Cinco muertes pendientes de culpables

La instrucción del caso Madrid Arena mide ya más de un metro de altura. Son 28 tomos y casi 9.500 folios los que acumula esta causa iniciada hace un año por la muerte de cinco jóvenes en una avalancha en el pabellón municipal de la Casa de Campo. Esas trágicas pérdidas han marcado en parte la actividad municipal, con una comisión de investigación incluida, y se han convertido en una de las instrucciones penales más complicadas del último año. Los principales imputados en el caso, con el promotor de la fiesta de Halloween Miguel Ángel Flores a la cabeza, continúan en la calle y todavía no hay una fecha para concluir el procedimiento. El titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López-Palop, tiene la intención de cerrarlo antes del inicio de 2014. Las partes personadas en la causa creen que es difícil, dado que son muy numerosas.

La tragedia del Madrid Arena se produjo la madrugada del pasado 1 de noviembre, cuando se celebraba la Thriller Music Park, una fiesta organizada por la empresa Diviertt, a cuyo frente está Flores y como administrador su hermano José María. El aforo para esta fiesta se había fijado en un principio en 9.600 personas distribuidas en las tres plantas con que cuenta el pabellón. Pero la realidad arrojó un resultado muy diferente. Se cerraron algunos vomitorios de entrada a la pista principal por la colocación del escenario y se redujo el espacio real con la instalación de barras de venta de bebidas. Otra irregularidad es que se vendieron muchas más entradas de las que realmente dijo el promotor. Entre Internet y los relaciones públicas, se distribuyeron 17.000 tiques, lo que supone casi el doble del aforo inicial. “El promotor de la fiesta se embolsó, solo con las entradas, unos 458.000 euros. Aparte, hay que sumarle lo que ingresara con los asistentes VIP, cuyo número todavía no sabemos, y con las barras de bebidas”, calcula la abogada José María Siñeriz, que representa a la familia de la joven Cristina Arce. Ni tan siquiera comprobaron las edades de los asistentes porque se colaron menores de edad.

A partir de ahí, se siguieron sumando una irresponsabilidad tras otra. Se permitió un macrobotellón con miles de personas (algunas fuentes hablan de unos 4.500 jóvenes) en el aparcamiento exterior del Madrid Arena. Tampoco se compartimentaron las plantas del recinto para evitar que todo el público se centrara en la planta baja, la llamada cota cero. “Lo que todavía no queda claro es cuál era el cometido de los contratados del chaleco amarillo [suministrados por la empresa Kontrol 34] y por donde se distribuían. Unos dicen que estaban para recoger las entradas, en los controles de acceso, pero no cuadra con un número tan elevado y su supuesta obligación de la seguridad interior”, señalan fuentes policiales.

Antes de que se produjera la mortal avalancha, hubo al menos otras cinco anteriores, en especial a partir de las 2.30, en las que ya hubo serios problemas para los asistentes. “¿Qué pasa? ¿Significa que el que estaba controlando las cámaras de seguridad no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo? ¿Ninguno de los que estaba a pie de obra se percató? ¿O es que estaban todos mirando para otro lado?”, se pregunta uno de los responsables municipales que está imputado en el caso.

La mortal avalancha, en la que murieron Rocío Oña, Katia Esteban y Cristina Arce, Belén Langdon y María Teresa Alonso, se registró a las 3.33. A esa hora estaba sobre el escenario la principal estrella de la fiesta de Halloween, el dj Steve Aoki. El boca a boca y las redes sociales funcionaron y los miles de jóvenes que estaban en el exterior entraron. Alguien dio orden para que se abriera el portón de carga del Madrid Arena. Supuestamente fue Francisco del Amo, el coordinador de operaciones y proyectos de Madrid Espacios y Congresos (Madridec), la empresa municipal que gestionaba el pabellón municipal. Esto permitió la entrada de unas 2.500 personas. Justo cuando Aoki estaba en plena actuación, centenares de jóvenes intentaban entrar a la pista mientras otra gran cantidad de público quería salir. La mortal consecuencia fue una avalancha en la que hubo hasta cinco filas de personas unas encima de otras.

La situación fue tan grave que muchos asistentes tardaron bastantes minutos en ser rescatados. Las cinco jóvenes murieron por aplastamiento, según confirmaron las autopsias. “La menor envergadura de la mujer, en general, y el tener una caja torácica más pequeña propician que queden atrapadas o por debajo en estas avalanchas, con las trágicas consecuencias que esto supone”, explica un forense, que prefiere no dar su nombre.

Para agravar aun más las trágicas consecuencias, el servicio médico era mínimo. A su frente estaba el antiguo concejal del Ayuntamiento y fundador del SAMUR, Simón Viñals, un facultativo de 72 años que no estaba capacitado para ejercer, según el Colegio de Médicos. Como ayudantes tenía a su hijo, el funcionario municipal Carlos Viñals, y Cecilio Page, un auxiliar de 81 años. Sus palabras, cuando llegaron las primeras víctimas, fueron más que esclarecedoras: “Toda la noche atendiendo borrachos y ahora me traen”. “Como mínimo se aprecia un delito de omisión del deber de socorro. Luego veremos si también se le puede imputar por homicidio, como a otros imputados en el caso”, afirma Siñeriz.

El juez que estaba de guardia aquella era Eduardo López-Palop, que asistió al levantamiento de los cuerpos de Katia Esteban Casielles, de 18 años y residente en Daganzo, y Cristina Arce de la Fuente. Rocío Oña Pineda, también de 18 años y vecina de Madrid, perdía la vida a las 5.45 en el hospital Clínico. Las otras dos víctimas, que fallecieron días después, María Teresa Alonso Vinateo, de 20 años, y Belén Langdon Real, de tan solo 17, fueron trasladadas a la Fundación Jiménez Díaz y al hospital Doce de Octubre.

A partir de ahí, se abrió un proceso judicial, lleno de recovecos y de largas declaraciones, que cuenta en la actualidad con 24 imputados. El principal responsable de la fiesta, Miguel Ángel Flores, nunca ha ingresado en prisión pese a las numerosas peticiones de los abogados de las familias de las víctimas. Y ello a pesar de que las acusaciones apreciaron que había riesgo de fuga ya que tiene negocios en el extranjero, en especial en Ecuador y Panamá.

El 27 de diciembre fue detenido, pero quedó en libertad al día siguiente tras depositar en cuestión de horas una fianza de 200.000 euros. Fuentes próximas a este empresario han comentado a EL PAÍS que Flores ha intentado “pasar inadvertido” todo este tiempo hasta que concluya el proceso judicial. “Está intentando articular su defensa contra el Ayuntamiento, por cederle un local que no estaba habilitado ni reunía las condiciones mínimas para celebrar un evento de esas características. Eso sí, siempre desde un respecto máximo a las víctimas”, añaden esas fuentes.

Esto, sin embargo, no cuadra con la cantidad de fiestas que había celebrado en el Madrid Arena, según recuerdan fuentes municipales.

La instrucción también ha puesto al descubierto el trato de favor que tenía Flores en Madrid Espacios y Congresos. De hecho, la cúpula de esta empresa fue destituida con carácter fulminante por parte de la alcaldesa Ana Botella. En el camino también se quedaron concejales como Pedro Calvo, de quien dependía Madridec, y Miguel Ángel Villanueva.

Otra consecuencia inmediata de la tragedia es que se cerraron los pabellones municipales hasta comprobar su seguridad, lo que motivó la suspensión de algunos actos ya programados. El Madrid Arena no se reabrió hasta el 24 de abril con motivo de una feria de materiales de construcción. A los asistentes les daban una cuartilla impresa por las dos caras con consejos en caso de que se produjera algún incendio o fuera necesaria la evacuación.

Los grupos políticos pidieron de inmediato una comisión de investigación en el Ayuntamiento para intentar depurar responsabilidades en el equipo de gobierno municipal. Se aprobaron 14 conclusiones, entre las que destacan las inspecciones previas en los edificios municipales por parte de la Policía Municipal, controlar digitalmente el aforo en grandes actos y crear una Oficina de Actos en la Vía Pública y el mando único de Seguridad y Emergencias, además de instar el cambio legislativo para garantizar la presencia policial en conciertos multitudinarios. Según fuentes municipales, en este año se ha cumplido la práctica totalidad de las medidas adoptadas. La alcaldesa tendrá que responder en el pleno del próximo jueves en este sentido a una pregunta del grupo de UPyD.

A lo largo de estos casi 12 meses, han pasado por el juzgado 42 testigos y 43 lesionados. Las acusaciones de las familias de las cinco fallecidas han ido de momento de la mano a la hora de plantear la instrucción. En el cierre del proceso quizá se empiecen a ver las diferencias. Al menos tres de ellos ya ha planteado que pedirán acusar a la práctica totalidad de los imputados (24 en la actualidad), mientras que otros prefieren reducir sensiblemente el número a menos de una decena. Es el caso del letrado Gerardo Viada, que representa a la familia de Katia Esteban. En su opinión bastaría con ocho acusados: Miguel Ángel Flores, tres responsables de Madridec, algún directivo de la empresa de seguridad Seguriber, Simón y Carlos Viñals y el apoderado de Kontrol 34, Carlos Manzanares. Con esta fórmula quedarían fuera del proceso el exdelegado de Seguridad Antonio de Guindos; tres mandos de primer nivel de la Policía Municipal —entre ellos el inspector jefe Emilio Monteagudo— y el responsable del SAMUR, Alfonso del Álamo, entre otros.

Las diferencias a la hora de calificar los hechos también pueden dar lugar a discrepancias. Para algunas acusaciones particulares, las muertes suponen cinco homicidios dolosos (penado con entre 10 y 15 años de cárcel), mientras que para otros son homicidios imprudentes (de uno a cuatro años de prisión). Entre estos últimos está Viada. El elegir entre un delito u otro supone que el caso termine en la Audiencia Provincial (tres magistrados) o que concluya en un Juzgado de lo Penal (un único juez). “La instrucción ha sido lenta porque han participado muchas partes y el juez no ha puesto ninguna pega a nuestras solicitudes. Aun queda bastante para llegar a las conclusiones finales”, resume el letrado.

La intención del juez es acabar con el procedimiento antes de que concluya el año, pero aun quedan cinco testigos, careos entre imputados y algún estudio pericial. Algunos letrados vaticinan que hasta dentro de unos tres años no habrá sentencia firme, tras los previsibles recursos. A ello se une que la fiscal que inició el caso hace un año ha dado a luz en verano, por lo que se ha nombrado una sustituta que tendrá que hacerse con este farragoso caso.

Este cambio ya ha tenido sus primeras consecuencias y es que la representante del ministerio público no ha acudido a las últimas declaraciones de testigos. Esto ha generado el malestar de algunas partes que no ven lógica la ausencia de una parte tan importante del proceso y que debe actuar como garante del mismo. Y máxime cuando fue el propio fiscal jefe, Manuel Moix, el que estuvo al frente desde el primer momento.

Mientras, para el próximo jueves está prevista una vigilia organizada por la madre de Cristina Arce, Isabel de la Fuente. Comenzará a las once de la noche del jueves 31 de octubre frente al pabellón, bajo el lema de “12 meses, cinco muertes, cero responsables. Justicia Madrid Arena ya”. La progenitora ha pedido que la gente acuda con una vela y una flor.

Desde el Ayuntamiento se ha anunciado que habrá algún acto de homenaje por las cinco fallecidas. Las primeras informaciones apuntan a que se trata de una declaración institucional conjunta de los cuatro grupos políticos y el posible cambio de nombre del pabellón, que pasaría a llamarse Madrid Cinco Estrellas.