El Tribunal Superior ratifica que el Talaso Atlántico de Oia debe derribarse

Edificado con una licencia ilegal, el centro de terapia con agua marina invade el dominio público

Instalaciones del hotel en Oia
Instalaciones del hotel en OiaLALO R. VILLAR

El alcalde de Oia, Alejandro Rodríguez, tiene pendiente desde 2009 el derribo del hotel Talaso Atlántico, situado en Mougás, sobre las rocas. Edificado con una licencia declarada ilegal, el centro de terapia con agua marina invade el dominio público y vierte sus residuos libre y alegremente, como se han empeñado en reiterar informes de Costas y sentencias judiciales. La penúltima, dictado por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo el pasado diciembre, amenazaba al regidor con multas periódicas de 1.500 o más si seguía haciéndose el sueco. El Ayuntamiento y la empresa propietaria recurrieron, pero el Tribunal Superior de Xustiza ha vuelto a dictaminar en su contra.

Más información
Un juzgado amenaza con multar al alcalde si no tira el hotel
Costas amenaza por segunda vez con quitar la concesión al Talaso

Tanto la Administración local como la empresa se agarraron en el recurso a una interpretación extensiva de la nueva ley de vivienda de Galicia, aprobada en 2012, que obliga a abrir un procedimiento de responsabilidad patrimonial para compensar a propietarios de viviendas con una licencia que se declarase ilegal posteriormente. El Superior no se para a analizar el pretexto porque entiende que como ni siquiera se respetó ese permiso ilegal no caben contemplaciones. “No se alegó ni resulta de lo actuado que se obro ajustándose a la licencia concedida y anulada”, razonan los magistrados, que recuerdan que según los técnicos autonómicos “el edifico no se adapta a las dos licencias”.

La sentencia tiene fecha del 25 de abril. Ya en junio, el propio regidor compareció con el ahora presidente de los empresarios gallegos, José Manuel Fernández Alvariño y el dueño del Talaso, Jesús Pérez Gil, para pedir clemencia en nombre de la seguridad jurídica y de la importancia económica del hotel, que emplea a unas 60 personas y paga más impuestos que ninguna otra sociedad del municipio. Las ayudas públicas a la construcción del complejo, que abrió sus puertas en 2003, rondaron los 4,5 millones de euros, incluidos 740.000 como indemnización por los daños causados por el ‘Prestige’.

Normas

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS