La orden de El Cabanyal se basó en un “montón de informes”, dice Sinde

La exministra de Cultura Ángeles González-Sinde ha manifestado hoy en Valencia que la orden que dictó el ministerio en su etapa al frente de esa cartera y que declaró "acto de expolio" del patrimonio histórico el plan urbanístico de El Cabanyal "no fue una decisión personal", sino que se basó "en un montón de informes".

El ministerio dictó la orden en diciembre de 2009 en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo, que exigió que Cultura argumentara si el plan de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, implicaba o no daños al patrimonio. Los informes encargados a diversos expertos e instituciones concluyeron que el plan suponía un expolio y así lo reflejó la orden, que paralizó el proyecto en tanto no se garantizara la protección del patrimonio en El Cabanyal.

La decisión desató una dura campaña de la Generalitat y del Ayuntamiento, en manos del PP, contra González-Sinde. La alcaldesa llegó a querellarse por supuesta prevaricación contra la entonces ministra. El Supremo rechazó tramitar esa querella.

González-Sinde, que hoy ha presentado en Valencia su libro El buen hijo, finalista del Premio Planeta, ha sido preguntada por los medios por su valoración del acuerdo al que han llegado recientemente las Administraciones central y valenciana sobre el plan.

Ese pacto supone la retirada por parte del Gobierno del recurso presentado por el anterior Ejecutivo socialista ante el Tribunal Constitucional contra la ley valenciana con la que la Generalitat intentó sortear la orden ministerial. El resultado es que vuelve a estar en vigor la orden del Ministerio de Cultura, aunque Barberá pretende "adaptarla y reinterpretarla".

Preguntada por este tema, la guionista y novelista ha subrayado: "Yo tuve una responsabilidad en el Ministerio de Cultura en el que había un mandato judicial de pronunciarse sobre algo que exigía un juez. Pedimos unos informes a distintas instituciones y expertos y el ministerio se pronunció. Esa fue una etapa de mi vida y yo ya no tengo esa responsabilidad, ahora hay otras personas que toman las decisiones que consideran convenientes".

"Soy una ciudadana particular y común y mi opinión personal al respecto es muy irrelevante", ha dicho González-Sinde. No obstante, cuando se le ha insistido en si se sentiría "orgullosa" de que la orden que firmó pudiera "salvar" el barrio de los derribos, ha considerado que "lo que hay que entender es que la decisión no fue personal, sino según un montón de informes solicitados por el ministerio que en aquel momento dirigía y, de acuerdo a esos informes, se tomó esa decisión de declaración de expolio".

"Un bien para todos"

Seguidamente, ha reconocido que, "como ciudadana", es "partidaria de la conservación del patrimonio". "Creo que económicamente puede ser rentable y es un bien para todos; pero esa es mi opinión personal, que ahora no cuenta para nada ni va a ningún sitio; son los valencianos, las instituciones y quienes ahora están a cargo los que obrarán según consideren", ha aseverado.

Por último, y cuando se le ha planteado si considera que la Generalitat Valenciana da "un paso atrás" al derogar su norma, ha reiterado que no tiene "ninguna opinión" sobre eso y ha puntualizado que no ha seguido "al detalle" las informaciones sobre el procedimiento jurídico anunciado.