Tauroni rechaza las acusaciones por el desvío de ayudas a la coopeación

El empresario Augusto César Tauroni, imputado en el caso Cooperación, por el que está en prisión  desde febrero del pasado año, ha alegado en su escrito de defensa ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que su relación con la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) era "estrictamente" mercantil, y que no era amigo del exdiputado del PP en las Cortes y exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco.

Estos son dos de los principales alegatos del escrito de defensa de Tauroni ante el primer juicio sobre el caso, que está centrado en las ayudas a Nicaragua desviadas supuestamente a través de la Fundación Cyes para comprar inmuebles. En la causa hay nueve acusados, entre ellos Blasco, Tauroni y excargos de la Consejería de Solidaridad, para los que las acusaciones piden altas penas de prisión.

El plazo para presentar los escritos de defensa -después de que en junio lo hicieran las acusaciones particulares y populares- concluía este lunes, tal y como dictó el TSJCV el pasado 9 de septiembre, aunque el plazo real se extiende hasta el mediodía de este martes.

En su escrito, Tauroni se defiende de los delitos de falsedad, malversación y fraude de subvenciones de los que está acusado, según ha podido saber Europa Press. Al respecto, según argumentaban las acusaciones, el empresario utilizó la relación de amistad que mantenía con Blasco y habría propuesto a Marcial López, de Fundación Cyes, presentarse a las convocatorias de Solidaridad a cambio de obtener un 25% de cada una de las subvenciones que obtuviera. Para ello, las acusaciones mantienen que el empresario habría utilizado la mercantil Gestiones e Iniciativas Arcmed, SL, sociedad adquirida en octubre de 2007.

Sobre estos extremos, Augusto César Tauroni alega que la relación mantenida entre Arcmed -entidad de la que poseía todas las participaciones- con Fundación Cyes fue "estrictamente" mercantil, ya que se encargaba de realizarle informes "reales y ejecutados", por los que luego cobraba lo convenido.

En cuanto al delito de malversación, el empresario alega que el Tribunal de Cuentas le exoneró de responsabilidad contable, según un informe del pasado 25 de julio, en el que se determinaba que él era un extraño en el manejo de los fondos públicos. Por ello concluye que él no pudo cometer el delito de malversación de caudales públicos.

Otro apartado de su escrito se dirige a la "estrecha" relación de amistad con Rafael Blasco, según incidió la magistrada del TSJ Pía Calderón al cerrar la instrucción y procesarle. Tauroni expone que toda relación -niega que sea de amistad- entre él y el exconsejero y actual diputado no adscrito surge a partir de las noticias que saltaron en los medios de comunicación sobre este procedimiento. Anteriormente no existía ningún tipo de relación, sostiene. Con las noticias publicadas comenzaron algunas comunicaciones o conversaciones "justificadas" por interés de ambas partes en aclarar la situación, según mantiene.

La fundación Cyes recibió 1,6 millones de euros para desarrollar varios proyectos en Nicaragua, pero solo llegaron a ese país 43.000 euros. El resto se gastó en la compra de unos pisos y plazas de garaje en Valencia. Aún así, Tauroni defiende que los proyectos en sí eran susceptibles de ser subvencionados al ser la adquisición de los inmuebles una posibilidad prevista en la ley para poder ser objeto de ayudas.

Para Tauroni las acusaciones solicitan diferentes penas. La más alta es la reclamada por el PSPV, que asciende a 15 años de prisión y una multa de cinco millones de euros; seguida por la de Fiscalía, quien le pide 11 años de cárcel, 21 de inhabilitación y 21.600 euros de multa; y, por último, la Abogacía de la Generalitat, que le reclama ocho años de prisión y 18 de inhabilitación.