Sin culpables por el ‘Prestige’

Diez años de investigación judicial, nueve meses de juicio y, al final, la mayor causa jamás instruida en España por un delito medioambiental, la catástrofe del Prestige, se resuelve con una única condena: la del anciano capitán del barco, el griego Apostolos Mangouras, por un delito de desobediencia grave a las autoridades españolas. Tardó tres horas en aceptar el remolque del buque, en apuros y vertiendo fuel, cuando sufrió el accidente —del que este miércoles se cumplieron 11 años— frente a las costas gallegas.

Pero el principal acusado por uno de los mayores desastres ecológicos ocurridos en Europa ha sido exonerado de cualquier otra responsabilidad por la gigantesca marea negra que tiñó de luto más de 2.000 kilómetros de costa del norte español y del oeste francés. Queda también exculpado el jefe de máquinas del buque, Nikolaos Argyropoulos. Los dos marinos griegos no actuaron, determina la sentencia hecha pública por la Audiencia Provincial de A Coruña, “ni con imprudencia, ni de forma dolosa al asumir una navegación arriesgada” al mando de un petrolero de 26 años, en mal estado y cargado con 77.000 toneladas de fuel.

Libre de toda culpa queda además el Estado español, gracias la total absolución del tercer acusado, el exdirector de Marina Mercante José Luis López-Sors. Fue incluso, considera el tribunal, “víctima y afectado del desastre que trató de solucionar” como máxima autoridad marítima en aquel momento. No hubo tampoco por su parte ni actuación imprudente ni dolosa. Es la primera vez que el Estado, a la vez demandante y acusado en este juicio “largo y árido”, queda eximido de toda responsabilidad penal y civil en un accidente causado por un petrolero en aguas españolas.

Pero quienes sí pueden tenerla, desde el punto de vista civil, son algunas partes del escurridizo entramado empresarial del Prestige, concretamente su armadora, Universe Maritime, y la firma que expidió su último certificado de navegabilidad, la clasificadora American Bureau of Shipping (ABS). La justicia fue incapaz de sentar a ninguna de esas dos sociedades en el banquillo. España se gastó, en vano, 30 millones de euros en intentar llevar a pleito a la sociedad estadounidense, uno de los líderes mundiales en su sector. La Audiencia coruñesa, al considerar más que probado que el viejo petrolero estaba en tan malas condiciones que nunca tendría que haber obtenido, salvo de forma fraudulenta, los permisos para navegar, dictamina que “solo se podrá exigir la oportuna responsabilidad civil” por la catástrofe a ABS y a la armadora, con sede en Atenas aunque desaparecida para las autoridades españolas.

La sentencia es muy contundente en cargar las tintas sobre la falta total de “honradez” de la clasificadora, “una empresa privada que controla nada menos que la posibilidad de navegación mercante en gran parte del mundo, una actividad sumamente lucrativa que gestiona un enorme poder y que ha de responder en consecuencia”. Tanto las inspecciones como reparaciones del petrolero antes de su fatídica última travesía fueron muy deficientes. Y si bien el fallo considera imposible determinar la causa exacta de la “avería extraordinaria” que sufrió el barco cuando navegaba frente a Fisterra, da por probado “un fallo estructural” en el viejo petrolero, muy desgastado y más apto para la chatarra que para transportar fuel.

Mucho más benévolo, e incluso elogioso, es el tribunal con la gestión de la crisis por parte del Gobierno de José María Aznar, por muy cuestionada que fuera social y políticamente. Cierto es, dicen los tres magistrados del tribunal, que se apreció “falta de rigor en la gestión administrativa y formal de la crisis”. Pero no se demostró que “tuviese incidencia alguna en el agravamiento” de la catástrofe. Y en todo caso era a responsables del Gobierno de más alto rango que López-Sors a los que había que exigir ese “rigor exquisito” en la gestión. “Resulta poco convincente que esa responsabilidad no dependiese directamente de otras autoridades tan o mejor asesoradas que el acusado y con posibilidad de influir en que la crisis y su resolución sea mucho más rápida y eficaz”.

Pero el exalto cargo del Ministerio de Fomento fue el único representante de la Administración imputado en el juicio. Y no actuó con negligencia, afirman los magistrados. Concluyen que la orden de alejar lo más posible de la costa al petrolero herido y vertiendo fuel fue la más adecuada y “prudente”. “No es que no se contase con asesoramiento, que lo hubo y extraordinariamente competente”, razona la Audiencia. Tampoco había alternativas viables sin riesgo, como llevarlo a una zona de refugio. Hubiese resultado “catastrófico” que se hundiera cerca del litoral. “No impuso ningún rumbo suicida” al Prestige, que estuvo seis días escupiendo fuel por el litoral gallego, de norte a sur, antes de partirse y zozobrar. “La decisión fue consciente, meditada y en gran parte eficaz dentro del desastre”, sentencia el tribunal. Y añade: “La Administración lo gestionó con profesionalidad, adecuación y en condiciones muy desfavorables”.

El fallo judicial avala y defiende la famosa orden de López-Sors, nada más ocurrir el siniestro, de llevar mar adentro el navío “hasta que se hunda” y que luego se intentase recuperar el fuel dentro del pecio. Sostiene el tribunal, como prueba de que fue lo más adecuado, la recuperación económica y ambiental del litoral afectado. No hay datos que demuestren la “persistencia” de los daños, destaca. Galicia, añade, sufrió ya tres catástrofes provocadas por petroleros. Y se recuperó del todo. Mangouras, de 78 años, no volverá la cárcel. Ya estuvo tres meses de forma preventiva, detenido nada más desembarcar del petrolero, el 15 noviembre de 2002. Su condena a nueve meses de prisión es por un delito de desobediencia grave, pero no cabe pedirle responsabilidad alguna por la marea negra, advierte el tribunal, porque su actuación no agravó el desastre.