Más de una década de camino torcido

¿Cuándo empezó todo? ¿Cuándo se torció el camino? ¿Cuándo empezaron a ir las cosas mal? Algunos miembros de UGT en Cádiz no tienen dudas en señalar 2001, cuando se conoció que tres miembros de UGT, dos secretarios de la federación de Enseñanza y una secretaria, habían sido suspendidos al detectarse una deuda de 240.000 euros. Había gastos sin justificar, facturas de dudosa garantía y más de 6.000 euros gastados sin recibos. Dimitieron cuando era todavía secretario provincial, Carlos Dorante. Aguantó en el cargo una década hasta que fue sustituido por Pedro Custodio González en mayo de 2002.

La etapa de Dorante fue relativamente tranquila, aunque no estuvo exenta de algunos sobresaltos como los de los tres miembros suspendidos o el inicio de la investigación de los cursos organizados por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (Forcem). Se investigaba entonces el verdadero uso que se había hecho de más de 100 millones de euros de financiación para cursos de formación continua. Una de las líneas de una investigación realizada en toda España se centró en el papel que tuvo UGT en las lecciones impartidas en Jerez.

Tras la marcha de Dorante, fue elegido en un congreso el candidato no oficialista, Pedro Custodio González, a quien los críticos fueron terminaron echándole al divulgar gastos suntuosos en restaurantes, gasolineras, móviles y bares de copas. Fue denunciado por los cauces internos pero él prefirió marcharse antes, así que no se tomó ninguna medida en su contra. UGT saltó por los aires en Cádiz y la dirección regional optó por una gestora que entonces, mayo de 2010, presidió el ahora secretario regional, Francisco Fernández.

Seis meses después, contra pronóstico, Salvador Mera ganó el congreso provincial. Fueron los primeros meses muy reivindicativos pero ya el funcionamiento interno del sindicato estaba tocado. Los recursos empezaron a agotarse y, tras haber promovido decenas de protestas contra la reforma laboral del Gobierno de Rajoy, a Mera no le tembló el pulso en aplicarla él mismo contra 26 compañeros a los que despidió. El secretario provincial adujo motivos económicos pero los despedidos se sintieron víctimas de una “caza de brujas”. No se callaron. Mientras acudían a los tribunales, divulgaron más gastos superfluos, por ejemplo, en sobresueldos para el propio Mera. “Son campañas de la derecha mediática”, se defendía. Pero sabía que el enemigo lo había tenido en casa.

La detención de Mera por el caso de los ERE avivó esas diferencias nunca resueltas. El sindicato volvía a saltar por los aires. La dirección regional imponía una nueva gestora. Al igual que en ocasiones anteriores, no actuó ni atendió los requerimientos de la ejecutiva provincial para resolver los conflictos antes de que estallaran. El camino de UGT en Cádiz sigue sin enderezarse.