La Xunta empieza a desmantelar el dispositivo de lucha contraincendios

Galicia se quedará este otoño sin cerca de un millar de brigadistas para luchar contra los incendios forestales. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado su preocupación por la posibilidad de que las condiciones meteorológicas “compliquen” la campaña contra el fuego durante el otoño, que empieza el martes, tras un final de verano especialmente duro en el que apenas se realizaron tareas de prevención y en el que los incendios no han dado tregua. Pese a ello, y en contra del anuncio inicial de prolongar en octubre al menos una parte del dispositivo, la Consellería de Medio Rural ha anunciado a su personal laboral que sus contratos finalizarán en diez días. Cesarán entonces, el 30 de septiembre, los 435 empleados del Servicio Público de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales (SPDCIF). A lo largo de la primera semana de octubre, abandonarán también los 500 contratados por la empresa pública Seaga.

Los que sí se quedarán ese mes patrullando los montes serán los integrantes de las brigadas municipales de extinción, unos 1.800 contratados a dedo por los ayuntamientos, en muchos casos sin haber demostrado experiencia o formación en la lucha contra el fuego. Este personal —cuya contratación, retrasada hasta agosto, terminará en la mayoría de los casos a principios de noviembre— también tiene encomendada la tarea de desbrozar monte, unas cinco hectáreas por municipio, con el fin de cobrar las subvenciones europeas con las que la Xunta prevé suplir los recortes presupuestarios del operativo contra el fuego.

“Es mentira que se vaya a prorrogar el dispositivo”, sostiene María José Fuentes, de CC OO, responsable del personal laboral del servicio público de Medio Rural. La propia consellería confirmó al comité de empresa “la imposibilidad, por falta de tiempo”, explicó Fuentes, de prorrogar en sus puestos a los 435 fijos discontinuos encargados de apagar fuegos durante julio, agosto y septiembre. Sus contratos establecen “un máximo de tres meses por año”, que se cumplen el próximo día 30, y además, sostiene Fuentes, Medio Rural alega que carece de tiempo para tramitar una obligada modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), con presupuesto para mantener ese personal solo tres meses.

Con la demora en la prevención —la Xunta no envió la documentación para empezar a tramitar las solicitudes de ayudas hasta agosto, ya en plena ola incendiaria— el gasto en extinción disparó ese presupuesto. Ayer, en una visita a la base de Laza, en A Limia (Ourense), la conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana, reconoció la evidencia del elevado coste de la extinción, aunque insistió en la tesis oficial que solo contempla que hay incendios porque hay incendiarios y se resiste a analizar más causas probables. “No es justo que con los impuestos de todos tengamos que soportar los gastos que se originan”, señaló Quintana, quien precisó que sofocar el incendio de Oia del pasado 26 de agosto “rondó los 600.000 euros”.

La Xunta se encomienda ahora a la lluvia, mientras muchas motobombas quedarán a final de mes sin conductores y las torretas de vigilancia estarán vacías. En el distrito de O Barbanza, una de las zonas más castigadas, donde el pasado fin de semana ardieron más de 1.000 hectáreas, ya se han retirado 40 de las 200 personas que lo integran. En el turno de noche solo quedaron durante esta semana dos brigadas para vigilar y prevenir, en una zona que engloba 13 municipios. Mientras, un hombre de 22 años, detenido en Tomiño, ha ingresado en prisión provisional sin fianza acusado de provocar 16 incendios forestales.