Ourense aprueba su nuevo urbanismo tras cinco años en un limbo legal
El PP municipal critica el recorte de cirujanos pediátricos impuesto por Gobierno de Feijóo
![Protestas durante el pleno](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/UNMTMBKQDCCSCUZZ4OU6QCVD64.jpg?auth=186bd87c27015d2850b85fabc7c81cf314bf1e5c04c622a5dcd5f730145dd39f&width=414)
El pleno del Ayuntamiento de Ourense aprobó ayer inicialmente, con los votos de PSdeG y BNG, el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) tras cinco años con su urbanismo prácticamente paralizado. La tercera ciudad de Galicia vivía en un limbo legal urbanístico al ser tumbado judicialmente en 2008 el plan anterior, que databa de 2003, por, entre otras ilegalidades, cambiazos entre los planos expuestos al público y los definitivos. Ese documento fue aprobado por el PP siendo alcalde Manuel Cabezas y conselleiro de Política Territorial Alberto Núñez Feijóo. Tras el varapalo judicial, el municipio pasó a regularse con un plan de hace 27 años y una ordenación provisional también recurrida ante la justicia.
El plan que ayer recibió el visto bueno inicial cuenta con informes negativos del interventor municipal, del Ministerio de Fomento y de la Diputación. En concreto, el interventor alerta de “carencias” en el estudio económico y la memoria de sostenibilidad.
El gobierno local defendió la aprobación del plan casi sin detallar su contenido. La edil de Urbanismo, la socialista Áurea Soto, atacó al PP, responsable directo del plan ilegalizado. Le acusó de “mentir descaradamente” y emplazó a los populares a “pedir perdón, porque a ustedes se les ilegalizó un plan que ha traído reclamaciones millonarias”. El Ayuntamiento valora esas reclamaciones en 86 millones de euros. El BNG, cuyos votos serán necesarios para aprobar definitivamente el PXOM, avisa de que si el planeamiento se mantiene “tal y como está” no será refrendado por su grupo en la aprobación definitiva. Los socialistas gobiernan en minoría desde la crisis ocasionada por la Operación Pokémon, que obligó a dimitir al anterior alcalde, el socialista Francisco Rodríguez. “El PXOM debe escuchar la geografía del sitio y este no lo hace”, matizó el portavoz nacionalista, Xosé Somoza. El líder local del PP, Rosendo Fernández, recordó que la edil de Urbanismo está “biimputada” en dos procesos judiciales y denunció que se trata de un documento “cutre, antisocial y hecho de espaldas a los ciudadanos”. “Ustedes mantiene los pelotazos del exalcalde Cabezas”, denunció la portavoz de Democracia Ourensana (DO), Susana Gómez.
El alcalde, Agustín Fernández, defendió que ha cumplido con los vecinos, pidió responsabilidad a PP y DO y felicitó al BNG por su colaboración. También recordó que el PP aprobó “un plan ilegal” que ha parado proyectos estratégicos. “El PP de Ourense pone su obsesión enfermiza por recuperar la alcaldía por encima de los intereses colectivos, porque incluso la Xunta apoya este plan”, explicó el regidor. El documento reduce la edificabilidad hasta 20.000 nuevas viviendas frente a las 55.000 del anulado, y orienta el crecimiento urbano hacia el municipio de Barbadás.
El PP local contra los recortes de la Xunta
El grupo municipal del PP de Ourense se ha sumado al PP de la Diputación en su lucha contra el recorte de cirujanos pediátricos en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), que está provocando decenas de desplazamientos a Vigo para atender urgencias infantiles fuera de horario de mañana de lunes a viernes.
Los conservadores apoyaron una moción del BNG porque "se debe provocar el menor perjuicio a los niños y sus familias". Los traslados ordenados por la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, afectan a 32.000 niños de la provincia de Ourense y la comarca luguesa de Monforte, cuyo hospital de referencia es el CHUO.
Democracia Ourensana (DO) no votó a favor "porque es una cuestión que afecta al Parlamento autonómico y no a competencias municipales", aunque matizó que están "completamente de acuerdo con el fondo de la moción". A pesar de su abstención, su portavoz Gónzalo Jácome criticó la "marginación" a la que la Xunta somete a Ourense. La edil socialista Marga Martín denunció el "descaro" del PP en el desmantelamiento de los servicios públicos. "Los niños ourensanos no pueden ser tratados como mercancía" afirmó.
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