Los protagonistas del fiasco en RTVV

 La Ràdio Televisió Valenciana (RTVV)  está quebrada desde hace una década. Inaugurada por el gobierno socialista en octubre de 1989, cuatro años después de que las Cortes Valencianas aprobaran la ley de creación, han sido los 18 años de gobiernos del PP los que la han llevado a una situación límite. Los populares han más que duplicado la plantilla y multiplicado por 35 la deuda que dejaron los socialistas. 

El gobierno del socialista Joan Lerma pilotó los primeros seis años de vida de RTVV y cuando Eduardo Zaplana ganó las elecciones de 1995 le traspasó una televisión y una radio autonómicas con 32 millones de euros de deuda y una plantilla de 653 trabajadores. Después de cerca de dos décadas de gobierno popular, Canal 9 y Ràdio 9, el pasivo financiero asciende a 1.200 millones de euros y 1.660 trabajadores. Tras el Expediente de Regulación de Empleo que los tribunales han declarado nulo, el personal se redujo a  676 empleados. Con el cierre anunciado, la totalidad de la plantilla se irá a la calle y la deuda la asumirá íntegramente la Generalitat.

Estos son los responsables políticos que han dirigido el destino de RTVV en los últimos 18 años:

Eduardo Zaplana. Desde su llegada a la presidencia de la Generalitat en 1995, Eduardo Zaplana, del PP, se marcó como objetivo la privatización de la televisión y la radio y como no pudo porque la ley del tercer canal se lo impedía, optó duplicar la plantilla con la creación del nuevo canal Punt 2. Su deseo de controlar políticamente el ente, que consumó en sus años de gobierno, le llevó a nombrar como jefe de informativos a José Vicente Villaescusa, trabajador del ente y uno de sus hombres de confianza durante la campaña electoral de Zaplana. Villaescusa duró una semana en el cargo después de que la Unió de Periodistes exigiese su dimisión por su papel de comisario político. Durante su presidencia, el político que llegó de Benidorm multiplicó la plantilla y los gastos del canal.

Juan José Bayona. Fue el primer director general nombrado por Zaplana, pero su papel fue  meramente accesorio. Bayona, catedrático de Derecho Financiero de la Universidad de Alicante, accedió al cargo en septiembre de 1995 y se marchó antes del año. Le imputan una fuerte caída de la audiencia, aunque el suyo fue un interregno de tolerancia comparado con lo que vendría después.

José Vicente Villaescusa. Zaplana lo colocó en junio de 1996 en la dirección general del ente. Su gestión fue meramente formal. Los verdaderos comisarios políticos en la televisión en esa etapa fueron otros, como directores de Canal 9, la suculenta tarta televisiva del conglomerado audiovisual. En primer lugar, su jefe de campaña y de gabinete en Presidencia, Jesús Sánchez Carrascosa, nombrado tras las generales del 96 que llevaron al PP al Gobierno de España. Carrascosa catapultó las audiencias con programas como Tómbola, al mismo tiempo que crecía la deuda por encima de los 100 millones. Le sucedió Genoveva (Vea) Reig, la que fuera jefa de prensa con Zaplana como  alcalde de Benidorm. Con ellos se instala la política de propaganda del PP y la de marginación de la oposición en los informativos de la cadena.

Con Zaplana en el Palau de la Generalitat se creó el comité de redacción de RTVV, autor de duros informes sobre la manipulación informativa que se efectuaba en los informativos. En sus estudios denunciaron, por ejemplo, que solo el 0,9% de las noticias de los informativos eran críticas con el Consell del PP o que las apariciones de Zaplana quintuplicaban las del resto de políticos. Fue la tónica general en esa etapa.

El comité de redacción, contra el que arremetió el consejo de administración, desapareció por inanición: se necesitaba el voto de la mitad más uno de los votos de la redacción para nombrarlo. Después de unos años en funcionamiento, el comité no salió adelante por falta de apoyos suficientes en la redacción.

José Luis Olivas. Presidente de la Generalitat desde que Zaplana deja la presidencia de la Generalitat para ocuparse del Ministerio de Trabajo hasta que tras las elecciones de 2003 Francisco Camps se convierte en el nuevo jefe del Consell.

Francisco Camps. Sigue bajo su mandato la política de autobombo del gobierno del PP y la imagen triunfalista de la actualidad valenciana en los informativos. Las ansias privatizadoras se frenan, en parte por el desinterés inicial de Camps, en parte por el pronunciamiento en contra de los tribunales. Es la etapa de los grandes eventos, de las retransmisiones de la Copa del América, de la Fórmula Uno o de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia. Ahora se ha conocido que fue también el momento en que el caso Gürtel entró en Canal 9.

Pedro García. Llegó en septiembre de 2004 después de ser el jefe de prensa del presidente Camps. La feroz guerra protagonizada por Zaplana y Camps por el control del partido convenció al segundo de que tenía que sepultar el aparato político creado dentro del ente por el primero. García reorganizó el canal con nuevas incorporaciones a la plantilla para equilibrar la presencia de zaplanistas y campistas.

Cohecho, malversación, blanqueo de capitales, prevaricación y fraude fiscal. Esos son los cinco delitos que Pablo Ruz, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, imputa al ex director general de la televisión pública valenciana, Canal 9, Pedro García, cargo de confianza del Gobierno de Francisco Camps (PP) y amigo íntimo de la red corrupta. Pedro García fue responsable de que la cadena pública firmara con Teconsa el contrato por el que esta cobró 7,4 millones de euros por montar pantallas de televisión y altavoces en el recorrido del Papa por las calles de Valencia, en su visita en 2006.

Alberto Fabra.  De hacerse efectiva, la clausura de la Ràdio Televisió Valenciana será la medida más transcendente del corto mandato de Alberto Fabra, elegido el julio de 2011 presidente de la Generalitat Valenciana sin pasar por las urnas, al dimitir Francisco Camps. Si finalmente no se cierra el ente, también lo será, porque el presidente habrá dado un paso en falso de gigante, del que difícilmente nadie puede salir indemne.

El breve mandato de Fabra se ha caracterizado por la liquidación de empresas públicas dependientes de la Generalitat y también por algún fracaso estrepitoso en esta tarea, como es el caso de los despidos de 278 en la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA (Vaersa), que también fueron anulados por los tribunales. Nada comparable, sin embargo, a los 1.700 despidos de la radio y televisión pública con los encara la última parte de su mandato si se consuma el cierre.

Y nada comparable con la “la rentabilidad social del servicio público” por la que “se pretende que la actividad de Radiotelevisión Valenciana, SA sea un elemento de vertebración de la realidad social, económica y cultural de la Comunitat Valenciana y de su diversidad territorial”. Estas solemnes frases llevan la firma de Fabra y encabezan la Ley de 20 de julio de 2102, de la Generalitat, del Estatuto de Radio Televisión Valenciana. También lleva la rúbrica del presidente esta aseveración de la ley: “El servicio público de radio y televisión es un servicio esencial de interés económico general”, en clara contradicción con la su más reciente distinción entre “servicios básicos” y “extras”, incluyendo en estos una radio y televisión que la ley por él rubricada califica de esencial.

Cuando Alberto Fabra presentó públicamente los recortes en la reestructuración del sector público de la Generalitat, al poco de tomar posesión, ya advirtió que la televisión pública tendría una reestructuración específica y que había que “revisar el modelo”. Nadie hubiera imaginado que revisión sería igual a supresión, y menos en una autonomía con lengua propia. Su última entrevista en Canal 9, el mes pasado, fue vista por 9.000 espectadores.

José López Jaraba. Es el último periodista profesional que ha dirigido la Ràdio Televisió Valenciana. Fue nombrado en 2009, tras dirigir brevemente el Canal 24/9 Notícies, procedente del diario ABC, cuya edición valenciana pilotó entre 2003 y 2006. Con una deuda de 1.200 euros que gestionar y una audiencia del 4%, Jaraba encargó, primero, un informe de viabilidad de la empresa, y después un estudio sobre un eventual expediente de regulación de empleo. Fue el director general al que Fabra encomendó preparar el cambio, acompañado de una ley de creación de RTVV SAU que, entre otras novedades respecto a la anterior, suponía que el director general, elegido hasta entonces por el consejo de administración, fuera designado en las Cortes y que la gestión de este medio de comunicación se ajustara a un contrato programa acordado con la Generalitat.

Fue también el encargado de informar a través de la cadena autonómica de la dimisión de Camps, una noticia que relegó al minuto 20 del informativo. Era el responsable de agilizar el procedimiento de fusión y absorción de las empresas del ente, así como las operaciones necesarias para su “reequilibrio patrimonial”, un tecnicismo mercantil que englobaba medidas tales como el despido de un millar de trabajadores. Bajo su mandato, estalló en 2010 el caso Sanz, tras la denuncia de tres periodistas por abusos sexuales contra el que fuera secretario general director de Recursos Humanos de la empresa autonómica, Vicente Sanz. Por este caso, López Jaraba ha tenido que acudir a declarar al Juzgado de Paterna.

A mediados de noviembre de 2012 el Consejo de Administración le otorgó poderes nada menos que para liquidar la empresa, pero el director general renunció al papel que tenía asignado al dimitir 20 días después de recibir la bendición del consejo. Habían pasado dos meses desde la designación por las Cortes de la que debía ser su sucesora, Rosa Vidal, a la que debía “entregar” la sociedad liquidada y renovada. Eso sí, dejó listo el ERE que había comenzado a prepararse en agosto de 2012, por el que casi 1.200 trabajadores perderían su empleo. Pocos días después de la dimisión de Jaraba comenzaban a notificarse los despidos a los primeros trabajadores afectados.

Alejandro Reig. El director general más breve de RTVV. Fue nombrado por el Consell el 14 de diciembre de 2012 en sustitución de José López Jaraba, como suplente, ya que no fue ratificado formalmente como titular por el Consejo de Administración del ente hasta el 18 de enero, y en segunda votación. Su misión fue acabar de ejecutar el ERE en marcha y proceder a la liquidación y reequilibrio patrimonial de las tres sociedades que conforman el grupo RTVV y concluir el proceso del Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Hasta su nombramiento, Reig dirigía la Fundación de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, dependiente también de la Generalitat y en trámite de liquidación.

Rosa Vidal. Aunque resulte paradójico, Rosa Vidal fue elegida por el pleno de las Cortes Valencianas antes que su predecesor, en octubre de 2012, como directora general del ente futuro que resultaría del proceso de reestructuración de la televisión y su constitución como Radio Televisión Valenciana S.A. Hasta el 28 de marzo de 2013, esta abogada que ejercía como responsable de Derecho Público en Broseta Abogados no fue nombrada por el Consell, que enfatizó su perfil técnico, como directora general de RTVV SA, la nueva entidad resultante de la fusión por absorción de la radio y televisión autonómicas. Asumió también la presidencia del consejo de administración de la nueva entidad, que se rige por la ley del Estatuto de RTVV que entró en vigor en julio de 2012.

Vidal aterrizó una vez comunicados los despidos del ERE si bien no se habían hecho efectivos todos. Cambió y adelgazó el equipo de dirección y no tardó en mostrar diferencias con el vicepresidente del Consell, Jose Ciscar. Este había afirmado reiteradamente que el ERE de RTVV debía aplicarse tal y como fue aprobado. Sin embargo, bajo la dirección de Vidal 186 técnicos fueron excluidos del proceso hasta diciembre de 2013, como mínimo. Finalmente, Ciscar reconoció la decisión del nuevo consejo de administración, aunque este martes el Consell insinuó que esta medida era una de las causas de la sentencia que declaró nulo el ERE.

Bajo el mandato de Vidal, la nueva sociedad audiovisual pública general convocó y resolvió el concurso por el que se privatizaron casi 1.400 horas de contenidos antes de conocer la sentencia del ERE. Dimitió dos días después de la sentencia con todo su equipo, pero antes de eso aseguró que la sociedad iba a generar por primera vez beneficios en diciembre.