Un tercio de los desahucios ejecutados afecta a personas de la tercera edad
En el 23% de los 11.000 casos de desahucio revisados por la PAH se había declarado como aval la vivienda de los padres
Un tercio de las ejecuciones hipotecarias se producen en hogares que cuentan con una o dos personas mayores de 65 años. Además, en un 23% de los más de 11.000 casos de desahucio revisados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se había declarado como aval la vivienda de los padres, quedando también en juego el hogar de personas mayores. Así lo explicó ayer la portavoz de la PAH, Ada Colau, durante la jornada sobre tercera edad y crisis que organizó la asociación Amics de la Gent Gran, donde se alertó de la vulnerabilidad de este colectivo como consecuencia de la crisis económica: en un 31,4% de hogares españoles la pensión es la principal fuente de ingreso, y en 181.100 la economía familiar depende en exclusiva de lo que cobran los pensionistas, según los datos recogidos por el observatorio social de las personas mayores de CC OO.
Este hecho supone “la rotura del pacto generacional”, según el director gerente de Amics de la Gent Gran, Oriol Alzina, que advirtió que “todas las personas sufren el efecto de la precarización de los mayores”. En las jornadas también se denunciaron las malas condiciones de vida del colectivo de la tercera edad, ya que un 14% de las personas mayores vive en viviendas sin ascensor y el 35% no dispone de calefacción.
Un 14% de las personas mayores vive en viviendas sin ascensor y el 35% no dispone de calefacción
Además de las condiciones materiales, las jornadas pusieron el acento en la soledad y el aislamiento social que sufren los mayores, fenómenos que Alzina calcula que afectan a 150.000 personas en Cataluña. El empeoramiento de las condiciones físicas y emocionales que causa la soledad llevó al director de acción social de la asociación, Albert Quiles, a afirmar que “la soledad mata”.
En las jornadas se criticaron los recortes en la ley de dependencia, que, según un estudio del profesor de la UAB, Toni Vilà, han supuesto la pérdida de 10.000 puestos de trabajo. “Hemos pasado de una ley muy ambiciosa a situaciones que recuerdan al periodo predemocrático”, lamentó la representante de la marea naranja de trabajadores de la dependencia, Mar Muñoz.
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