Reixa se desvincula del contrato y del despido de Fasero en la SGAE

La financiación de la gira madrileña del montaje Galicia Caníbal. O musical, un espectáculo sobre la movida gallega de los ochenta, movilizó ayer al expresidente de la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE), Antón Reixa, a Ourense para declarar, reclamado por la titular del Juzgado de lo Social número 2, en el proceso iniciado por Juan Carlos Fernández Fasero contra la SGAE por su despido en mayo de este año. Fasero fue cesado fulminantemente de la sociedad de autores tras publicar este diario que la Axencia Galega de Industrias Culturais de la Xunta (Agadic) que él presidía aprobó una ayuda de 142.665 euros, con el visto bueno del Consello de la Xunta , a la productora de Reixa, Filmanova Invest, 23 días antes de que el cargo político se incorporara a la SGAE que presidía Reixa como delegado de la zona noroeste de la península.

Tras su despido disciplinario, sin indemnización, por la “consciente ocultación” de la relevante subvención, Faseo recurrió a la vía judicial para reclamar la nulidad del cese y cargó sobre Reixa la responsabilidad de la ocultación de la ayuda concedida por la Xunta. La juez insistió en conocer el testimonio del expresidente de la SGAE pero este dio tres plantones a la Justicia. Hasta ayer, que compareció ante la juez ante la que aseguró que no fue él quien decidió personalmente ni la contratación ni el despido de Fasero, actos que atribuyó al departamento de Recurso Humanos. “Yo no tenía la última palabra, no era sino uno más de los 14 miembros de la directiva", se exoneró, tras explicar que él era contrario a la destitución del representante de zona en el noroeste.

Reixa aseguró que no comunicó a la directiva de la SGAE que entonces presidía que había recibido una subvención del cargo de la Xunta contratado por la sociedad de autores porque no se enteró hasta enero de que le habían concedido la ayuda y en ese momento no consideró relevante comunicarlo a la sociedad. Una afirmación que echó por tierra el representante legal de Fasero, Miguel Diéguez, al mostrar las actas del consejo de dirección de la SAGE correspondientes a la destitución del delegado de zona en las que consta que “Reixa afirmó que no había recibido ninguna subvención”.

Diéguez basa la defensa de Juan Carlos Fernández Fasero en que debía haber sido Antón Reixa y no su cliente quien comunicara a la SGAE la ayuda de la agencia cultural de la Xunta. Fasero siempre ha defendido que la persona que debía haber comunicado esta circunstancia a la SGAE era Antón Reixa por lo que ya en el juicio lo acusó de "convencer a base de mentiras" al consejo de dirección para que lo destituyesen a él, en lo que considera un ataque a su honor, y poder así "mantenerse en el poder" de la SGAE que finalmente perdió por otras razones