La magistrada rectifica y permite a seis abogados defender a varios imputados
Alaya se adelanta a la Audiencia y deja a los letrados que representen a diversos acusados
![Javier Martín-Arroyo](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fbe822ad5-55c4-471f-a6de-f8ffe65744e8.png?auth=11b4c18a3c700fde6547c09f2549e6d80e1874bb354890d63a358496e8f9c883&width=100&height=100&smart=true)
![La juez Mercedes Alaya, en los juzgados sevillanos.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/V7GASZOKRLSU5FXEVD7RMPH2JA.jpg?auth=eb9b123ca54595e21c7769a45f05fb8b4386e71833c209d4d3c0bc8f3fa19d35&width=414)
Marcha atrás. La juez Mercedes Alaya ha rectificado su prohibición inicial de que seis abogados representen a la vez a varios imputados por “contraposición de intereses” y para “evitar desequilibrios”. Antes de que la Audiencia de Sevilla respaldara o rechazara la tesis de Alaya y pese al apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, la instructora ha permitido “por motivos de eficacia y agilidad” a los letrados compatibilizar varias defensas. Entre los abogados afectados se encuentra José María Mohedano, defensor de Lozano y Aguilera, que tildó de “corruptela procesal” una decisión de Alaya sobre este último ex alto cargo.
La juez dictó un auto el pasado 30 de julio para argumentar por qué ciertos letrados no podían representar a imputados, para así evitarles una posible indefensión prohibida en la Constitución. Ahora, tras los recursos de varios abogados que se opusieron con vehemencia a la decisión de Alaya, esta ha rectificado. Sin embargo, la juez alerta de que esta “contraposición de intereses” de varios imputados que compartan abogado puede perjudicarles, y por tanto advierte a los abogados del artículo 467 del Código Penal. Este artículo indica que el letrado que haya tomado la defensa de una persona y represente en el mismo asunto a otra con intereses contrarios, será castigado con la pena de multa de seis a 12 meses e inhabilitación especial para su profesión de dos a cuatro años.
Mientras, la juez ha decidido no imponer medidas cautelares contra el ex interventor general Manuel Gómez y los técnicos de la Dirección General de Trabajo Antonio Diz-Lois y María José Rofa. De esta última, la magistrada destaca su contribución “para el esclarecimiento de los hechos”. Rofa aportó documentación y detalló a la Guardia Civil las tripas de la Consejería de Empleo entre 2008 y 2010, lo que no impidió que Anticorrupción pidiera para ella una fianza por responsabilidad civil de 205 millones. Si la fiscalía no pidió medidas contra Lozano y Alaya le ha impuesto 46 millones, contra Rofa pidió una fianza millonaria que ha sido ignorada.
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