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Los abogados de Valencia se concentran en contra de las tasas judiciales

El decano del colegio denuncia los "efectos perniciosos" de la ley Afirma que "disuade" al ciudadano de acudir a la Justicia

Concentración de abogados ante la Ciudad de la Justicia de Valencia contra las tasas judiciales.
Concentración de abogados ante la Ciudad de la Justicia de Valencia contra las tasas judiciales.

Más de 200 abogados se han concentrado hoy ante la Ciudad de la Justicia, convocados por el Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Valencia (ICAV), en contra de las tasas judiciales, cuando se cumple el primer año de su aprobación.

En un comunicado, el ICAV ha informado que tras la concentración, el decano, Mariano Durán, ha leído un manifiesto en el que ha destacado los "efectos perniciosos de esa ley, que ha provocado un efecto disuasorio entre los ciudadanos a la hora de acceder a la justicia".

"No se ha recaudado lo previsto por el Ministerio de Justicia y no se ha producido un trasvase de esos fondos para la mejora de la asistencia jurídica gratuita, tal y como señaló el ministro de Justicia", ha agregado.

El decano ha asegurado que la recaudación hasta septiembre ha sido de 103 millones de euros, "muy lejos de los 306 millones previstos por el Ministerio para todo el año" y ha agregado que "también se desconoce el destino de esa recaudación, que ni siquiera figura en el presupuesto de 2014 del ministerio".

En su opinión, el sistema de tasas judiciales se ha demostrado "ineficaz" y ha ocasionado la disminución de los asuntos en un 30% desde su entrada en vigor y en un 35%, en primera instancia.

Mariano Durán ha explicado que en Francia a partir de enero de 2014 desaparecen las tasas judiciales y ha apuntado como una posible solución para la descongestión de los tribunales que quien pleitee de mala fe, asuma los costes del proceso una vez producido.

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En este sentido, ha recordado que la abogacía valenciana está trabajando con asociaciones judiciales, de magistrados, fiscales y secretarios para la derogación de la ley, que ha calificado de "grave atentado a la Justicia y para los propios ciudadanos, principales perjudicados por la norma".

A su juicio, "el efecto disuasorio para los ciudadanos ha sido reconocido por jueces, magistrados, abogados y secretarios judiciales".

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