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El PP de Orihuela bloquea otra vez un pago requerido por el TSJ

Una sentencia obliga al Ayuntamiento a pagar unas expropiaciones realizadas por los populares

El PP de Orihuela (Alicante) ha rechazado nuevamente una modificación presupuestaria presentada por el equipo de Gobierno local (PSOE y Els Verds) para pagar unas expropiaciones realizadas en 2008 y sobre las que existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que apremia al ayuntamiento a pagar más de un millón de euros a los afectados.

La negativa del PP, que ha contado con el apoyo de los ediles no adscritos Bob Houliston y Asunción Mayoral, impide al consistorio abonar esta cantidad económica, a pesar del requerimiento judicial que obliga al pago de unas expropiaciones para unas obras en la carretera N-332. Varios de los concejales que hoy se han negado a la modificación presupuestaria estaban en el gobierno que realizó las expropiaciones, entre ellos la que fuera alcaldesa entonces Mónica Lorente.

Según el auto emitido por el TSJCV, el alcalde, Monserrate Guillén, tiene un plazo de 20 días para proceder "al pago de todo lo debido" o"aportar el documento que acredite la consignación presupuestaria para dicho pago".

La negativa del PP, que ya se negó en junio a la misma modificación presupuestaria, implica, además, que si en el plazo establecido por el TSJCV, el Ayuntamiento no cumple con su obligación, el alcalde, éste deberá hacer frente a una multa coercitiva de 200 euros quincenales al considerarle "responsable" de dicho incumplimiento.

Los votos del PP y de los ediles no adscritos suman 14, frente a los nueve del Gobierno local, ya que los dos ediles de CLR-Claro se han abstenido. El PP ha justificado su voto negativo al recriminar al equipo de Gobierno "no haber incluido" el pago de estas expropiaciones en los presupuestos municipales de 2012, los únicos aprobados en toda la legislatura, según EFE.

Los populares han criticado que el bipartito rechazase hace unos meses acogerse al plan de pago a proveedores, impulsado por el Gobierno central, y que, según han apuntado, "ofrecía la posibilidad de hacer frente al pago de expropiaciones".

A este respecto, el PP ha presentado una propuesta para acabar con esta deuda, pero ha sido retirada por el alcalde quien ha argumentado que la Ley de Régimen de Hacienda Local y un informe del interventor señalan que "es competencia de la concejal de Hacienda o el alcalde solicitar el pago, y no el PP".

Precisamente la pasada semana, Guillén y la concejal de Hacienda, Carolina Gracia (PSOE), interpusieron una denuncia ante el juzgado contra los miembros de la oposición (PP y los ediles no adscritos Bob Houliston y Asunción Mayoral) al considerar que incurrieron en un "delito de desobediencia" tras votar en junio por primera vez en contra de la modificación.

El primer edil tiene previsto poner en conocimiento del TSJCV la decisión adoptada en el pleno celebrado hoy, así como ampliar la denuncia en los juzgados.

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