Alaya vuelve a citar como imputada a Magdalena Álvarez el próximo jueves

La juez Mercedes Alaya mantiene el caso de los ERE fraudulentos bajo su lupa pese a que afecta, al menos, a siete políticos aforados. La Audiencia de Sevilla alertó a la magistrada la semana pasada de que su investigación había alcanzado “el límite máximo” y que por tanto debía elevarla al Tribunal Supremo, al estar examinando la actuación de aforados, entre ellos los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Este jueves la juez Alaya replicó a los jueces de la Audiencia que, de momento, sus planes no contemplan ese escenario. Lo dejó claro en el auto por el que volvía a imputar a la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y exministra socialista, Magdalena Álvarez, después de que la Audiencia anulara su imputación inicial por falta de motivación.

“La mayor parte de la causa es inescindible”, arguye la instructora para aclarar que no puede desgajar la parte de la investigación que afecta a los expresidentes y exconsejeros andaluces, ya que sus acusaciones y la de los 20 altos cargos de la Junta imputados el pasado junio, pertenecen a un todo. A continuación, la juez aclara que antes de remitir la causa al alto tribunal debe recibir dos atestados y varios informes de empresas de la Guardia Civil, el informe pericial de la Intervención General del Estado y el de la Dirección General de Seguros sobre las sobrecomisiones pagadas en los ERE. Y finalmente, sobre sus tiempos, la juez avisa de que el final de la instrucción “no está lejos”, aunque sin aclarar si se refiere a la parte de la financiación de los ERE que afecta a los aforados o toda la causa, que acumula ya 136 imputados.

El auto tiene el sello inconfundible de la prosa de Alaya. Defiende con tesón su propia investigación y elogia a sus colaboradores: “Este equipo, ellos [los agentes] y yo, necesitamos calma para afrontar esta última etapa de trabajo y estudio, para encajar los cambios (...) y poder en suma culminar con dignidad el trabajo que iniciamos hace menos de tres años unos pocos incansables”. Y avisa de que los próximos meses serán clave a través de nuevas declaraciones de imputados y el análisis de diversos informes.

Entre líneas, la juez Alaya desliza respuestas a las frecuentes críticas que su instrucción recibe desde diversos flancos, tanto de la Junta andaluza como del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que le han pedido celeridad en las numerosas causas que instruye en paralelo. En la defensa de sus prioridades investigadoras y tiempos de trabajo, interrumpidos durante seis meses por una baja por enfermedad, Alaya subraya: “Esta instrucción siempre ha respondido a un diseño bien definido (...) Nada tiene que ver con una instrucción espasmódica”.

La magistrada pide “calma” porque le quedan varios informes por recibir

Tras el auto de ayer, la segunda imputación de la exministra y exconsejera de Hacienda andaluza Magdalena Álvarez por malversación y prevaricación provocará su vuelta al juzgado el próximo jueves “por si quisiera ampliar algún extremo de su declaración”. Dado que la Audiencia había tumbado su primera acusación por falta de motivación, Alaya remite a los jueces los argumentos acusatorios que leyó a la exministra el día que acudió a declarar. La juez la define como “una de las promotoras, en connivencia con otros, del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales” que devino en la entrega de ayudas sin control a empresarios desde el fondo que la Junta dotó con 721 millones de euros.

La magistrada considera que la Consejería de Hacienda instauró el “ilegítimo” sistema de transferencias de financiación, una herramienta presupuestaria utilizada por todas las Administraciones. Para la juez, la Junta buscaba “burlar” el procedimiento establecido para las subvenciones y responsabiliza a Álvarez de la inclusión del fondo de los ERE en la Ley de Presupuestos del Parlamento andaluz. Y la partida se incluyó en dicha ley gracias a “la complejidad del lenguaje presupuestario” utilizado, lo que provocaría un uso arbitrario de los fondos públicos con un “oscurantismo total para la ciudadanía pues no existía publicidad de tales subvenciones”, según la juez.

Alaya: “Necesitamos culminar el trabajo que iniciamos unos pocos incansables”

Contra esta tesis la Junta ha esgrimido siempre que al ser incluida en una ley que aprobaba el Parlamento, la partida no podía ser ilegal ya que una ley no puede ser ilegal. Ante la hipótesis de que todos los parlamentarios que aprobaron los Presupuestos resultaran imputados, tal y como expresó la Audiencia, Alaya matiza y achaca el diseño del fondo para empresas en crisis a las consejerías de Empleo y Hacienda, por lo que exime de responsabilidad a los diputados. Según su tesis, los parlamentarios ignoraban los programas que Hacienda incluía al elaborar el anteproyecto de ley y las advertencias de la Intervención General sobre el uso inadecuado de las transferencias de financiación por parte de la Junta.

En su análisis, Alaya pretende huir de “generalizaciones” y puntualiza que su acusación de la financiación de los ERE no va dirigida contra toda la cúpula del Ejecutivo autónomo, sino que atañe a ciertos altos cargos responsables del diseño del sistema de pago empleado. Todo apunta a que la causa que afecta a los políticos aforados parece acercarse a su cierre, pero de momento no hay fecha en el calendario de Alaya.