el 9 de enero con la celebración de un comité extraordinario, pese al escándalo y la presión ambiental. Y en esa cita dimitiría el líder andaluz junto a otros miembros de la época de Manuel Pastrana (responsable máximo durante 15 años, desde 1998 hasta el pasado mayo). Entre ellos los secretarios actuales José Carlos Mestre y Josefa Castillejo, que formaban parte de la comisión ejecutiva en 2009 y 2010, años en los que se enviaron a la Junta facturas con conceptos inconvenientes o falsos. Durante diciembre, el objetivo era encontrar un responsable “limpio” y sin relación con la “época Pastrana”, según fuentes del sindicato, para que asumiera el liderazgo e iniciara una nueva etapa sin hipotecas.

Pero el plan se frustró al trascender la intención de la Junta de exigir la devolución de 1,8 millones concedidos en ayudas, lo que provocaría un tremendo agujero en sus pobres arcas. Y Fernández Sevilla no tuvo más remedio que abandonar. Eso sí, el plan se aguó solo en parte.

La intención de la comisión ejecutiva en funciones de la dirección andaluza es aguantar hasta el 9 de enero y, en este tiempo, buscar un líder de su cuerda. Hasta esa fecha, si no dimiten al menos otros cuatro miembros de la comisión actual, la cúpula propondrá otro líder a los 112 delegados presentes en el comité extraordinario. Y hasta entonces dispone de un mes para convencerles de que deben retratarse, ya que la votación será a mano alzada.

El sector crítico del sindicato que busca una renovación radical tiene dos alternativas en las próximas semanas. La primera sería que las dimisiones en la comisión ejecutiva se sucedan, lo que obligaría a crear una gestora. Otra alternativa es que el 9 de enero los delegados del comité extraordinario rechacen la propuesta de la dirección actual y tumben el continuismo.

El secretario de Comunicación andaluz, José Ginel, avanzó que UGT plantará batalla en los tribunales a la reclamación de la Junta. Es decir, acudirán a la vía contencioso-administrativa para paralizar la millonaria exigencia del Ejecutivo: “La Junta revisa expedientes que ya están justificados en tiempo y forma, y visados. No aceptamos que nos anulen el programa y obviamente no estaremos quietos de manos”. “Si la puerta está rota, no me devuelvas el coche entero, vamos a reparar la puerta”, ejemplificó sobre la exigencia de la Junta.

Las dificultades del sindicato tienen muchas aristas. Al margen de los gastos superfluos y la emisión de facturas falsas por las que ya han devuelto 25.000 euros a la Junta, los 180.000 afiliados de UGT en la comunidad han visto cómo el sindicato ejecutaba un ERE para 159 trabajadores como si fuese una empresa más. Y tras censurar la reforma laboral del Gobierno cerró el expediente con el mínimo de 20 días por año trabajado para cada trabajador, pese a la oferta inicial de 33 días. Después de solo seis meses de agitado mandato, este viernes Fernández Sevilla afirmó que se iba con “la espina clavada” de no haber defendido a los trabajadores del “atropello permanente que tienen respecto a los derechos laborales y sociales”.

Tras saltar el escándalo de las facturas, el sindicato abrió una investigación interna con la bandera de la transparencia, pero esta rechazó en su avance preliminar la existencia de irregularidades y solo admitió “interpretaciones contables” en las facturas. Está por ver si tras la investigación de la Junta y la instrucción judicial, los cuatro miembros de la comisión interna del sindicato revelan gastos indebidos.

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