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Magdalena Álvarez defiende la legalidad del sistema de concesión de ayudas

La magistrada imputa a la exconsejera de Hacienda por prevaricación y malversación

Magdalena Álvarez, a la salida de los juzgados.

El duelo entre la juez Mercedes Alaya y la exministra de Fomento y exconsejera de Hacienda de la Junta andaluza entre 1994 y 2004, Magdalena Álvarez, se convirtió ayer en una clase magistral de Derecho Administrativo. La juez imputó a Álvarez por malversación y prevaricación, y la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) se defendió de las acusaciones con argumentos técnico-financieros sobre la legalidad del mecanismo para financiar los ERE. La exconsejera negó que conociera los “reparos” de la Intervención General de la Junta andaluza sobre el procedimiento usado para conceder ayudas, que permitió que estas se otorgaran sin control.

Álvarez desplegó su argumentario durante tres horas y ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Junta de Andalucía pidieron medidas reales contra ella. Enfrente, la acusación ejercida por el PP dejó que la juez determine la fianza real y la organización Manos Limpias pidió 125 millones más el tercio legal por responsabilidad civil.

Alaya situó a Álvarez como “una de las promotoras, en connivencia con otros” del procedimiento instaurado por la Junta para pagar los ERE y que la juez cree ilegal. Durante el interrogatorio, la exconsejera rebatió “la presupuestación inadecuada” por parte de su departamento, y matizó que “pudo haber un uso inadecuado” del fondo para empresas en crisis, dotado por el Ejecutivo con 721 millones. La consejería responsable del uso del fondo era Empleo, cuyo consejero Antonio Fernández está imputado y su antecesor es el diputado a Cortes José Antonio Viera, señalado varias veces en la investigación.

La juez achacó a Álvarez haber vulnerado el procedimiento establecido a través de las transferencias de financiación para eludir “los férreos requisitos legales de tramitación y fiscalización” establecidos para las subvenciones. La juez estima que Álvarez participó, “puesta de acuerdo con otros (...) y a sabiendas de su absoluta discrecionalidad y de forma totalmente opaca”, en la adopción del sistema de pago de los ERE. Le acusó de “burlar” el procedimiento legal y de autorizar siete modificaciones presupuestarias por importe de 93 millones y otras cinco por 32 millones.

La exministra hizo una defensa cerrada del procedimiento y al mismo tiempo aseguró que ignoraba entonces que la Junta financiaba los ERE de empresas privadas. Eso sí, Álvarez admitió que el sistema “más idóneo” para pagar los ERE habría sido la encomienda de gestión en vez del utilizado, las polémicas transferencias de financiación.

“Desconocía que por parte de la Junta se financiaran pagos de pólizas”, declaró en un momento del interrogatorio. “En ningún momento tuve información de los hechos que se están investigando porque no tuve acceso desde el punto de vista temporal. Es evidente porque me marché en 2004 [de la Consejería de Hacienda]”.

Álvarez matizó que no elaboraba el estado de gastos sino el estado de ingresos de la Junta de Andalucía, ya que el primero era responsabilidad de cada consejería. “Yo no aprobaba los presupuestos sino que los aprobaba el Parlamento”, añadió.

La exconsejera imputada también discrepó sobre las declaraciones previas del ex director general de Presupuestos y exviceconsejero de Presidencia Antonio Vicente Lozano y del ex interventor general Manuel Gómez al afirmar que las transferencias “pueden destinarse a financiar operaciones con un fin concreto y específico como son las subvenciones”.

Admitió el hecho de que la Consejería de Empleo “no tramitó bien los expedientes de subvenciones”, lo que tuvo como consecuencia la ausencia de fiscalización.

Alaya cuestionó incluso el lenguaje de los procedimientos para respaldar que el sistema perseguía escapar al control parlamentario. Alvarez replicó que “todos los parlamentarios están absolutamente especializados en materia presupuestaria”.

Alaya le atribuye a la consejera haber “dado instrucciones” o “conocer, al menos” que se alteraba el presupuesto del Instituto de Fomento de Andalucía, una de las entidades que tramitó las ayudas. La exconsejera insistió de manera tajante en que “nunca” conoció directamente los reparos que la Intervención General, porque “no tenía que conocerlo por razón de su competencia”, ni indirectamente. “Nunca se llegó a plantear en la Consejería de Hacienda ni en el Consejo de Gobierno”, alegó.

Del mismo modo, negó que su consejería o el Consejo de Gobierno plantearan “dotar de mayor agilidad” a los procedimientos de concesión de subvenciones sociolaborales.

Tras su declaración ante la magistrada, que había suscitado una enorme expectación, la exconsejera de Hacienda declaró a los medios que su gestión en la Administración andaluza fue “absolutamente transparente y clara”. Añadió que se había sentido “muy cómoda” durante el interrogatorio.