Prostitutas invisibles

Algunos políticos creen que la mejor manera de acabar con un problema es no viéndolo. Cuando Barcelona era un “ascua de luz”, entre los apagones de la posguerra autárquica, los vehículos del Ejército español transportaron fuera de la ciudad a todas las prostitutas que poblaban el Barrio Chino. Era 1952, año del Congreso Eucarístico, y Barcelona se abría al mundo. Girona fue destinataria de esta deportación, cuenta Juan Goytisolo en uno de sus frescos sociales. El objetivo era que el mal no empequeñeciera la grandeza de la olimpiada de la fe, aunque fuera por deportación.

Esa prostitución proscrita de la ciudad era paradójicamente hija de la simbiosis entre deportadores y deportadas, más allá del mero valor de uso sexual. Cuando la fe no obligaba a este tipo de razzias, las prostitutas empleaban pensiones del Raval barcelonés como centro de trabajo. Algunos de esos hostales eran propiedad de viudas de militares, una historia que fue narrada en 1975 por el desparecido Josep Maria Huertas Clavería. El artículo Vida erótica subterránea, publicado en el diario Tele/eXpress, le costó un consejo de guerra en la España que caminaba hacia la transición.

La democracia nos ha brindado luego ejemplos de simbiosis entre represión y explotación de seres humanos. Ahí tenemos a comisarios e inspectores de la policía imputados en los casos de los macroprostíbulos Saratoga y Riviera de Castelldefels. Los mandos de la Policía Nacional decidieron supuestamente compatibilizar el papel de comisionistas y guardianes de la ley.

La política contra la prostitución en Cataluña retoma la herencia esteticista adoptada durante el Congreso Eucarístico de 1952

Y es que en nuestra sociedad, los vicios privados deben actuar sin desdoro de las públicas virtudes. Por eso abundan los políticos que bien podrían enrolarse en la Liga por las Buenas Costumbres y la Decencia, esa que en el filme La Diligencia expulsa rumbo a Lordsburg a la prostituta Dallas y al alcohólico doctor Boone.

El alcalde Trias es un convencido de la lucha contra “la esclavitud del siglo XXI”. Se trata de una cruzada que “no acabas en cuatro días” y en la que no caben distinciones entre “prostitución libre y obligada”, aunque “haya gente muy progresista que diga que esto es un trabajo”, subrayó el primer edil entre los aplausos de 300 asistentes a una conferencia en julio de 2011. Trias, siempre consecuente con sus principios, llegó a pedir cambios legislativos que acaben con la prostitución. Barcelona, con los votos de CiU y PP, trata de momento de poner coto a las manifestaciones externas del comercio sexual, para mantener la estética callejera heredada del Congreso Eucarístico.

Esta semana EL PAÍS ha desvelado la triste historia de Adriana, una joven que fue obligada a prostituirse por su marido y que acabó suicidándose. Había sido multada al menos en cinco ocasiones por vender sus servicios sexuales en la carretera. Incluso pudo haber denunciado a su maltratador marido, con el que estaba casada desde los 16 años. Pero quizás el temor a las represalias hacia su hijo de cuatro años en Rumanía empujó a esa joven de 24 años a arrojarse al vacío desde un viaducto. Los 30 metros de desnivel que separan el kilómetro 26 de la C-52 y la carretera B-1121, en Castellbell i El Vilar, acabaron con su pesadilla un lunes de septiembre. Dejó el bolso en la silla de plástico en la que se sentaba a diario. Cruzó las protecciones del viaducto se quitó los zapatos y junto a ellos posó su teléfono móvil. Luego se quitó la vida.

La misma Administración que extiende su brazo punitivo para multar hasta con 30.000 euros a una prostituta fue incapaz de averiguar el infierno que vivía la joven

La red mafiosa que tenía atrapada a Adriana explotó a 200 mujeres, una de ellas discapacitada y cuatro menores. La autoridad se ocupó de acercarse a la joven para aplicarle hasta cinco sanciones. Sin embargo, la misma Administración que extiende su brazo punitivo para multar hasta con 30.000 euros a una prostituta, fue incapaz de averiguar el infierno que vivía la joven. Y es que los cruzados de la antiprostitución toman medidas para los efectos pero no las causas.

El impulsor de esa normativa sancionadora fue Felip Puig en su anterior cargo de consejero de Interior. Llegaba para restablecer el imperio de la ley tras la anarquía del tripartito. Fue el promotor del uso presidencial del helicóptero en sustitución del coche oficial durante el cerco de los indignados al Parlament, a los que previamente había desalojado de forma violenta de la plaza de Catalunya. Pero en el fondo, a Puig como a muchos otros políticos los pierde la estética. En términos reales, una sociedad como la catalana incapaz de ofrecer trabajo a sus 840.000 parados, por mucha voluntad que le ponga, difícilmente puede reinsertar laboralmente a las prostitutas. Por eso a lo máximo que puede aspirar es a exhibir como un trofeo que les impone sanciones. Cobrarlas es otra cosa. Hay chicas que acumulan más de 60 multas. Los clientes, en cambio, son cumplidores. No vaya a ser que reciban el apercibimiento de sanción en casa. Ellas, incluso para el afán recaudatorio de la Administración, son invisibles.