Castellano niega a EU expedientes del empresario con el que va de cacería

“La información relativa a los expedientes solicitados ha sido publicada en los diarios oficiales correspondientes y, en su caso, en la Plataforma de Contratación de la Generalitat de acuerdo con la normativa vigente”. El consejero de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, ha contestado así a cuatro solicitudes de documentación del diputado Lluís Torró, de Esquerra Unida del País Valencià en las que pedía “copia íntegra y literal” de los expedientes de contratación de su departamento con la empresa Avialsa T-35, cuyo presidente, Vicente Huerta, ha coincidido con Castellano en varias cacerías.

El servicio de aviones de extinción de incendios forestales, el de carga en tierra para la extinción durante el bienio 2008-2009, el servicio de dos aviones semipesados de carga para ese fin y el servicio de aviones de vigilancia y extinción durante el bienio 2004-2005 son los expedientes que reclamaba Torró. El diputado acusó ayer a Castellano de “secuestrar” la información de expedientes por valor de 40,5 millones de euros con el objetivo de que Esquerra Unida “no pueda acceder a ellos para realizar su tarea de control y fiscalización”.

“No son propiedad del consejero, son información pública”, señaló el parlamentario, que añadió que “tarde o temprano” accederá a la información. “Lo que intenta Castellano es retrasar lo inevitable. Por si la imagen del consejero de caza con el empresario que recibe adjudicaciones no fuera suficiente, ahora nos secuestran la documentación pública que, según la ley, nos tendrían que proporcionar sin dilaciones”.

A principios de agosto, cuando se publicaron fotografías suyas con Huerta en una cacería, Castellano lo atribuyó a “una coincidencia”. A finales de septiembre, tras la publicación de nuevas informaciones sobre la presencia de ambos en varias cacerías, algunas de las cuales habría pagado el propio Huerta, el consejero de Gobernación se limitó a decir que en su vida privada hace lo que cree conveniente. El PP levantó entonces una comisión de las Cortes Valencianas justo en el momento en que debía dar explicaciones a los socialistas sobre el asunto.