Álvarez se examina de los ERE
La exministra declara como imputada ante la juez Alaya por el procedimiento de concesión de ayudas que se aprobó en su etapa como consejera
Hoy es un día decisivo para el caso ERE. Magdalena Álvarez, el más alto cargo de la Junta imputado hasta ahora, responsable de sus finanzas durante una década (1994-2004) como consejera de Hacienda, declara ante la juez Mercedes Alaya. La vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) expondrá sus argumentos para defenderse de las acusaciones de la magistrada. Y la expectación es máxima: en primer lugar para ver cómo concreta Alaya su imputación contra la exministra de Fomento, y a continuación por conocer el tono del diálogo, dados los fuertes caracteres de ambas protagonistas (instructora y acusada), y del que pueden saltar chispas. A pesar de que la cúpula de la Junta, con los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves, ha sido señalada por Alaya, Álvarez es el más alto representante del Ejecutivo autónomo, junto al exconsejero Antonio Fernández, en comparecer ante la juez.
» Imputación de Alaya. La juez acusa a la exconsejera de Hacienda de haber diseñado el sistema de pago de los ERE a través de las transferencias de financiación, cuyo empleo considera intencionadamente inadecuado y que responde a un plan trazado para evitar los controles de la Intervención General. “Fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de 4 de junio de 2003”, establece el auto en el que se imputó a Álvarez el pasado junio junto a otros 19 altos cargos y funcionarios de la Junta. Alaya argumentó contra el número dos de Álvarez, José Salgueiro, que promovió el uso de las transferencias de financiación para realizar pagos a terceros ordenados por la Consejería de Empleo a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), cuando estaban diseñadas “para financiar operaciones genéricas de las empresas públicas”. Además, imputó a Salgueiro y previsiblemente lo hará con Álvarez, haber “actuado de espaldas a la Ley de Presupuesto a través de las modificaciones presupuestarias”.
Fechas del último retraso
La juez Alaya ha dado la razón a las voces que critican sus retrasos para entregar información sensible del caso. El último ejemplo ha sido la declaración del exinterventor Juan Luque prestada como testigo ante la Guardia Civil el pasado julio de 2012. Los agentes tardaron un año en trasladarla al juzgado en un oficio separado del resto de altos cargos de la Junta. Fecha de remisión a la magistrada: 27 de junio de 2013.
Sin embargo, tres meses más tarde Alaya informa a las partes personadas de que recibió el oficio “el pasado día 30 de septiembre”. En una providencia, la juez especificaba que ese día el servidor informático se sometió a un procedimiento de control que desconfiguró los equipos informáticos del juzgado, por lo que no pudo escanearse el oficio hasta el 2 de octubre.
Pero la juez demostró haber recibido la declaración mucho antes del 30 de septiembre, ya que el 25 de julio formuló una pregunta al ex interventor general Manuel Gómez sobre la declaración de Luque. Esta comparecencia incluía un documento clave firmado por cuatro interventores sobre el mecanismo de pago de los ERE. Ante la evidencia del retraso, varios letrados han preguntado la razón de la dilación. De momento no hay respuesta.
» La fiscalía apoya a la juez. La Fiscalía Anticorrupción avaló la imputación de la exministra socialista porque consideraba que existen indicios de que pudo haber conocido el “uso perverso” del fondo de los ERE y por tanto “lo hizo posible o sencillamente no lo evitó”. Anticorrupción se refirió a ese “uso perverso” para referirse a la utilización inadecuada de las transferencias de financiación, que eludían el anterior control que la Intervención ejercía sobre las subvenciones excepcionales.
La fiscalía censura la supuesta inacción de la exconsejera por no haber evitado el diseño del fondo. “La fórmula montada tiene una apariencia formal de legalidad pero una última finalidad fraudulenta, indiciariamente delictiva, que supera la categoría de infracción o irregularidad administrativa”, argumenta el fiscal anticorrupción.
» Álvarez responde. La exministra ya ha avanzado que responderá a la juez, a la fiscalía y a su abogado con sus argumentos sobre el sistema de las transferencias de financiación. De este modo, la exconsejera rompe la estrategia del silencio puesta en marcha por Salgueiro y los dos ex directores generales de Presupuestos Lozano y Aguilera.
Álvarez intentó frenar su imputación ante la Audiencia de Sevilla y alegó sufrir “indefensión” dado que la juez no le había concretado qué delitos le atribuía y ni le relataba los hechos de los que pudiera deducirse indicios de delito, por lo que se vulneraba el derecho de la exministra a la tutela judicial efectiva.
La juez estima que Álvarez pudo cometer malversación y prevaricación, delitos que el abogado Horacio Oliva considera que habrían prescrito ya que su defendida abandonó la Junta en 2004. El letrado considera que la “indefensión” que sufrió Álvarez merece la nulidad del auto de su imputación. La exconsejera defiende que las transferencias de financiación son una “herramienta habitual y esencial” en la financiación de las empresas de Andalucía y de “otras muchas comunidades autónomas”.
Álvarez alega que el mecanismo de pago ya fue utilizado con anterioridad por la Junta y que figuraba en la Ley de Presupuestos: “Es la ley que determina la legalidad del uso dado a las transferencias de financiación, por lo que resultaría lógicamente incongruente calificar como ilegal lo que la ley avala”.
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