Anticorrupción pide a Alaya que abra una causa sobre las 36 ayudas de Idea

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez Mercedes Alaya, instructora del caso ERE, que abra una nueva causa para investigar  las 36 subvenciones que afectan a todas las consejerías de la Junta, según el último auto dictado la semana pasada por la magistrada. Es decir, los fiscales consideran que la investigación sobre estas 36 subvenciones concedidas por todos los departamentos del Ejecutivo autónomo carece de vínculo con la instrucción troncal iniciada hace casi tres años para investigar los ERE fraudulentos.

“La investigación (...) debe ser, por su entidad y ser hechos distintos, objeto de procedimiento penal independiente mediante la incoación de unas nuevas diligencias previas”, explica Anticorrupción en un escrito remitido al juzgado de Alaya hace una semana. La fiscalía analizó el oficio de la Guardia Civil que detalla la investigación abierta sobre estas ayudas públicas concedidas junto a avales y préstamos a diferentes empresas, y tras un primer estudio concluyó que no es suficiente el hecho de que algunas de las empresas hayan recibido ayudas por parte de la Dirección General de Trabajo, dirigida durante 10 años por Javier Guerrero, para unirla al caso de los ERE. El motivo es que el eje de la investigación debe ser la agencia Idea y no las empresas favorecidas. Por tanto, no habría nexo causal.

Los fiscales entienden que la circunstancia de que ciertas compañías recibieran ayudas por parte de la Consejería de Empleo (órgano que concedió el fondo para empresas en crisis), no es “nexo de conexidad suficiente siquiera para formar una pieza separada en la presente causa, pues el eje de la investigación debiera girar sobre la actuación aparentemente fraudulenta del IFA / IDEA (agencia pagadora de las subvenciones) en la concesión de las ayudas y no sobre las empresas favorecidas por ambos tipos de ayudas públicas”. Es decir, el vínculo que arguye Alaya para incorporarlo al caso troncal no constituye para los fiscales ni siquiera un nexo como para vincularlo como pieza separada (una rama dentro del mismo árbol).

Los agentes de la Guardia Civil subrayaron en su oficio que habían detectado empresas con pagos para un aval de salvamento y ayudas de reestructuración concedidas al mismo tiempo. “Una inyección continuada y sistemática de fondos públicos (...) que pudiera estar basada en la aplicación de criterios arbitrarios e irregulares”, argumentaron los investigadores sobre esta dualidad para recibir fondos públicos.

Ahora la fiscalía entiende que para investigar estas supuestas irregularidades debe generarse una nueva causa. Hace una semana, el ministerio público consideró que la manera más eficaz de manejar el caso ERE era despiezar esta investigación en distintas causas independientes. Esto permitiría una mayor agilidad, ya que a pesar de que todos los delitos descubiertos mantienen una aparente conexión, esto no impide que puedan ser separados en diferentes piezas y de este modo ir cerrando cada investigación, para así enviarla a juicio una vez que se concreten los delitos y sus responsables.

El PP anunció ayer que pedirá la convocatoria de un pleno monográfico en el Parlamento para que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, “explique a los andaluces” todas las transferencias de financiación y todas esas ayudas y avales, en palabras del secretario general del partido, José Luis Sanz. “PSOE e IU están obsesionados por ocultar la verdad”, puntualizó el dirigente popular. Mientras, el vicesecretario general del PSOE, Mario Jiménez, tildó de “causa general” la nueva investigación, y censuró a Alaya: “Tiene que encontrar algo, pero no sabe qué”, informó Efe.