RTVV aprueba su privatización sin esperar a la sentencia del ERE

Si el futuro de RTVV está condicionado a la sentencia sobre su expediente de regulación de empleo (ERE), cuya vista empezará el 21 de octubre en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ¿por qué no esperar al fallo para adjudicar la privatización del grueso de programación de Nou y Nou 24? Y más cuando la previsión apunta a que la resolución tardará como máximo un mes después del juicio y los pliegos del concurso contemplan una indemnización de dos meses para las empresas adjudicatarias, si finalmente no continúa el proceso por la incertidumbre financiera. Este era el planteamiento de los miembros de la oposición del Consejo de Administración de RTVV SAU que sustanciaron en un punto del orden del día de ayer.

La mayoría del PP se impuso y rechazó la posibilidad de retrasar la externalización con el argumento, esgrimido por la dirección, de que dicte lo que dicte la sentencia, si el ERE es procedente, improcedente o nulo, habrá un recurso que eternizaría el proceso impidiendo la puesta en marcha de la nueva programación. Tal recurso se debe dirimir en el Tribunal Supremo y se calcula que tardará en pronunciarse entre un año y un año y medio. Demasiado tiempo para la directora general de RTVV, Rosa Vidal, que parece pretender sacar a la televisión, antes llamada Canal 9, del descrédito de años de manipulación y de la semiclandestinidad de su escasa audiencia. Ya ha cambiado su imagen y su nombre; ahora va a por los contenidos.

Por tanto, los cinco consejeros designados por el PP votaron en contra de la propuesta de los cuatro vocales por el PSPV, Compromís y EU. Y dieron su visto bueno a la adjudicación de dos de los tres lotes de la tarta de la programación privatizada a la “UTE de empresas valencianas Endora Producciones SL, Producciones Televisivas Mecomlys SL y Videac SA”, señaló el comunicado de la RTVV SAU (su nuevo nombre oficial), que incide en que son empresas valencianas. Videac, líder del grupo y radicada en Alicante, es una filial de la madrileña Tres60, antigua Vértice. La oposición votó en contra porque censura la privatización.

No se paga a Triskel

El Consejo fue informado por la Mesa de Contratación ha requerido a esa UTE justificar la oferta para el lote 2, dado que ha incurrido en una baja temeraria (por debajo del 10%) respecto a la media de todas las ofertas presentadas. Se prevé que en el próximo pleno del 24 de octubre se vote, por tanto, ese lote 2, con el propósito de que a finales de noviembre o principios de diciembre se puedan ofrecer “un total de 13 nuevos programas, entre ellos un magacín de tarde, cuatro programas de prime-time, varios formatos de divulgación y programación infantil”, añade la anota. La dirección insiste en que la programación se llevará a cabo “desde las instalaciones del Centro de Producción de Programas de Burjassot y con un 95% del equipo humano valenciano”, procedente del ERE y del sector, y presumiblemente con unos sueldos muy bajos dado lo ajustado de las ofertas económicas.

Sí hubo unanimidad en el consejo a la hora de rechazar las peticiones de la productora Triskel de cobrar más de 200.000 euros por la compra de tres documentales ultras de los que Canal 9 sólo emitió el dedicado al juez Garzón. La propia televisión y la Sindicatura de Comptes valoraron muy por debajo del precio convenido por la anterior dirección. RTVV ya sacó de los pagos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a la productora, que amenaza con ir a los tribunales.