Castellano no ve ningún resquicio que impida el cierre de Canal 9

El secretario general de los populares valencianos y consejero de Gobernación, Serafín Castellano, ha admitido hoy que no ve ningún resquicio para no cerrar Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), pese a los esfuerzos del comité de empresa por presentar una propuesta que evite el corte de las emisiones. "Hay una decisión tomada", ha subrayado.

Castellano se ha expresado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación en un desayuno informativo, al ser preguntado por el cierre de la sociedad pública. Inquirido por si ve algún resquicio para no acabar con RTVV, ha respondido: "No lo veo".

El dirigente popular ha recalcado que el Consell no quería cerrar el ente, razón por la que se aprobó una nueva ley, un contrato programa y se estableció un presupuesto para 2014. Sin embargo, "no se nos ha dejado otro camino que ir al cierre", ha destacado.

Serafín Castellano ha señalado que "los gobiernos tienen que tomar decisiones, muchas de ellas dolorosas, incluso algunas impopulares pero absolutamente necesarias para poder afrontar el futuro con fuerza, salir de la crisis y crear empleo".

Preguntado por el informe que el comité de empresa ha presentado hoy para el mantenimiento de RTVV, ha respondido que no puede hablar de algo que todavía no conoce. Asimismo, ha recordado que el vicepresidente del Consell, José Císcar, "ha dicho que se contestará y se contestará cuando se conozca la propuesta". Castellano ha justificado la decisión de Ciscar de reunirse con el comité de empresa de RTVV porque si no, las críticas se hubiesen referido a que el Consell se niega a escucharlos.

Respecto a los plazos de cierre de Canal 9, Castellano ha recordado que este mismo miércoles se votará la proposición de ley del grupo popular que deroga de la ley de creación de RTVV y autoriza al Consell a que liquide la sociedad. Posteriormente, ha explicado el consejero, se pondrá en marcha la comisión liquidadora.

No obstante, ha indicado que todavía no saben cuándo se procederá al cierre y que se hará según "marquen la normativa y los servicios jurídicos para garantizar en todo el proceso de liquidación del ente los tiempos y los derechos de los trabajadores".