PSdeG y BNG denuncian a Baltar por la gestión de los fondos de la UE

En la antesala de su juicio, acusado por la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense de un delito de prevaricación (el enchufismo), el expresidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, lleva desde ayer sobre sus espaldas el peso de nuevas demandas penales. Los grupos de oposición en la Diputación, PSdeG y BNG, registraron en distintas instancias judiciales el informe elaborado por los técnicos de la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la Unión Europea (UE) que acusa a Baltar de otros delitos, relacionados esta vez con la adjudicación a dedo a la empresa SMA de la instalación, con fondos estructurales, de más de un centenar de depuradoras en la provincia. Bruselas cree que Baltar pudo haber incurrido en prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias. Técnicos anticorrupción de la UE encontraron de “tal gravedad” la gestión de Baltar que consideraron “necesario denunciarlo ante la justicia española”. PSOE y BNG dieron ayer el primer paso prácticamente al mismo tiempo que los dos hombres fuertes del baltarismo en la Diputación (el vicepresidente de la institución y secretario del PP ourensano, Rosendo Fernández, y el portavoz del grupo popular en la corporación provincial, Plácido Álvarez) comparecían ante los fotógrafos —sin dar opción a preguntas— para inmortalizar la creación de una comisión de investigación política.

Comisión del PP

Con las sillas vacías de la oposición, Fernández y Álvarez integrarán la comisión, después de que José Manuel Baltar Blanco, hijo-sucesor del exbarón del PP al frente de la Diputación, renunciara a presidirla dado su “alto grado de parentesco” con el investigado. A los dos diputados del PP los asistirá como secretario el exalcalde, también del PP, de Nogueira de Ramuín y uno de los máximos responsables de las oposiciones de la Diputación, José Eugenio Galindo.

Socialistas y nacionalistas acudieron por separado a reclamar la nueva imputación de Baltar. El PSOE presentó el informe de la OLAF ante la Fiscalía ourensana (que ya había abierto y archivado esta misma investigación en 2008), la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado de guardia. El BNG lo registró solo en el juzgado de guardia. Los socialistas advirtieron de que habían dado, sin éxito, un margen a la Diputación para que se personara con la oposición en esta causa.